Hace unos días grabamos nuestra periódica píldora del conocimiento con el jurista Juan Manuel del Valle Pascual, funcionario de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos de la gestión de la investigación universitaria que supone uno de los retos dentro de las funciones que tienen asignadas el profesorado de educación superior en España.

Las quejas de los investigadores, en los últimos años, son abundantes. La Comisión Europea reconoce que participar en proyectos financiados por la UE se ha convertido en tarea compleja y dictó nuevas normas para facilitar la solicitud y gestión de las subvenciones. El propio Tribunal de Cuentas europeo reconoce la enorme carga burocrática que soportan. En España, como muestra el botón de Carlos Balaguer, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, con un descorazonador título: ¿Conseguirán que no investiguemos? donde critica que se ponga “bajo sospecha a todo el colectivo de investigadores de este país”.

La puerta la abrieron los vicerrectores del ramo con otra ácida Tribuna titulada “Hacienda, contra la investigación” -que tuvimos ocasión de comentar aquí– donde se quejaban de la gran cantidad de reintegros de subvenciones de proyectos de I+D que encubría la ausencia de fondos del ministerio. He de reconocer que mi preferida es esta Carta a los contribuyentes de un científico asfixiado por la burocracia. En definitiva, son muchos los investigadores que se creen maltratados y están convencidos de que, en realidad, las trabas burocráticas son el mecanismo perfecto de recortes en investigación. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de eso que llamamos burocracia suele haber garantías para el contribuyente de que su dinero se emplea de manera legal, eficiente y eficaz. Pero anotada queda, una vez más, la queja de los investigadores que merecen un tratamiento favorable de su trabajo científico.

Como hemos llegado hasta aquí

La Universidad que diseñó la LRU en 1983 tiene hoy una sustancia más industrial, hasta el punto de avanzar hacia una Tecnópolis donde “el aula pierde su monopolio y pasa a ser un complemento de la función docente” (Solé Parellada). Un entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el “proyecto” como eje de enseñanza y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican. Emerge el profesor-empresario de actividad frenética y agotadora agenda, que estudia los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), formando becarios, dirigiendo tesis doctorales, publicando en inglés y combatiendo la envolvente burocracia de la gestión investigadora. Los nuevos clientes son las PYMEs locales, las asociaciones de empresarios o las Cámaras de Comercio, los gobiernos autonómicos o locales.

La Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) ha realizado muchos seminarios para analizar el marco jurídico universitario. Entre las últimas actividades, el seminario de la UIMP en Galicia del curso pasado, cuyo libro de ponencias acaba de presentar estos días: «La reforma del Régimen Jurídico Universitario«.

Este año volverán a analizar con detenimiento y rigor esta materia, valorando de los cambios acaecidos y afrontando una reflexión sobre cuáles son objetivos que debe cumplir el Sistema Universitario español, nuestro sistema de Ciencia y Tecnología y su régimen jurídico. Así, la UIMP-GALICIA y AEDUN han convocado el Encuentro “El Régimen jurídico del personal del SUE y del SECTI: a estudio” en La Coruña, 24 y 25 de septiembre de 2015 (matrícula). Una interesante actividad impulsada también por los funcionarios Carlos Gómez Otero, Secretario General Adjunto de la Universidad de Santiago de Compostela y Ana Caro Muñoz, Coordinadora de Proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid.