El agente encubierto se ha constituido en una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado. En áreas como el tráfico de estupefacientes es imprescindible. Se trata de un tema bastante peliculero que forma parte de la peculiar  tradición nortemaericana. Allí, muchos funcionarios, aparte de la policía o del FBI, también llevan a cabo tareas encubiertas, fundamentalmente con la recaudación tributaria o la actividad subvencional. En España, la policía judicial lo usa en asuntos de drogas o informáticos y ya forma parte habitual del temario de las oposiciones a los distintos cuerpos de la Agencia Tributaria cuyos inspectores lo han pedido para luchar eficazmente contra el fraude fiscal.

La investigación encubierta genera un gran debate jurídico, aunque proporciona excelentes resultados. Son técnicas de inteligencia proactiva que permiten obtener información relevante sobre las tramas ilegales ocultando la identidad del agente.

Surge entonces la pregunta ¿Es posible su utilización como herramienta de auditoría? En principio nada se opone a su uso como técnica de evaluación de las debilidades en el control interno. Veamos algunas peculiares experiencias del mundo anglosajón.

En la página web de la GAO americana podemos encontrar interesantes informes con apoyo en esta técnica. En uno, eso sí bastante antiguo y no estrictamente de este asunto, los evaluadores del dinero federal opinan sobre el uso de la figura por el FBI. Tras una solicitud del Congreso, la GAO revisó el contenido de los informes del FBI en relación con los logros resultantes de las operaciones encubiertas. Así, en 1982, el FBI informó que sus operaciones encubiertas lograron 680 condenas, $ 4.4 millones en multas, $ 63.9 millones en recuperaciones, $ 5.7 millones en decomisos de activos, $ 1.4 millones en restituciones, que confirmaron con matices los auditores federales.

Encontramos el auditor encubierto en un informe hecho público el mes pasado, donde la GAO evaluó el programa Head Start de ayuda a hijos de familias con bajos ingresos para asistir a escuelas privadas. Intentaron inscribir a niños ficticios en 15 centros “utilizando información que debería haber descalificado nuestras solicitudes” y en un tercio de los intentos tuvieron éxito. En otro trabajo anterior, las pruebas encubiertas revelaron que 3 de cada 8 solicitudes con números de seguridad social incorrectos estaban siendo utilizados por beneficiarios de la ayuda para salud Medicaid no elegibles. Se evaluó en $ 12 mil millones el gasto indebido. Igualmente esta técnica se usa en todo tipo de ayudas.

Las universidades también fueron objeto de la visita encubierta. Hace diez años, los auditores de la GAO se hicieron pasar por futuros estudiantes y solicitaron admisión en 15 colleges de 6 Estados. Las pruebas encubiertas encontraron que 4 colleges fomentaron prácticas fraudulentas y que se alentó a cuatro solicitantes encubiertos a falsificar sus formularios de ayuda financiera.

En el ámbito español, el conocimiento del control interno de la organización fiscalizada facilita al auditor la identificación de los riesgos, le permite elaborar un juicio profesional y comprobar la eficacia operativa de los controles. Por tanto, no debe descartarse como técnica para obtener evidencias de auditoría. Tampoco por las Agencias Antifraude que se han constituido en las diversas Comunidades Autónomas.

Para terminar, un recordatorio para los muy cafeteros. El jueves y viernes próximos, 21 y 22 de noviembre, se celebra en Barcelona unas interesantes III Jornadas sobre Control y Auditoría en el Sector Público Local que organiza la Fundación FIASEP junto al Col.legi de Censors de Cataluña. Se presentarán experiencias reales de las EELL en materia de control financiero y auditoría pública, fomentando el debate activo de los participantes.

Allí, tendré el honor de coordinar el panel dedicado al papel de las Oficinas Antifraude y su papel de colaboración y complementariedad con los órganos de control interno local, donde participan Miguel Ángel Gimeno Jubero. Director la Oficina Antifrau de Catalunya y Carlos Granados Pérez, Director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Dos perspectivas interesantes de como se enfrenta el fenómeno desde las distintas Administraciones.