La semana pasada participé en el primer Congreso Internacional del Tribunal de Cuentas de Panamá. Los hermanos panameños organizaron un gran evento que presentaba a sus colegas las diversas vertientes y responsabilidades de un órgano constitucional que ejerce la tarea de juzgar los actos irregulares de los empleados y agentes que gestionan el patrimonio público.

Los países representados este año fueron Brasil (Fiscal General del TCU) Chile (Asesoría Jurídica de la Contraloría) y España (Fiscal-Jefe del TCu y yo mismo) junto a una representación de prestigiosos académicos y magistrados panameños.

Seis años de vida

 El Tribunal de Cuentas de Panamá es una joven Institución, creada en 2008, tras la escisión de la Contraloría General para el enjuiciamiento en exclusiva del perjuicio de fondos y bienes públicos. Su presidente fundador, Oscar Vargas Velarde, en la foto hablando a los asistentes, dirige un centenar de empleados públicos en una función jurisdiccional –distinta y compatible con la sanción penal, como en España- que sólo admite recurso contencioso-administrativo ante la Corte Suprema de Justicia, como en España.

Tomando como base los trabajos de fiscalización la Contraloría, ya sea a través de sus auditorías o como consecuencia del proceso de rendición de cuentas, el Tribunal de Cuentas juzga el menoscabo de los fondos públicos por acciones u omisiones de los servidores públicos en sentido amplio. Por lo demás, pueden encontrarse muchas similitudes con el modelo español.

La contratación en España

El Congreso fue un éxito de participación y organización. Me tocó exponer las principales patologías detectadas por los Tribunales de Cuentas en España. Se trataba de resumir aquellos aspectos de la contratación pública que son objeto de especial tratamiento en los informes. Un decálogo para pasar revista a las principales áreas de riesgo, que ya hemos tocado y criticado en esta bitácora.

 Claro está que la mayor preocupación de los panameños, en materia de contratación, son los sobrecostes tras la noticia con que se iniciaba este año relativa al presupuesto de ejecución de la ampliación del Canal y a la exigencia por la constructora adjudicataria de gastos adicionales, con la amenaza de la paralización de la obra que acabará en un arbitraje internacional.

Se trata del habitual problema de todos los sistemas de contratación pública: la alteración de las condiciones contractuales por hechos extraordinarios o imprevisibles en el momento de la contratación (por no hablar de la fuerza mayor) y la correlativa obligación de restablecer el equilibrio económico, mediante el reembolso de los costes añadidos, lo que actúa como un contrapeso del principio de riesgo y ventura.

Para los interesados en el caso panameño, podéis leer el magnífico artículo “La problemática del restablecimiento del equilibrio económico en la contratación pública internacional: la crisis de la ampliación del Canal de Panamá” del profesor de la Universidad de La Laguna, Francisco L. Hernández González que explica las circunstancias que rodean este conflicto, centrando el análisis en las causas y en las consecuencias de las modificaciones contractuales y en el mantenimiento de la equivalencia de las prestaciones.

En el mismo número viene, para los muy cafeteros, un interesante estudio sobre “El impacto de las colaboraciones público-privadas en los niveles de déficit y deuda públicos: análisis de los criterios de Eurostat”. Cada artículo cuesta tres euros, aunque puedes esperar un año para descargarlo gratuitamente.

Doña Ineficiencia y su hermana Doña Corrupción

 El procurador general del TCU brasileño, Paulo Soares Bugarin, desgranó las características del modelo de control externo brasileño en su ponencia, cuya foto tenéis adjunta. Podéis leer en esta interesante entrevista –en portugués- interesantes reflexiones sobre los principales desafíos de la gestión económica en Brasil:” las tres mayores quejas y reivindicaciones populares se relacionan con problemas graves y estructurales en la salud, la educación y la seguridad pública. Los Tribunales de Cuentas tienen, sin duda, un papel estratégico en la lucha contra estas deficiencias reconocidas públicamente”. De ahí que la labor de la fiscalía de cuentas no se reduzca a la persecución penal de la corrupción como control de legalidad y, por ejemplo, los cobros en vía ejecutiva de las deudas contraídas por responsabilidad contable, sino que también investigue a “las hermana siamesas de la corrupción: las bolsas de ineficiencia e ineficacia presentes en múltiples dimensiones en nuestro escenario político social”. Así, han promovido incluir en los programas de trabajo del TCU auditorías operativas como la relativa a la accesibilidad de los edificios públicos.