Siempre que analizo un tema, institución o informe para mis queridos fiscalizadores blogueros, pido ayuda a San Google para ver su repercusión y actualidad. Al “cacharrear”, es habitual toparse de bruces con el dilema periodístico de la botella medio llena o medio vacía, según las diversas sensibilidades del medio. Eso es lo que detectamos hoy sobre la actividad de la Oficina Antifraude de Islas Baleares en algunos titulares aquella prensa regional, no exenta de mala leche, lo que exigiría una buena penitencia pascual. Vamos a ello.

El último de los trabajos publicados por los auditores públicos baleares tiene como destinataria la Institución encargada de combatir el fraude. Se trata del Informe 218/2023 sobre el cumplimiento de la legalidad de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB) correspondiente al ejercicio 2021, que giran sobre la contratación de obras, suministros y servicios formalizada y sobre la gestión de personal.

La oficina ha promovido algunas interesantes iniciativas, como estas destinadas a los estudiantes donde pueden contrastar sus dilemas éticos o hacer una autoevaluación de la integridad. Para las instituciones pueden descargarse estas Herramientas y guías de prevención e integridad, muy útiles en la gestión de los planes antifraude.

En fin, sobre esta materia, continúan llegando los informes relativos a los Planes Antifraude en las Instituciones, sobre todo en Entidades Locales. Entre las más recientes, la Sindicatura de Cuentas de Islas Baleares acaba de hacer público el Informe 216/2023, sobre los planes antifraude que han aprobado los ayuntamientos de las Islas Baleares que participan en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.

La muestra seleccionada sobre la que la SCIB ha aplicado procedimientos de revisión asciende a un total de 10 ayuntamientos que han recibido ayudas vinculadas al PRTR por un importe de 13,5 millones de euros, lo que representa el 70,4% del total de las ayudas que ha percibido el conjunto de ayuntamientos de las Islas Baleares.

A continuación, se muestran un cuadro de indicadores relativos al cumplimiento de las exigencias del contenido obligatorio de los planes de medidas antifraude que han elaborado las entidades beneficiarias seleccionadas por la Sindicatura.

Sorprende nuevamente la formación antifraude como la cenicienta del proceso de prevención y lucha contra la corrupción, como apartado obligatorio de la normativa reguladora de los planes. No consta que las entidades locales analizadas hayan realizado ningún tipo de formación sobre el fraude y los conflictos de interés en el marco del Plan de Medidas Antifraude. En menor medida, más de la mitad de ayuntamientos ha manifestado que no aplica procedimientos para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de la doble financiación en la ejecución del PRTR.

El problema llegará, algún día, cuando la UE traduzca los incumplimientos a porcentaje de reintegro ….

También la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha pasado también el examen, aunque muy sucinto en este caso. El informe de la Cámara de Cuentas dedica el epígrafe II.3.3.1. al Plan de medidas antifraude de la Comunidad, indicando:

“El Plan cumple con el contenido exigido en el artículo 6.5 de la Orden 1030/2021, tiene en cuenta los cuatro elementos fundamentales en el ciclo contra el fraude (prevención, detección, corrección y persecución) y recoge medidas a cuatro niveles: procesos antifraude y anticorrupción, conflicto de intereses, detección de documentos falsificados y doble financiación”.

En su opinión, los sistemas de gobernanza creados para la gestión en el marco del PRTR, «con un gran volumen de fondos asignados en un muy corto período de tiempo y con un novedoso sistema de gestión, se han considerado adecuados», destacando el papel fundamental que desempeña la Subdirección General del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, si bien algunas de las medidas se encuentran todavía en fase de desarrollo.

El informe destaca que el control en un primer nivel se lleva a cabo tanto por los órganos gestores y ejecutores, como por la citada Subdirección y la Comisión Antifraude, interviniendo también como mecanismo de control en este primer nivel la utilización de los sistemas informáticos propios de gestión. Existe un borrador de un Plan de Control, pendiente de aprobación a diciembre de 2022, que deberá desarrollarse en cada consejería.