Ocurrió durante los últimos días del verano previo a la pandemia; con la plantilla de la empresa rebajada por vacaciones y el calor mediterráneo empapando de sudor a los empleados de la oficina. La jefa del negociado de administración en la Empresa Municipal de Transportes intentaba cuadrar la liquidación del IVA cuando sonó el teléfono. Era un simpático abogado de la consultora contratada para los asuntos mercantiles desde hace años.

Aunque el letrado parecía nuevo, ya conocía a todo el mundo y hasta sabía que la directora de finanzas estaba de baja maternal. Tras presentarse con un impecable manejo de las relaciones humanas y de los conceptos jurídicos indicó que llamaba muy reservadamente de parte del Presidente del Consejo de Administración, que también es el concejal de transportes. La hacía participe de un verdadero notición cuyo rumor recordó haber escuchado en los últimos meses: la Empresa Municipal iba a comprar dos sociedades en Hong Kong para ir configurando un verdadero holding internacional. La reserva debía ser absoluta para que la operación no se frustrase o encareciese.

El abogado puso en antecedentes a la empleada: debía firmar la cláusula de confidencialidad que le enviaría y no comentar con nadie las negociaciones que se llevaría a cabo y conocería punto por punto. Ni con el Gerente. Sólo despacharlo con el Presidente de la Compañía que, tan sólo unos minutos después, enviaba un correo electrónico ratificando lo hablado, tal y como se había convenido. El curtido jurista le había solicitado las copias de los DNI de los directivos y algunos documentos para ir preparando la documentación de la adquisición.

El 3 de septiembre entra la primera factura de la compra a los chinos: 340.000 euros. Para pagarla es preciso usar la banca electrónica cuyas claves sólo conocen presidente y su jefa, que sigue de baja. El Gerente está de vacaciones. El Presidente también. Nuestra eficiente empleada redacta y proporciona al abogado un borrador de carta ordenando transferencia del pago de la factura correspondiente cuyas firmas deben ser manuales y recabará el propio letrado. Había que extremar el sigilo. Pese a la ausencia física que disfrutaban los directores, mantenía una correspondencia directa y continua con ellos a través de correos electrónicos y de mensajes de guasap, pero de este asunto, tal como se comprometió por escrito, ni una palabra.

Durante los días siguientes vinieron más pagos de esa discreta operación internacional, siempre entre conversaciones con el especialista de la consultora contratada por el Ayuntamiento. Hasta cuatro millones de euros en ocho facturas salen para el banco chino que tramita la operación. Nuestra eficaz jefa del negociado va tramitándolas pues tenía atribuida en los protocolos de pago la función de preparar las transferencias, los ficheros con todos los datos necesarios para la banca electrónica, previa autorización de sus jefes, uno de baja y otro de vacaciones. Sin embargo, estas se tramitan en papel que le envía el consultor.

El día de San Mateo, el banco avisa de la excepcionalidad de las sumas abonadas hasta ese momento sin seguir el protocolizado procedimiento on line. Se entera el Gerente que paraliza la última transferencia teóricamente ordenada. En la Consultora no trabaja nadie con el nombre del abogado y el Presidente nunca le ha enviado correo alguno sobre ninguna operación de adquisición de empresas en Hong Kong. En fin, el dinero se ha esfumado de la cuenta bancaria china.

Los juzgados de lo social entendieron ajustado a derecho el despido de nuestra resolutiva empleada. El Tribunal de Cuentas de España acaba de condenarla al reintegro de los mencionados cuatro millones con sus intereses legales. Ojo: hay apelación, así que la sentencia no es firme, pero califica la conducta de gravemente negligente: “la prudencia y el respeto al procedimiento son dos de los rasgos fundamentales que definen el buen hacer profesional de un funcionario” afirma mientras alude a esa centenaria figura de nuestro Código Civil: “El criterio del buen padre – o la buena madre – de familia que remite al de un administrador racional o cuidadoso de los propios recursos, que, a la hora de tomar una decisión relevante, como las de adquirir un bien de consumo duradero, hacer una reparación en su domicilio o incluso tomar una decisión médica”. Esto incluía mantener informados permanentemente de todo a sus jefes directos.

Los estafadores tienen cada vez más nivel. Ahora van más allá del simple escrito “fraude del CEO” y son capaces de suplantar la verborrea de un avezado jurista, de preparar la trama y analizar el escenario con el detalle de un fino ajedrecista. No podemos evitar recordar el petromocho asturiano (que no podía dar lugar a salida de fondos públicos) o incluso la célebre película “El golpe” (1973) de siete oscars, entre ellos el mejor guion -no podía ser de otra forma- pero, a diferencia de los timos, donde la víctima perece por su ambición, aquí paga el pato alguien leal pero proclive a los atajos. Mis compañeros funcionarios que lean esto nunca más volverán a tener tentaciones de saltarse la burocracia.

Se dirá que nuestras obligaciones de transparencia en las Entidades Públicas lo ponen bastante fácil divulgando los procedimientos y sus responsables. Algo inevitable en los tiempos que corren. Aunque en este caso, también colaboran las redes sociales para alertar por dónde andan los directivos o quien acaba de tener un precioso bebé. Para reflexionar.

Publicado en el diario La Nueva España