El artículo del diario “El Economista” que hoy ilustra esta entrada, pone de relieve los intentos por ayudar a los emprendedores a crear una empresa. Según el informe Doing Business’2008 del Banco Mundial, España ocupa el puesto 38 del mundo en cuanto a facilidades y burocracia para abrir negocios: diez procedimientos distintos con una duración de 47 días, frente a los seis de Estados Unidos o Dinamarca.
La curiosa similitud entre este ranking y el elaborado por Transparencia Internacional para medir la corrupción debe hacernos reflexionar. Los mismos Estados comparten tradicionalmente los primeros y los últimos puestos de ambas listas. ¿Hay correlación entre corrupción, pobreza y burocratismo? Lo cierto es que con dos trámites se puede abrir un negocio en Singapur y Nueva Zelanda, mientras que en Guinea Ecuatorial son necesarios 20.
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Clasificación en facilidad de hacer negocios actualizada a junio de 2007 |
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| 1 Singapur
2 N. Zelanda 3 EEUU 4 Hong K. (Ch) 5 Dinamarca 6 Reino Unido 7 Canadá 8 Irlanda 9 Australia 10 Islandia 11 Noruega 12 Japón 13 Finlandia 14 Suecia 15 Tailandia 16 Suiza 17 Estonia 18 Georgia 19 Bélgica
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20 Alemania
21 Holanda 22 Letonia 23 Arabia S. 24 Malasia 25 Austria 26 Lituania 27 Mauritania 28 Puerto Rico 29 Israel 30 Corea 31 Francia 32 Eslovaquia 33 Chile 34 Santa Lucía 35 Sudáfrica 36 Fiji 37 Portugal 38 España
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44 México
45 Hungría 46 Bulgaria ——— 58 Perú ——— 65 Panamá 66 Colombia ——— 69 El Salvador ——— 74 Polonia —– 83 China ——— 93 Nicaragua ——— 98 Uruguay 99 R. Dominicana
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100 Grecia
——— 103 Paraguay ——— 106 Rusia ——— 114 Guatemala 115 Costa Rica ——— 121 Honduras 122 Brasil ——— 128 Ecuador 134 Mozamb. ——— 140 Bolivia ——— 172 Venezuela
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La publicación de estos datos comparativos inspira a los gobiernos a reformar. Desde su comienzo en octubre de 2003, la estadística del Banco Mundial ha proporcionado acicate o información sobre 113 reformas en todo el mundo. En 2006, Georgia determinó como objetivo hallarse entre los primeros 25 países y ha empleado sus indicadores como puntos de referencia en su avance. Ahora se halla en el puesto 18 en facilidad de hacer negocios, y el gobierno se ha impuesto un objetivo incluso más ambicioso.
Con frecuencia los medios de comunicación ponen de relieve las dificultades de un amplio sector de la ciudadanía para relacionarse eficazmente con la Administración. Cada vez desaparecen más trámites caducos.
Hace 25 años se suprimieron las pólizas, especie de sello adquirido en un estanco, que debían acompañar los escritos dirigidos a la Administración. Durante mi servicio militar en la oficina de reclutamiento presencié grandes colas de estudiantes para tramitar la prórroga de incorporación a filas. Podían estar varias horas esperando. Y cuando llegaban a la ventanilla, preguntaban ¿está todo? “¡Falta la póliza!”, decía el soldado-oficinista. La cara del joven palidecía hasta que un veterano se la vendía por un módico recargo. Menos más que han ido cambiando las cosas.
Hoy, aquellos comportamientos tan sumisos ante la ventanilla forman parte de una pesadilla que la historia se llevó, en el mismo paquete que el servicio militar obligatorio. Recuerdo en esa misma época que una funcionaria, durante la matrícula universitaria, se presentó ante una cola atestada de estudiantes exigiendo que se alineasen por orden alfabético. Parecía que iba a salirse con la suya cuando el revuelo alertó al Secretario de la Facultad que impuso el sentido común.
En la década de los 90, la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas, sentó el derecho del ciudadano a no aportar documentos que ya obrasen en los archivos y registros de la Administración, aliviando así al ciudadano de la carga de aportar múltiples legajos con sus copias de forma inútil.
En la actual década, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se brindó la posibilidad de no personarse físicamente ante la Administración y de gestionar sus asuntos desde el domicilio. Así, una conocida encuesta del CIS sobre la calidad de los servicios públicos, fechada en marzo de este mismo año, destacaba las principales trabas que los ciudadanos se encuentran a la hora de acceder a aquellos: la lentitud a la hora de resolver los trámites (65%) o la excesiva burocracia (61%) por parte de quienes lo prestamos. Son tópicos que encontramos en todas las conversaciones sobre funcionarios.
El sondeo refleja también el importante esfuerzo de modernización de todas las Administraciones Públicas españolas. Se ha mejorado en la incorporación de nuevas tecnologías, en el acceso a través de Internet, en las instalaciones de las oficinas de atención al público e información al ciudadano. Sin embargo ese progreso no se reconoce en la sencillez de los procedimientos administrativos, ni en el trato al ciudadano o la rapidez en resolver las gestiones. En total, “sólo” un 27.2% valora el funcionamiento de la Administración como negativa.
Con cierta periodicidad se divulga la eliminación de algún trámite que nada aporta al procedimiento. La supresión de la fotocopia del DNI fue la penúltima. Un ejemplo reciente. El presidente Zapatero durante su intervención este fin de semana en la Fiesta del Campo de Galicia, avanzó, ante más de 13.000 agricultores y ganaderos, que el próximo Consejo de Ministros “acabará” con una “carga inútil” (sic) para los ganaderos, al suprimir el certificado veterinario, requerido por los mataderos para sacrificar sus cabezas de ganado. Reconoció las contrariedades que este trámite constituye para las exportaciones.
Este certificado, cuya exigencia está vigente desde enero de 2001, suponía a los ganaderos un pago de entre 9 y 24 euros, sin argumentos técnicos que justificaran su mantenimiento. Desde el sector se reclamaba el fin de este medida al considerar que no aportaba más garantías sanitarias a la carne consumida y suponía un coste añadido para las explotaciones de vacuno, ovino y caprino, que sólo en la provincia de Ávila logra un ahorro de 700.000 euros. Descubrimos que ese trámite era poco más que cobrar por una firma en barbecho.
Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, del 7-X-2007.
Fiscalizacion.es 
Respecto a la simplificación de los procedimientos a las empresas todavían andan el MAP y la Cámara de Comercio firmando protocolos y dando coba para, de momento, no avanzar demasiado en algo que es imprescindible (lo comenté en un post el otro día).
En cuanto a la supresión de fotocopias del DNI me hace gracia. Es cierto que hay un decreto y quizá en muchos sitios se esté ya poniendo en marcha pero hace poco he dado de alta un niño en la vida civil y me han pedido fotocopia en todas partes: INSS, AEAT, Registro Civil, Ayuntamiento, etc. Una cosa es la norma y otra la arraigada cultura en los que trabajan en lo público.
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La burocracia, en su sentido peyorativo (“papeleo” es la denominación coloquial), representa sin duda una rémora para el desarrollo económico, pero también:
– Una técnica de control social (de “contraorganización”, diría Alejandro Nieto). En el mundo imaginado por W. S. Borroughs (““Naked lunch”), los individuos portan voluminosas carpetas llenas de papeles que les pueden ser requeridos en cualquier momento por la autoridad, tras intentar trámites imposibles que obligan a estar en varios sitios a la vez. Terror en estado puro. La dificultad y la demora en obtener prestaciones o autorizaciones de las Administraciones públicas mediante los procedimientos formalmente existentes, fortalece los lazos “familiares” que rigen la cultura política y administrativa en nuestro país (“Manolo, ¿conoces a alguien en el Catastro?”) y conduce en último término a la desmoralización social y al clientelismo. Si los procedimientos establecidos no consiguen “mover” la maquinaria administrativa, se deja de ser ciudadano, no existen verdaderos derechos, toda concesión es graciosa y no debida, favor con favor se paga, hoy por ti y mañana por mí. En el poco frecuentado terreno de la moralidad pública, esto significa la desaparición de la confianza ciudadana en el sistema democrático y abre la puerta al siguiente estadio.
– La corrupción. Cuando una persona (un empresario, por seguir la orientación del post) comprueba, o conoce de antemano, la inutilidad de presentar un mero proyecto técnico y una solicitud para obtener v. gr., una licencia urbanística, como hombre práctico que es, comienza a explorar los cauces informales de acceso a los administradores públicos. Aquí aparecen, como dramatis personae, el “conseguidor”, el Concejal corrupto y el técnico de himen complaciente, cerrando el círculo que une burocracia y corrupción.
– No todo es control y corrupción. Desde el lado de los funcionarios, la burocracia también puede ser una querencia sentimental. Cuando se suprimieron las pólizas, seguro que el espacio sobre el papel –blanco vacío intolerable- lo llenó la lágrima de algún jefe de negociado. Un entrañable funcionario de novela (creo que de Galdós, pero cito de memoria), único conocedor de la maraña normativa sobre derechos pasivos, siente acabar su vida cuando se publica un texto refundido, inteligible para cualquiera.
Creo –aunque me gustaría equivocarme- que la e-administración, la eficiencia, el desempeño y demás cosillas similares difícilmente van a dar tanto juego literario como la covachuela ministerial de toda la vida, todavía lejana a la extinción, contra lo que podamos pensar los optimistas, como he comprobado en carne propia después de varias horas de espera –sin éxito- para la renovación del DNI. Por cierto, ¿conocéis a alguien en la Delegación del Gobierno?.
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Efectivamente hay una Orden de Presidencia del Gobierno que exime a los ciudadanos de presentar fotocopia del DNI. pero en concreto la Seguridad Social, tanto INSS como Tesorería la pide como su tabla de salvación y ni siquiera le admiten a trámite su solicitud, contraviniendo la Ley 30/1992. y si alegas la dichosa Orden, pues dicen que muy bien, pero que no disponen de conexióna la Guardia Civil y mientras tanto, a fotocopiar el DNI. La Orden de Presidencia es de fecha 28 de diciembre ¿será por eso?.
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Las medidas tendentes a facilitar las cosas a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas deberíans er adoptadas coordinadamente, y conjuntamente por el Estado y las Comunidades Autónomas. Muchas de las medidas teóricamente modernizadoras de la Administración son promovidas por la Administración General del Estado. Lo cierto es que hoy en día los ciudadanos tienen más relación con la Administración autonómica y con las entidades locales, por lo que si éstas no adoptan esas medidas, todo se queda en lo que anuncia el ministro de turno, en la noticia en los periódicos, y poco más. Habría que preguntar para que valen las conferencias sectoriales y otros instrumentos que según parece están para coordinar, acordcar, convenir, y cosas así.
Lo que yo veo en la Administración es que absolutamente todo está en papel, y que la informática sirve para facolitar el trabajo, pero lo de la «administración electrónica», en términos prácticos, está a años luz de ser algo real.
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Aquí el dato actualizado de 2010.
Ante la situación de desempleo son muchas las personas que se lanzan a emprender negocios. Sin embargo, en España es difícil hacer negocios y en el último año incluso se ha empeorado, al menos si comparamos con otros países. Así se desprende del informe «Doing Business 2010» confeccionado por el Banco Mundial.
Entiendo que sería más eficiente actuar a medio plazo facilitando la creación de riqueza que a corto plazo en el rescate de los empobrecidos.
http://alfonsogadea.blogspot.com/2010/04/en-espana-es-dificil-hacer-negocios.html
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