Hoy escuchaba a Concepción Campos en una extraordinaria webinar de la ADEIT de la Universidad de Valencia, sobre la Administración electrónica. En un momento de su exposición recordó la comparación que Carles Ramió popularizó entre la burocracia y el colesterol: no siempre es signo de mala salud. Así hay la burocracia mala (estilo de vida poco saludable) con trámites inútiles que nos hacen perder tiempo en los procedimientos. Mis queridos amigos brasileños tenían hace 40 años un “ministro de la desburocratiçao” para estos temas.

También hay la burocracia buena. Son normas, técnicas y metodologías de trabajo predeterminadas, jerarquía y relaciones impersonales para que cada cual asuma sus responsabilidades dentro del procedimiento. A veces sus protagonistas se limitan a firmar en barbecho. Otras lo saltamos para hacer más rápido el procedimiento al administrado.

Esto es lo que con buena voluntad debió querer hacer un funcionario para facilitar las cosas, como apunta la noticia que hoy presenta el diario El comercio. Se trata del conocido documento de “terceros” que todos debemos aportar para cobrar de la Administración mediante transferencia bancaria. En él, los terceros, mediante poder suficiente, aportan los datos bancarios aportando un certificado de la entidad financiera con la titularidad de las cuentas del acreedor. Por supuesto, hoy se exige firma electrónica del interesado para su tramitación.

De esa manera se puede pagar al acreedor el crédito a su favor con las suficientes garantías jurídicas. Un trámite engorroso que lleva algún tiempo al promotor. He de reconocer que algunas veces para cobrar alguna cantidad simbólica por la participación como ponente he atajado con el interventor o jefe del servicio amigo que me dio de alta el mismo porque el proceso podía llevarme más tiempo que la conferencia impartida. Mal hecho por mi parte. No volveré a comprometer así a mis anfitriones.

La noticia que hoy traemos a la bitácora nos presenta un hecho desgraciado. Según el periódico, los estafadores remitieron un correo electrónico en nombre del Grupo Eulen el pasado 22 de marzo donde se solicitaba cambiar la cuenta en la que el Ayuntamiento le abonaba sus servicios. Para facilitar el engaño en el cuerpo del mensaje, se mencionaba a la contable de la empresa. Aportaban el certificado bancario pero suplantaban el apoderado que pedía el controvertido atajo. El final ya lo imaginan. Se pagó a quien no se debía.

El asunto comienza a ser muy frecuente. No hay Administración donde no se haya intentado. En el Ayuntamiento de Avilés se dieron cuenta a tiempo del delito. En la Comunidad valencia la EMT tuvieron éxito los defraudadores.

Precisamente hoy, casualidades de la vida administrativa, el diario del grupo Wolters Kluwer, La Ley, publicaba un magnífico artículo de José Domínguez Leandro, titulado “El fraude de redireccionamiento del pago de facturas a la luz de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Quién ha de responder?” que os animo a leer. aunque es para suscriptores (el ánimo también va para que os suscribáis).

Este tipo de estafas está causando estragos también en todas las empresas privadas. El autor aporta algunas medidas preventivas es aconsejable adoptar y plantea los distintos protagonistas intervinientes de la estafa:

• El estafador o defraudador, esto es, quién envía el correo electrónico u otro medio fraudulento.
• El mulero que presta su cuenta bancaria a cambio de un porcentaje de lo recibido.
• El banco que recibe la orden de pago y realiza el pago o trasferencia.
• El proveedor que no cobra la factura por sus productos o servicios.
• El empleado, la víctima, que da orden al banco de que pague la factura transfiriendo el dinero a la cuenta del mulero.

En fin, un interesante tema. Para terminar dentro del mismo área de trabajo, os comunico la salida (¡hoy también!) monografía titulada “Ciberseguridad. Un nuevo reto para el Estado y los Gobiernos Locales” dirigida por Dolors Canals Ametller (Wolters Kluwer ,408 páginas, 42 euros).

En la obra, 13 especialistas divulgan la «cultura de la ciberseguridad». Sin duda, la consecución de la seguridad en el ciberespacio, cada vez más extenso, más complejo tecnológicamente y bajo un orden establecido extramuros del Estado, es una responsabilidad que nos incumbe a todos.

La obra se divide en dos partes claramente diferenciadas: la ciberseguridad en el derecho por un lado y los riesgos que la cibercriminalidad comporta para las administraciones, así como las garantías y sistemas de seguridad que resultan necesarios en su actuación a través medios informáticos, telemáticos y digitales.

A los muy cafeteros les recomiendo el capítulo 1 “Incidentes de seguridad informática en entidades locales: panorámica y propuestas de actuación” del exconsejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Enrique Benítez Palma, verdadero especialista en la materia.