“En el mundo de los proyectos cívicos, el primer presupuesto es en realidad una especie de anticipo. Si la gente supiera el coste real desde el principio, nunca se aprobaría nada. La idea es empezar. Ponerse a hacer un agujero tan grande que ya no hay otro remedio más que traer el dinero necesario para taparlo”. Así recogía hoy el diario El País, en un magnífico artículo, las palabras del ex–alcalde de San Francisco, Willie Brown, justificando los habituales sobrecostes de la obra pública emblemática.
La laxitud con que los ciudadanos vienen aceptando estas desviaciones en la obra pública, hace que el 90% de los denominados megaproyectos terminen costando mucho más de lo licitado. Desde hace muchos años es conocida la técnica de las empresas licitadoras, cuya perfección encontramos en el reciente caso del Canal de Panamá. Proyectos modificados y complementarios por doquier que se vienen justificando desde siempre por causas técnicas imprevistas o nuevas necesidades y que dieron lugar a un rapapolvo desde las Instituciones Europeas que endurecieron nuestra normativa contractual. Así lo decíamos hace siete años intuyendo que esta práctica era la madre de todas las corruptelas.
Hoy, también hemos sabido que los españoles somos los europeos que más afectados se sienten por el problema de la corrupción. Según los datos del Eurobarómetro, el 63% de los españoles considera que la corrupción les afecta en su vida diaria, frente a un 25% de media en la UE. Por si no fuera suficiente, otra conclusión del estudio arroja que el 97% de las empresas españolas (segundo porcentaje más elevado de la UE) declaró que la corrupción está muy extendida en su país (media de la UE: 75%), mientras que el 88% (segundo porcentaje más elevado de la UE) consideró que la corrupción y el abuso de poder están extendidos entre los políticos, los representantes de los partidos o los altos cargos a nivel regional o local (media de la UE: 70%), asegura la Comisión Europea.
El informe sobre corrupción en la UE que ha elaborado la Comisión Europea y que pone de relieve los deficientes controles existentes en España para combatirla destaca las siguientes prácticas fraudulentas, denunciadas por las empresas:
- Pliegos de condiciones a la medida para determinadas empresas (80%);
- Abuso de los procedimientos negociados (72%);
- Conflictos de intereses en la evaluación de las ofertas (79%);
- Licitación colusoria (71%);
- Criterios de selección o evaluación poco claros (72%); y
- Modificaciones de las condiciones contractuales después de la celebración de contrato (69%).
El informe recomienda «Aumentar la capacidad del Tribunal de Cuentas central y de organismos similares a nivel regional para llevar a cabo controles sistemáticos y oportunos de los contratos públicos a nivel regional y local«. Más en concreto, pide llevar a cabo una “evaluación independiente de los grandes contratos de obra pública así como las decisiones de planificación urbana celebrados durante el reciente período de referencia a nivel regional y municipal” con el fin de identificar los factores de riesgo de corrupción. Por el contrario pide la “difusión de las mejores prácticas en materia de contratación pública a nivel regional y local”.
En definitiva, que el estudio permite al diario El Mundo titular que “Los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas” aunque no he encontrado esa referencia en el texto difundido, es un atractivo encabezamiento para ganar lectores y sensibilizar conciencias.
Por cierto, entre los fundamentos de su análisis (nota 70, pág 12), destaca el interesante trabajo de la revista Ería de la Universidad de Oviedo, titulado Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España que merece la pena ser reseñado.
Fiscalizacion.es 
TÓTUM REVOLÚTUM
Corrupción, partidos políticos, urbanismo, contratos, colusión,….
Resultado: tirón de orejas a España.
Culpables: los órganos de control que no actúan debidamente.
Por lo que respecta a contratación pública, creo que es importante no confundir al ciudadano más de lo que está. Los modificados son el resultado, casi siempre, de una mala proyección del contrato (por falta de presupuesto, de tiempo, de pericia o de buena voluntad). Los esfuerzos deberían ir en la línea de evitar esta mala proyección. Trasmitir el mensaje de que todo sobrecoste de las obras, servicios o suministros, va directamente al bolsillo del corrupto, resulta falso y destructivo para una sociedad democrática construida sobre unos fundamentos basados en la entrega temporal del ciudadano del poder político, del que es titular, a los gobernante elegidos a los que, sin duda, debe exigirse el compromiso permanente de rendición de cuentas del ejercicio de esta gestión encomendada.
Contaba José Manuel de la Peña Olivas, en un interesante congreso sobre las obras públicas durante el Imperio Romano, celebrado en Astorga hace ya varios años, que, como ocurre en la actualidad, debían ser corrientes los modificados de obra en este periodo de la Historia, de tal forma que el presupuesto inicial y el presupuesto final raramente coincidían. Si damos crédito a lo que nos cuenta Vitruvio (siglo I antes de Cristo, arquitecto de Julio Cesar, entre otras cosas), existía en Éfeso una ley que obligaba al arquitecto cuando se le encargaba dirigir una obra pública, a fijar el coste máximo, quedando hipotecados todos sus bienes ante el magistrado por dicha cantidad hasta que la obra estuviera totalmente terminada. Finalizada la obra, si el coste había respondido a lo estipulado, quedaba el arquitecto libre y era premiado con decretos honoríficos y devuelta la fianza; en caso contrario y si el exceso no sobrepasaba el 25% del coste máximo, la diferencia se pagaba con dinero público y el arquitecto no quedaba sometido a pena alguna, mientras que el exceso del 25% se abonaba con cargo a los bienes del arquitecto.
¿Una buena idea?
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