Con ocasión de las III Jornadas sobre control y auditoría del sector público local, ayer he moderado un interesante panel con dos protagonistas de la lucha contra la corrupción y el fraude en el sector público. Se trata de un fenómeno que puede ser combatido de múltiples formas y que durante los últimos años ha llegado a ser una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Por una parte, Joan Xirau director adjunto de la Agencia Catalana Autifraude, que presentó algunas interesantes reflexiones y documentos. Entre estos destaca el Estudio de los riesgos para la integridad en la contratación, elaborado el año pasado desde una perspectiva amplia, que supera lo que consta en el expediente administrativo. Abarca desde el momento en que un responsable político o una unidad administrativa detecta una necesidad y se estudia si conviene adquirir una prestación para cubrirla, hasta que se han extinguido todas las responsabilidades contractuales.

Joan Xirau: “La mitad de las denuncias que tramitamos son anónimas”.

Las tres grandes fases procedimentales proceso de compra ordenan la secuencia en que se exponen las áreas de riesgo: Preparación, licitación y ejecución. El Documento 3 de la Oficina analiza 12 áreas de riesgos de irregularidades, fraude o corrupción. Además, también se analizaron los factores personales, los elementos o circunstancias relacionadas con los servidores públicos de una institución como factores de riesgo y cómo pueden limitar o restringir la capacidad profesional, imparcialidad, independencia técnica, objetividad, eficacia, eficiencia, diligencia, probidad y responsabilidad de las personas.

Las personas forman parte del contexto en que se toman las decisiones o de las circunstancias que crean disfunciones organizativas y por ello, los factores de riesgo organizativos y los factores personales están íntimamente ligados.

La presentación continúa con el análisis de los factores institucionales generadores de riesgos para la integridad en la contratación con la exploración de los factores organizativos donde identifican aquellas decisiones de la dirección de una institución o circunstancias que crean disfunciones en su funcionamiento. Como recuerda el documento estos factores generan incentivos u oportunidades para los riesgos sobre la integridad que a menudo superan la capacidad de decisión o de actuación individual de las personas que desde la función pública promueven, gestionan o controlan los expedientes de contratación concretos.

Para terminar, el ponente recomendó visitar en El Palau Robert la exposición interactiva patrocinada por la Oficina “¡Corrupción! Revuelta ética», coincidiendo con el décimo aniversario de Antifraude, que pretende incentivar la reflexión sobre este fenómeno y su importancia en la construcción de una democracia avanzada, pero también quiere provocar una reflexión personal sobre los ámbitos en los que la actitud personal del visitante podría modificar y mejorar los sistemas corruptos a pequeña escala. Como veis en la foto adjunta, seguí la recomendación unas horas después.

El otro ponente de la mesa fue Carlos Granados , director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, que está en el segundo año de su funcionamiento efectivo.

La oficina cumple, entre otras, la importante misión de canalizar cualquier denuncia relacionada con aspectos de mala administración intencionada de fondos públicos en beneficio de personas físicas o jurídicas y en perjuicio de los intereses generales.

Es especialmente significativa la Sentencia n.º 252/2018, de 3 de abril, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, entre otros pronunciamientos, deja sin efecto las medidas cautelares que habían suspendido las funciones de inspección de la Oficina Municipal, funciones que son recuperadas en los términos previstos en su Reglamento Orgánico y señala su compatibilidad con la Intervención General, con la Inspección General de Servicios y con la Asesoría Jurídica sin que se produzca duplicidad de funciones.

Sus funciones de inspección, comprobación y prevención de las actuaciones desarrolladas por autoridades, directivos o empleados municipales están recogidas en el artículo 40 de su Reglamento Orgánico donde dispone que se considerará fraude o corrupción cualquier actuación que implique una mala administración intencionada en el ejercicio de poderes públicos, en beneficio particular de personas físicas o jurídicas y en perjuicio de los intereses generales.

Granados destacó la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, cuyo artículo 64 titulado “La lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses” dispone en su apartado primero que los órganos de contratación tomarán las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. En la memoria de la oficina correspondiente al ejercicio 2018 se analiza (página 7 y ss) la importancia de esta aportación legislativa.

Carlos Granados: “la integridad es contagiosa”.

Granados además de gran jurista es un magnífico orador y terminó su exposición recordando que “la integridad es contagiosa” y que la vida con principios genera imitación en el círculo cercano. Una sesión muy agradable a la que siguió la clausura del seminario, a cargo de los presidentes de las dos instituciones organizadoras, la fundación FIASEP Y el colegio catalán de Censors.