Se celebraron en Oviedo los XI encuentros Técnicos de los órganos de control externo. Se trata de un encuentro bienal que reúne a los funcionarios y miembros de las Cámaras de Cuentas de las Comunidades Autónomas, en sus variadas denominaciones y estructuras.

El habitual programa distribuye a los doscientos funcionarios participantes en varias mesas sectoriales donde se debaten las comunicaciones presentadas y se elaboran media docena de conclusiones por grupo, que debidamente asociadas permiten su presentación final en el plenario. Podéis ver aquí las conclusiones de la edición 2013 en Sevilla y aquí algo de sus orígenes, así como este artículo que escribí hace 13 años con ocasión de los séptimos celebrados en Barcelona.

Como en las ediciones anteriores, se leyeron en la clausura las conclusiones de los grupos de trabajo del encuentro. En este caso, el Jefe del gabinete técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el Dr. Roberto Fernández Llera, presentó las recomendaciones de los cuatro grupos, cuyos componentes distaron mucho de ser complacientes. Un enfoque muy democrático e independiente pues los funcionarios que las suelen debatir y elaborar no tienen en corsé de lo políticamente correcto o institucional cuando entienden justificadas las afirmaciones. Como recuerda Tomás-Ramón Fernández en este extraordinario artículo “el técnico, sea cual sea su especialidad, es, en cuanto tal, esclavo de la técnica que maneja, que puede, ciertamente, no ser unívoca, pero que en absoluto le otorga la libertad de apartarse de ella porque, si llegara a hacerlo, dejaría de ser un técnico y se convertiría pura y simplemente en un político”.

Por eso. en Las Palmas’96 presencié como se remataba “Las cuentas de todas las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación” que produjo un intenso debate pero sobrevivió, entre otras cosas porque es un deseo lógico pero casi imposible de llevar a la práctica. En 2001 se concluyó lo siguiente: “Al igual que en otros sectores –vg: concursal- debería estudiarse la posibilidad de establecer un sistema de habilitación para poder ejercer la actividad profesional auditora –privada-en el ámbito de la Administración Pública, que considere criterios como la experiencia o la formación específica».

Pues bien, el viernes se enunciaron excelentes conclusiones, de las que destaco estas cogidas sobre la marcha en su lectura, pendientes de su difusión oficial: 

Grupo I. Retos institucionales de los OCEX en la era de la estabilidad presupuestaria:

… “3.- El legislador estatal ha sido desleal con los OCEx, tanto en la reforma constitucional de 2011 como en las leyes de estabilidad presupuestaria, transparencia, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal o Administración Local, entre otras” …

Grupo II. Fiscalización del sector público local tras el nuevo marco normativo:

“1.- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local no consigue los objetivos perseguidos: no clarifica las competencias locales ni racionaliza la Administración Local …”

Grupo III. Fiscalización del sector público autonómico y universidades públicas.

De este grupo destacamos lo que podría ser una queja pidiendo una mayor “coordinación ante el archivo de actuaciones por parte del Tribunal de Cuentas en los procesos de responsabilidad contable en fase de actuaciones previas” cuando han sido iniciadas como consecuencia de los informes de fiscalización de los OCEX. Esta redacción parece surgir porque las leyes reguladoras de los OCEX exigen que pongan de manifiesto los indicios encontrados de responsabilidad contable, produciéndose algunas desautorizaciones por parte del los delegados instructores Tribunal sobre los trabajos realizados por los auditores. Esperaremos a la redacción definitiva que sólo pude coger a vuelapluma.

Grupo IV. Normativa contable pública y normas técnicas de auditoría

Aquí entresaco la conclusión que pide a los OCEX estar en la vanguardia tecnológica para: “adaptarse al cambio constante de la Administración Pública e implementar las tecnologías de la información en todos los ámbitos de su trabajo de fiscalización, prestando especial atención al archivo de los papeles de trabajo, su custodia y conservación”.

Estás son las conclusiones.