Un año más (¡y van 13 en formato presencial!) el Observatorio de la Contratación Pública (OBCP) celebrará en los Baños de Panticosa -en pleno corazón del Pirineo aragonés- el Seminario de contratación pública. En esta ocasión, durante los próximos días 22, 23 y 24 de junio.

Este curso de verano está dirigido por dos incansables emprendedores del mundo jurídico, como son José María Gimeno Feliu y Miguel Ángel Bernal; y coordinado por Carmen de Guerrero Manso y Javier Esteban Ríos, todos ellos vinculados a la Universidad de Zaragoza y al puntero grupo de investigación ADESTER (Derecho Administrativo de la Economía, la Sociedad y el Territorio) así como la Cátedra Contratación Pública Local, en el marco del Proyecto financiado por el FEDER y el Ministerio de Economía y Competitividad denominado «La contratación pública como estrategia para la implementación de políticas públicas y al servicio de una nueva gobernanza».

El programa incluye una acertada combinación de los principales académicos del panorama nacional de la contratación pública junto a autoridades (por ejemplo, la consejera Tribunal de Cuentas Elena Hernáez) y altos funcionarios expertos todos en sus respectivos temas. Esta edición presenta interesantísimos paneles, que van desde los nuevos modelos de compra en el ámbito de la salud, la compra de servicios cloud, la reutilización de información en el ámbito de la contratación pública (datos abiertos, soportes tecnológicos) la gestión de los fondos PRTR, los planes antifraude así como las obligadas reflexiones sobre el futuro de la contratación pública. Para matrícularse (aforo limitado) usa este formulario.

La preocupación de la sociedad civil por la contratación pública es una constante. Asistimos a un eterno debate, el dilema de la manta, buscando el equilibrio entre las garantías de transparencia y concurrencia frente a la simplificación de procedimientos y la eliminación de cargas administrativas que permitan ejecutar los presupuestos, sobre todo los fondos europeos que corren el riesgo de perderse.

Muchas organizaciones patronales del sector de la construcción habían urgido esa agilización. Sin ir más lejos, esta misma semana, Joel García, presidente de Confederación Asturiana de la Construcción se despachaba: «Reclamamos hasta la extenuación la modificación de la ley de contratos para que los fondos europeos se agilicen. No es de recibo que esos presupuestos no se gasten con todo lo que tenemos que hacer en el país».

Los académicos también se han sumado al escenario planteando debates que permitan buscar las posibles soluciones. La misma Cátedra de Contratación pública local zaragozana organizó en noviembre pasado un oportuno congreso Internacional «El desafío de la recuperación y el papel de la contratación pública» de reflexión sobre el futuro en estas materias, intercambiando experiencias y propuestas.

 El propio Gimeno Feliú nos recuerda con frecuencia que la contratación pública -y su fundamento- ha evolucionado desde una visión burocrática de la compra pública, diseñada desde una perspectiva hacendística, hacia la idea de  herramienta jurídica para el cumplimiento efectivo de las políticas públicas:

“Frente a inercias o dogmatismos, la situación ‘global’ obliga a repensar soluciones jurídicas en la contratación pública que promuevan la eficacia de las políticas públicas y que concilien los interesen públicos en juego, diseñando procedimientos eficaces y eficientes (que importante las nuevas tecnologías, como los modelos blockchain) que pongan el acento en la calidad de la prestación y que eviten una indebida deslocalización empresarial”

En esa concreta línea, está pendiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado se encuentra la nueva Ley de Calidad de la Arquitectura, que modifica, entre otras muchas normas, algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público en esta materia. Nos enteramos, gracias a la excelente página Contrato de Obras.

El texto, que se aprobó en el senado sin ningún voto en contra, es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su entrada en vigor implica cumplir uno de hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU.

Dichas modificaciones buscan agilizar la tramitación de determinados contratos complementarios, como son los contratos menores de dirección de obra, facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la obra como medida para garantizar la coordinación y continuidad entre la fase de redacción y la de ejecución, y concretar algunos condicionantes cuya existencia podrá tomar en consideración el órgano de contratación a efectos de estimar la especial complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo.