La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana acaba de hacer público un útil informe de fiscalización sobre los planes antifraude en el ámbito local, de una muestra de 13 municipios receptores de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en adelante PRTR. Uno más de los documentos que se vienen aprobando en los últimos meses.

Se trata de un interesantísimo trabajo de carácter horizontal que realiza una auditoría tanto del del cumplimiento como operativa o de gestión de los planes antifraude. Es una fiscalización de cumplimiento en tanto fiscaliza las obligaciones impuestas por los fondos, con unos requerimientos mínimos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021. Es operativa pues valora los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para la aprobación, implantación y seguimiento de esos planes antifraude.

La noticia del trabajo nos llega cuando se anuncia la impugnación ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno Vasco del aplicativo MINERVA de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) recogido en la Disposición Adicional 112 de la Ley de Presupuestos de 2023 y que, según el Ejecutivo autonómico, vulnera sus competencias. Discrepa, según la nota de prensa, en la competencia autonómica de los «comités antifraudes» que con capacidad consultiva se han activado por los ministerios del Gobierno de España, así como de que sea la Intervención General de la Administración del Estado quien realice informes para solventar dudas sobre la concesión de estas ayudas.

Fiscalización antifraude

Los síndicos concluyen que, con carácter general, las entidades locales fiscalizadas disponen de un plan de medidas antifraude que les permita garantizar y declarar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión Europea en la ejecución de actuaciones a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Esta conclusión general está fundamentada en las siguientes conclusiones parciales, cuya lectura total (el informe es una joya de síntesis) recomiendo vivamente, pues supone un esquema que anticipa las futuras lineas de trabajo por las que pasaremos todas las Administraciones benefciarias, tarde o temprano:

1. Diez de las trece entidades fiscalizadas (77%) han cumplimentado el test de autoevaluación para concretar el estándar mínimo en relación con el cumplimiento de los principios específicos del PRTR establecidos en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021.
2. Las diez entidades que han realizado la autoevaluación sobre conflicto de intereses, prevención del fraude y la corrupción alcanzan una puntuación media de 30 (un 47% de los puntos máximos).
3. Únicamente dos entidades fiscalizadas no disponen de PMA. Estas entidades han recibido una subvención de 4.000 euros. Si bien es cierto que la Orden HFP/1030/2021 no contempla la excepcionalidad de su aplicación por importe, dada la escasa cuantía de la ayuda que han percibido estas dos entidades, no existe un riesgo significativo de menoscabo de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de estas actuaciones.
4. Dada la relevancia dentro del modelo de gobernanza establecido por el PRTR, así como su afección a políticas de integridad pública, ninguna de las once entidades que han aprobado el PMA ha externalizado mediante contrato público su elaboración. Además, todas ellas han aprobado su propio Plan.
5. En líneas generales, los planes de medidas antifraude cumplen con los requerimientos mínimos establecidos en el artículo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021, si bien consideramos que hay medidas de prevención y de detección parcialmente implementadas que deberían ser objeto de subsanación.
6. Tres Ayuntamientos no prevén explícitamente la revisión periódica del PMA. Por otra parte, tan solo cuatro entidades (Alicante, Novelda, Orihuela y València) indican expresamente en el PMA que se emitirá un informe de ejecución o de seguimiento.
7. Todas las entidades han redactado un modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses y prevén su cumplimentación obligatoria. Sin embargo, su implementación efectiva es desigual.
8. Ninguna entidad ha declarado haber identificado algún indicio de fraude, corrupción, conflictos de intereses o doble financiación.

La formación y sensibilización como pieza clave

Uno de los apartados imprescindibles de la fiscalización de los planes, es el relativo a la formación sobre fraude y conflictos de interés. En la página 29 leemos:

Los objetivos de las acciones formativas son que todos los integrantes de la entidad adquieran conciencia sobre la necesidad de luchar contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación, conozcan la política antifraude de la entidad, adquieran capacitaciones para identificar y responder a los presuntos casos en los que se materialicen los citados riesgos y que haya una transferencia de conocimientos a través de compartir experiencias.

La formación debería ser un proceso formal, documentado y recurrente que puede cubrir el detalle de cualquier política antifraude, funciones y responsabilidades específicas o mecanismos de información.

La formación se puede articular mediante cursos, charlas, seminarios, reuniones o grupos de trabajo, e incluso a través de vías menos formales como boletines, carteles, sitios de internet o su inclusión como un tema habitual en las reuniones grupales.

Entre las entidades fiscalizadas, solo el personal implicado de seis de ellas ha recibido algún tipo de formación sobre el fraude y/o los conflictos de interés en el marco del plan de medidas antifraude, y únicamente ha alcanzado a todos los niveles jerárquicos del personal en tres de las entidades.

Precisamente esta semana, la Universidad de Oviedo ha tenido su propia jornada interna de formación antifraude, que inauguraron el Síndico Mayor del Principado, Roberto Fernández Llera y el Gerente de la Universidad, José Antonio Díaz Lago, así como Jorge Castejón, Director de la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE) que ofreció una conferencia previa al taller con cuarenta funcionarios.