La semana pasada se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la corrupción. Como en ediciones anteriores, la organización Transparencia Internacional emitió un comunicado sumándose a la campaña de Naciones Unidas. Este año pretende sensibilizar sobre el impacto que tiene la corrupción en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esos mismos días, coincidía en Madrid la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 – COP 25, en un escenario poco optimista que los observadores achacaron a la política del avestruz de los países del G20, plagados de intereses poco confesables. El Secretario General de la ONU expresó su decepción y reafirmó su determinación de seguir trabajando para que todos los países se comprometan con la acción climática.

¿Están vinculados ambos fenómenos?

En el año 2011, 50 expertos mundiales de la corrupción habían publicado un exhaustivo análisis  (“Informe Global de la Corrupción: Cambio climático”) donde se reconocía que afrontamos no solo un desafío para nuestras actuales estructuras de gobernabilidad sino que también trasciende las tipologías de corrupción conocidas:

“Cuando se inyectan enormes cantidades de dinero en mercados y mecanismos financieros nuevos, que no han sido probados, siempre existe el riesgo de corrupción … (pues) … se realizarán inversiones públicas de 250.000 millones de dólares al año a través de nuevos canales, sin demasiada coordinación y un alto nivel de complejidad, falta de claridad, así como la novedad que acompaña a muchas de las cuestiones climáticas”.

En la actualidad, el informe sobre desarrollo humano de la ONU-2019 ya alerta de que está surgiendo una nueva generación de desigualdades impulsadas por los cambios tecnológicos y el cambio climático. En este sentido, en esta jornada reivindicativa, TI reafirma el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible que incluye medidas anticorrupción, haciendo un llamamiento a los gobiernos para que impulsen la agenda global a favor de la integridad en las iniciativas para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los esfuerzos anticorrupción deben afrontarse desde una perspectiva amplia, con la participación y el compromiso del sector privado, las instituciones públicas y la sociedad civil.

Los movimientos ambientalistas y anticorrupción deben trabajar juntos, concluían los expertos. Esto obliga a una interesante toma de posición de los auditores en todo el mundo. Veamos un buen ejemplo, traído desde la mismísima capital del imperio.

El empuje de los auditores federales

La Administración estadounidense aparenta no creer demasiado en el cambio climático; al menos sus actuales dirigentes. Sin embargo, los auditores de la GAO norteamericana han dedicado mucho trabajo a evaluar sus efectos. Se trata de la Agencia Federal que supervisa la gestión pública del presupuesto de los EEUU. Como el FBI de los auditores. Presumen de tener los funcionarios mejor pagados del país y también la plantilla más formada, frecuentemente doctorados.

Pues bien, esta misma semana, mientras la nación más rica del mundo pasaba olímpicamente de la conferencia de Madrid, la GAO hacía público su habitual informe -docenas lleva- que censuraba al gobierno federal por carecer de una estrategia para priorizar aquellos planes con mayor impacto sobre el cambio climático. Concluía la necesidad de invertir en proyectos de resiliencia climática para ayudar a los ciudadanos a prepararse para los futuros peligros, como el aumento del nivel del mar.

En noviembre pasado, informaban de que ante el previsible aumento de la frecuencia e intensidad de ciertos desastres naturales, se deberían reevaluar las localizaciones de desechos peligrosos más contaminados del país, usualmente denominados allí Superfund. Alrededor del 60% del territorio USA se encuentra en áreas que pueden verse afectadas por incendios forestales y diferentes tipos de inundaciones o desastres naturales que pueden verse agravados por el cambio climático.

En los EEUU hubo 14 grandes desastres ambientales en 2018 que le costaron al contribuyente un total de cien mil millones de dólares. Es probable que estos costes aumenten debido al cambio climático.

Como la misión de la GAO es “seguir el dólar federal” y alertar de los efectos económicos de la mala gestión o el fraude, determinan cada dos años la lista de 30 áreas de Alto Riesgo. Entre ellas, sin ir más lejos, encontramos como un tema estrella “La exposición fiscal del gobierno al cambio climático”. Para reducirlo, piden al gobierno de Trump “un enfoque estratégico coherente”. Esto incluye la creación de una Agencia especializada que coordine la gran cantidad de entidades federales que administran programas y actividades afectadas por el cambio climático. Algo inusual en unos auditores que, en cuanto pueden, exigen la supresión de organismos por innecesarios o redundantes.

Se recomienda dictar las instrucciones precisas para integrar la información climática en toda la toma pública de decisiones para garantizar la protección a largo plazo de la salud humana y el medio ambiente.

Podemos concluir de sus análisis, por tanto, que omitir los efectos del cambio climático en las grandes decisiones presupuestarias, sobre todo en las infraestructuras, es una forma de despilfarro impune.

Y en España ¿qué?

Pues en España es preciso mencionar una perla. La audiencia de Cuentas de Canarias nos sorprendió hace unos meses divulgando el Informe de Fiscalización operativa de la adaptación de los Cabildos Insulares al cambio climático, ejercicios 2017-2018.

Se trata de un documento muy bien elaborado -en el fondo y en la forma- y que, tal como indica en su contraportada, correspondió su dirección a la Consejera Elena Hernández Mollö-Christensen y llevado a cabo por el experimentado auditor José Agustín Melián Hernández. La Audiencia de Cuentas contó con el asesoramiento del Tribunal de Cuentas Europeo, para afrontar un trabajo sobre un asunto que “es sin duda el mayor problema y reto ambiental que afrontamos como sociedad, siendo el Archipiélago Canario, por su situación geográfica, por su insularidad y por su biodiversidad, especialmente vulnerable, tanto a los actuales como a los futuros impactos del cambio climático sobre su sistema natural, social y económico”.

Las conclusiones evidencian que las Islas Canarias no están suficientemente preparadas para afrontar la adaptación al cambio climático, ni los cabildos insulares disponen de planes de adaptación y tan solo uno ha elaborado la evaluación general de riesgos y vulnerabilidades, careciendo todos de programas presupuestarios específicos.

«Aunque los cabildos insulares han ejecutado acciones aisladas en materia de inundaciones, incendios forestales y desertificación que podrían contribuir a la adaptación al cambio climático adolecen de sistemas de seguimiento y evaluación de las actuaciones en esa materia».