Asistí ayer a la brillante exposición de Jesús Bernal del Castillo, profesor de derecho penal de la Universidad de Oviedo que fue recibido como miembro en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. El nuevo académico correspondiente disertó sobre “los delitos de corrupción cometidos mediante soborno. consideraciones de política criminal” analizando ese fenómeno global que exige gran coordinación entre Estados y frente al cual es imprescindible “invertir en honradez” donde queda mucho por recorrer: “No se trata de nada nuevo, pero es evidente que hay una preocupación razonable y muy justificada por la expansión del fenómeno de la corrupción. Solo hay que abrir un periódico para comprobarlo”.

Advirtió que corremos el riesgo de padecer una cronificación de este fenómeno, no solo en el ámbito público sino también en el de los negocios privados. La cronificación de una serie de delitos que representan «una amenaza» para los derechos humanos, una forma injusta de falsear los principios de la competencia y en definitiva «una agresión» a los más elementales fundamentos sociales. 

Lo decía hoy mismo, en el Parlamento Vasco, Martínez Churiaque, presidente saliente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas,  lamentando que las administraciones no atiendan a las recomendaciones que habitualmente les plantea los órganos de control. De esa forma, ha afirmado que si los criterios de actuación sugeridos desde hace años por el Tribunal respecto a la concesión de ayudas públicas se hubiesen llevado a la práctica, se habrían logrado unos mecanismos «de mayor control», que «posiblemente habrían evitado» el perjuicio causado a los fondos públicos.

Pongamos un ejemplo reciente. La Encuesta sobre Fraude y Corrupción en Europa, Oriente Medio, India y África, titulada Fraud and Corruption – the easy option for growth? Elaborada por Ernst & Young recoge la opinión de 3.800 empleados y directivos de empresas procedentes de 38 Estados, incluido España. Sus resultados confirman que la presión por parte de las empresas para conseguir nuevas fuentes de ingresos, así como la expansión en nuevos mercados constituyen riesgos en materia de prevención del fraude y la corrupción. A estos factores se suman la creciente volatilidad en los mercados así como la inestabilidad política en muchos países.

Los mercados de rápido crecimiento continúan siendo el camino ideal de muchas empresas para sobrevivir, pero allí el soborno y la corrupción generalizada generan riesgos significativos (el 61% de los encuestados de estas zonas lo reconocen) y una significativa minoría justifica en el informe de E&Y ciertos comportamientos no éticos:

• El 56% de los encuestados españoles reconoce que sus compañías a menudo “maquillan” la información financiera.
• El 36% considera justificado los descuentos con carácter retroactivo sobre los servicios o productos suministrados por un proveedor
• El 11% también aprueba la contabilización temprana de descuentos incluso antes de formalizarlos con el proveedor
• El 14% afirma que el retraso en la facturación de proveedores también está justificado

Sin políticas antifraude

El 42% de los encuestados a nivel global afirma que sus compañías no cuentan con políticas anti-fraude o no están informados sobre ello (54% en el caso de España) y lo más preocupante: el 37% de los consultados no han recibido ninguna formación anti-fraude (40% tanto en el caso de España y de Europa Occidental) como método crítico cuyo objetivo es comunicar qué se espera de los empleados ante una situación así. Como concluía el profesor Bernal, se trata de una lucha permanente donde «el Código Penal está muy bien, pero debería ocupar el último lugar entre las medidas contra la corrupción que requiere medidas educativas y socio económicas. Contra la cultura de la corrupción se requiere inversión en la cultura de la honradez, y ahí tengo la impresión de que aún tenemos mucho que aprender».