La gestión sanitaria es una de las áreas más complejas del presupuesto público, donde los principios de jerarquía, uniformidad o formalismo ceden ante la autonomía de sus profesionales y el trato directo con los usuarios del servicio. Los hospitales y los centros de salud son organizaciones complejas que constituyen una burocracia profesional (Mintzberg) donde el poder (meritocracia) radica “abajo”, en quienes producen directamente el output. Un argumento que no sólo permite discutir permanentemente la sostenibilidad del gasto sanitario, sino que ha intentado justificar la imposibilidad de aplicar la normativa de las restantes administraciones. En concusión: todo un reto para la teoría de las organizaciones, que entiende para su funcionamiento imprescindible un pacto, en forma de compromiso de objetivos y la necesaria rendición de cuentas.

La realidad española de los últimos años ha podido acreditarlo, en la dificultosa búsqueda de las mejores formas de gestión sanitaria. Además, el Ministerio de Sanidad ha padecido históricamente un liderazgo débil, desde la aprobación hace más de 30 años de la Ley General de Sanidad.

Una buena gobernanza sanitaria ha sido un reto permanente para cualquier sistema nacional de salud. Recientemente, se ha hecho público el informe “Diez temas candentes de la Sanidad española para 2017” elaborado por un panel de 26 expertos con diferentes sensibilidades y sectores profesionales.

Entre otras cosas y para acabar con cierta opacidad de resultados del sector, el informe pide la constitución de una Agencia de Información Sanitaria, liderada por el Ministerio de Sanidad, pero dotada de independencia de gestión, con una gobernanza madura, en la que participaran las distintas CCAA y, tal vez, otros organismos (sociedades científicas, centros académicos, etc.), así como instituciones privadas.

Para los autores, éste es el diagnóstico: 

El profesor de economía de la Universidad de Granada, José Martín, escribía recientemente un artículo de sugerente título: “El dilema entre una sanidad pública sin gobierno y una privada sin reputación”. Apunta el autor un dilema indeseable -pero imposible de eludir- en la situación que vive la sanidad española: la elección entre una sanidad pública carente de gobernanza y una sanidad privada deficitaria en capital ético y reputacional. El asunto se ha enredado más a raíz de las conclusiones del último informe de la sindicatura de la comunidad valenciana.

Las concesiones administrativas valencianas

La Mesa del parlamento valenciano acordó en 2016 solicitar a la Sindicatura de Comptes realizara la auditoría operativa de la concesión administrativa sanitaria de Manises. La petición hacía hincapié en el análisis de determinadas características, entre ellas, las modificaciones producidas en la población asignada y los recursos materiales adscritos, además de las operadas en su configuración societaria. Incluido en el programa anual de los auditores, se hizo público hace unas semanas ese trabajo de evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la asistencia sanitaria integral en el Departamento de Salud de Manises, encomendada mediante concesión administrativa.

Para sorpresa de los peticionarios, los auditores concluyeron en la página 14:

“El gasto soportado por la Administración por la asistencia sanitaria integral prestada en el Departamento de Salud de Manises (674 euros por habitante) es un 24,6% inferior al gasto corriente público en asistencia sanitaria en el conjunto de departamentos de gestión pública catalogados como comarcales (894 euros por habitante)”.

El informe apostillaba además, que tomando como referencia ese gasto medio por habitante de los departamentos con hospital comarcal, la asunción con medios públicos de la asistencia sanitaria integral de la población protegida del departamento de Manises implicaría un mayor desembolso anual por gasto corriente sanitario en torno a 42,5 millones de euros. Constataba además que era superior no sólo la cartera de servicios ofrecida, sino el nivel de satisfacción del paciente.

Las conclusiones han caído como un jarro de agua fría sobre la izquierda económica siempre crítica con los modelos de gestión privada de servicios públicos. Máxime en un momento donde el presupuesto no cuadra y es preciso tomar decisiones muy duras. Ya no cabe ingeniería financiera, pues tanto el Ministerio de Hacienda como la AIREF no tarda en desemmascararlo.

La preocupación por el gasto sanitario en general, y el farmacéutico en particular, ha sido una constante de los gobiernos central y autonómico. Los funcionarios de presupuestos piensan que al menor descuido se dispara el gasto y por eso, debes estar siempre al quite. Más concretamente, tras la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, promulgada en el marco de la normativa de supervisión de la estabilidad presupuestaria, se exige a todas las CCAA remitir periodicamente al Ministerio de Hacienda información detallada de su gasto sanitario. En la web del Ministerio de Hacienda encontramos, en efecto, el seguimiento de estos gastos sanitarios por CCAA. Así, después de enfrentar un crecimiento nacional del 9.6 en 2015, sólo ha crecido el 1% en 2016. Aun así, los de hacienda no sueltan las riendas, como podéis ver en la noticia adjunta.

Oda al celador

El ingeniero Angel Arias, compañero de Facebook, componía esta semana en el hospital una poesía cada día que convalecía. Entre ellas, antes de recibir el alta médica, esta preciosa Oda al celador, plagado de reflexiones de gobernanza:

Que lo público se hunde, es evidente,

y a Sanidad, el trago más amargo

le toca soportar, siendo inocente.

Falta dinero, cierto, y, sin embargo,

la ausencia de autoridad es muy patente.

No se sabe bien quién está al cargo

de qué; despreocupado hasta el gerente,

caído también en cómodo letargo.

Sin importar qué pueda creer la gente,

según la práctica y modos en vigor,

quien sufre el deterioro es el paciente,

y aunque vea moverse fiel observador,

como puta por rastrojo al residente,

manda en verdad allí, solo…el celador.