Durante el X Congreso Nacional de Auditoría en el sector público (XCNASP), organizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Fundación FIASEP, la sostenibilidad financiera de las cuentas públicas estuvo presente en múltiples foros, tal como avanzamos. Hacemos a continuación un repaso de las principales aportaciones.

Santiago Martínez Argüelles, Director del Gabinete Técnico del Tribunal de Cuentas de España, abordó algunos aspectos prácticos de las auditorías de sostenibilidad, con sus retos y oportunidades, a partir de los elementos que informan la filosofía de la Agenda 2030. Los ODS se configuran en términos de metas e indicadores concretos que les confieren una clara orientación a resultados. Las auditorías de sostenibilidad deben centrar su atención en los resultados efectivamente alcanzados y deben aportar valor acerca de la eficacia en la consecución de los objetivos y de las metas concretas.

En su opinión, la realización de auditorías de sostenibilidad es una gran oportunidad para que las Entidades Fiscalizadoras Superiores incrementen de forma significativa su visibilidad pública mediante la realización de informes de alta calidad, avanzando en la incorporación de nuevas técnicas cuantitativas que permitan la explotación de datos no financieros y permitan pronunciarse acerca de los avances en la sostenibilidad. Señaló el Modelo ISAM de IDI desde un punto de vista metodológico, como una herramienta muy útil para guiar la realización de este tipo de trabajos de alta calidad que, en cualquier caso, deben ajustarse estrictamente a lo establecido en las ISSAI 300 y 3000, normas técnicas con las que los auditores están familiarizados y que cuya vigencia potencian las auditorías de sostenibilidad.

En otro panel, intervino Antonio López Díaz, Rector de la Universidad de Santiago de Compostela y exconselleiro maior de contas de Galicia. Su ponencia “Nuevos criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas. La suspensión de los objetivos de estabilidad presupuestaria por la COVID-19”.

Antonio López ejerció de Alto académico, como prestigioso catedrático de derecho financiero que es, destacando la propuesta de nuevas reglas fiscales, presentadas tan solo dos días antes por la Comisión Europea (¡toma actualidad!) en las que se plantea una mayor atención al gasto y a la deuda, no tanto al déficit, y donde se aboga por planes ajustados a la realidad de cada estado miembro (“Generalizar Next Generation UE”, dijo). El reto subsiguiente será adaptar ese marco supranacional a entornos federales como es el caso español

En definitiva, es necesario reformular las reglas fiscales, con el objetivo de buscar posiciones sostenibles más flexibles con sendas individualizadas y creibles por países.

Con muy pocas excepciones (Manuel Conthe, por ejemplo) este tema, de capital importancia, no ha tenido la visibilidad ni el debate nacional que merece. Su objetivo final será, sencillamente asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Para ello los planes, aunque se aprueben por la Comisión Europea, son “derecho interno” en cuyo seguimiento juega un papel decisivo la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF).

En ese panel, Roberto Fernández Llera, Síndico mayor de Cuentas del Principado de Asturias presentó la comunicación “Prevención, vacunas y curas para la sostenibilidad de las cuentas públicas tras una pandemia” donde hizo un repaso del marco de restricciones sobre el déficit público y el endeudamiento, tras la reforma constitucional de 2011 y la posterior ley orgánica de desarrollo:

«Desde entonces, la estabilidad presupuestaria, insertada en la normativa europea, ha sido la envolvente de numerosas reformas institucionales, presupuestarias y financieras. Sin embargo, la postergación de los objetivos hasta 2020 (partiendo desde 2012), así como su incumplimiento (antes ya de la pandemia de COVID-19 y, en particular, con relación a la deuda pública), han dibujado un panorama muy diferente al de la década anterior. Como culmen, la suspensión de las reglas fiscales (de momento, en el trienio 2020-2022) y las nuevas prioridades políticas en la Unión Europea, han colocado la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en una tesitura de inaplicación y, en consecuencia, de perentoria modificación, para adecuarla a una realidad muy distinta«.

La AIREF

Durante su intervención en el Auditorio de Tenerife en la presidenta de la  (AIReF), Cristina Herrero, repasó el papel desempeñado por las instituciones fiscalescomo la AIReF, que tienen el mandato central de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Recordó quela AIReF se creó en 2013 tras la crisis económico- financiera como una institución novedosa en el ámbitonacional por su mandato y sus singularidades institucionales. Se ejercen dos funciones con evidentes sinergias: la supervisión fiscal y la evaluación. Y lo hace a través de la emisión de Informes, Opiniones yEstudios. Además, elabora productos específicos de sostenibilidad y lo hace con rasgos distintos respecto aotros organismos con funciones en el ámbito de las finanzas públicas.

Así, el pasado mes de octubre la AIReF publicó, por primera vez, sus escenarios a medio plazo en el Informe sobre el proyecto de Presupuestos 2023. Hasta ahora, se publicaban solo en el Informe sobre la Actualización delPrograma de Estabilidad.

La AIReF ha venido alertando de los riesgos de sostenibilidad de las finanzas públicas por el elevado nivel de deuda acumulado

Evaluación

Tal y como recordó la presidenta de la AIReF, la futura reforma del marco fiscal apuesta por un marco más cualitativo, con la calidad como eje de la sostenibilidad. En este sentido, la AIReF se consolida como evaluadorde la eficiencia, eficacia y equidad de las políticas públicas con encargos tanto de la Administración Central como de las CCAA. Aprovechó para repasar una de las últimas evaluaciones de la institución, la del IngresoMínimo Vital (IMV), publicada en julio de 2022.

En el Congreso participó también el director de la División de Evaluación del Gasto Público de la AIReF, José María Casado, destacando el objetivo de las evaluaciones: aportar evidencia para la mejora de la calidad de las políticas públicas. Además, recordó que ya han impulsado algunas reformas, en áreas fundamentales como la sanidad, la fiscalidad, el empleo, la educación, las infraestructuras, la industrial y las políticas sociales.