El director del III Congreso del OBCP, José María Gimeno Feliú, avanzaba a los partidos políticos las ideas-fuerza que fueron debatidas durante los días 6 y 7 de noviembre en las distintas mesas y paneles. Un interesante documento que gira en torno a los notables cambios que ha sufrido la contratación pública -y su fundamentos- durante los últimos años, lo que exige un enfoque cada vez más estratégico:

 “De una visión burocrática de la compra pública, diseñada desde una perspectiva hacendística y con escasa prospectiva, se ha evolucionado hacia la idea la contratación pública como herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Por ello, la contratación pública debe ser re-contextualizada desde la perspectiva de inversión y no de gasto”.

En esa declaración reconoce la necesidad de una adecuada política de contratación pública basada en la profesionalización y la capacitación, sin la cual resultará muy difícil para cualquier Gobierno dar satisfacción correcta a los objetivos de política pública que se pretenden.

Gimeno Feliú: “Parece aconsejable una cierta simplificación o aclaraciones que favorezcan la gestión rápida de la contratación pública. Sirvan de ejemplo los problemas en torno al contrato menor y el procedimiento simplificado (y su variante abreviada o sumaria), que aconsejaría un ajuste normativo”.

En uno de los paneles, Elena Hernáez puso de relieve algunos datos interesantes de las licitaciones, elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo realizó un análisis econométrico donde constató que los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones (E/CNMC/004/18) frente a los procedimientos restringidos, negociados y diálogos competitivos. Es más, cada empresa adicional que participa en una licitación reduce el precio de adjudicación en un 2% de media. En efecto, avanzar en la contratación es una buena inversión y no un gasto.

Elena Hernáez: “cada empresa adicional que participa en una licitación reduce el precio de adjudicación en un 2% de media”.

¿Cómo desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización?

Para Hernáez es algo que, en el ámbito de los recursos humanos, exige mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de contratación así como proporcionar herramientas y metodologías de apoyo de la práctica profesional en el ámbito de la contratación. En España, el problema se agravó con lo que denominamos Tocata y fuga de los funcionarios de contratación ante la entrada en vigor de la nueva ley.

Fueron muchos los ponentes que señalaron el reto de alcanzar personal cualificado en este área. Marta Cano, secretaria técnica del OBCP, también puso en el centro del debate los responsables de los servicios encargados de las compras públicas, recordando la Recomendación de la Comisión Europea de 3.10.2017 sobre la profesionalización de la contratación pública, donde destacó el siguiente mensaje:

“El objetivo de la profesionalización de la contratación pública es reflejar una mejora general de toda la gama de cualificaciones y competencias profesionales, conocimientos y experiencia de las persones que realizan o participan en tareas relacionadas con la contratación. Incluye también las herramientas y el soporte, así como la arquitectura política e institucional, que son necesarias para realizar el trabajo de manera eficaz y obtener resultados”

Esta necesidad de disponer de personal dedicado a la contratación pública con capacidad de aportar rentabilidad en todo momento ya se había puesto de relieve con anterioridad en la Recomendación de la OCDE de 2015 sobre contratación pública. 

Marta Cano: “Nuestro reto es poner esa gran cantidad de información al servicio de las unidades de compra para entender todos los aspectos que conforman el mercado (compradores, proveedores, productos, precios, criterios de selección, factores sociales, etc.) y tomar decisiones basadas en datos.”

Para ella, la profesionalización supone no sólo “hacer mejor lo que ya se hace” (más eficiencia y transparencia) sino también “abordar aquellas tareas en las que no se está poniendo foco actualmente”, apostando por ese enfoque estratégico basado en los datos y en el conocimiento del sector y del mercado.

En el mismo sentido incidió el Interventor General de la Administración del Estado (IGAE) Pablo Arellano, que durante su exposición. Puso sobre la mesa las recomendaciones realizadas a Ministerios en el informe anual (del que dimos cumplida referencia en esta bitácora) entre las que destacaba:

“dotar de personal a los órganos de contratación en las respectivas RPT en aquellos supuestos en que el volumen de contratación así lo aconseje o, en su caso, delimitar la unidad administrativa que debe asumir la tramitación de los expedientes. Asimismo, es necesaria la adecuada formación y actualización del personal, en especial en aquellos casos en los que no cuenten con suficiente experiencia en gestión contractual y en las aplicaciones informáticas implicadas. Optimizar los recursos humanos, valorando la creación de áreas específicas dedicadas a la contratación que elaboren procedimientos internos de coordinación y supervisión (elaboración de PCAP y de PPT tipo, etc.) con competencia transversal en todo el Ministerio”.

Pablo Arellano “Se deben cubrir las RPT con personal formado en el ámbito de la contratación”

Arellano concluyó que esa infradotación de medios es uno de los principales problemas encontrados. En concreto, en la ausencia de personal dedicado en exclusiva al ámbito de la contratación, la falta de especialización, insuficiente formación y conocimientos del personal en materia de contratación, la existencia de relaciones de puestos de trabajo desactualizadas, así como la falta de cobertura de los puestos existentes. Tan solo se ha podido comprobar la existencia de una RPT actualizada y cubierta en dos de los Ministerios que forman parte del alcance.

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