El artículo del diario “El Economista” que hoy ilustra esta entrada, pone de relieve los intentos por ayudar a los emprendedores a crear una empresa. Según el informe Doing Business’2008 del Banco Mundial, España ocupa el puesto 38 del mundo en cuanto a facilidades y burocracia para abrir negocios: diez procedimientos distintos con una duración de 47 días, frente a los seis de Estados Unidos o Dinamarca.
La curiosa similitud entre este ranking y el elaborado por Transparencia Internacional para medir la corrupción debe hacernos reflexionar. Los mismos Estados comparten tradicionalmente los primeros y los últimos puestos de ambas listas. ¿Hay correlación entre corrupción, pobreza y burocratismo? Lo cierto es que con dos trámites se puede abrir un negocio en Singapur y Nueva Zelanda, mientras que en Guinea Ecuatorial son necesarios 20.
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Clasificación en facilidad de hacer negocios actualizada a junio de 2007 |
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| 1 Singapur
2 N. Zelanda 3 EEUU 4 Hong K. (Ch) 5 Dinamarca 6 Reino Unido 7 Canadá 8 Irlanda 9 Australia 10 Islandia 11 Noruega 12 Japón 13 Finlandia 14 Suecia 15 Tailandia 16 Suiza 17 Estonia 18 Georgia 19 Bélgica
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20 Alemania
21 Holanda 22 Letonia 23 Arabia S. 24 Malasia 25 Austria 26 Lituania 27 Mauritania 28 Puerto Rico 29 Israel 30 Corea 31 Francia 32 Eslovaquia 33 Chile 34 Santa Lucía 35 Sudáfrica 36 Fiji 37 Portugal 38 España
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44 México
45 Hungría 46 Bulgaria ——— 58 Perú ——— 65 Panamá 66 Colombia ——— 69 El Salvador ——— 74 Polonia —– 83 China ——— 93 Nicaragua ——— 98 Uruguay 99 R. Dominicana
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100 Grecia
——— 103 Paraguay ——— 106 Rusia ——— 114 Guatemala 115 Costa Rica ——— 121 Honduras 122 Brasil ——— 128 Ecuador 134 Mozamb. ——— 140 Bolivia ——— 172 Venezuela
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La publicación de estos datos comparativos inspira a los gobiernos a reformar. Desde su comienzo en octubre de 2003, la estadística del Banco Mundial ha proporcionado acicate o información sobre 113 reformas en todo el mundo. En 2006, Georgia determinó como objetivo hallarse entre los primeros 25 países y ha empleado sus indicadores como puntos de referencia en su avance. Ahora se halla en el puesto 18 en facilidad de hacer negocios, y el gobierno se ha impuesto un objetivo incluso más ambicioso.
Con frecuencia los medios de comunicación ponen de relieve las dificultades de un amplio sector de la ciudadanía para relacionarse eficazmente con la Administración. Cada vez desaparecen más trámites caducos.
Hace 25 años se suprimieron las pólizas, especie de sello adquirido en un estanco, que debían acompañar los escritos dirigidos a la Administración. Durante mi servicio militar en la oficina de reclutamiento presencié grandes colas de estudiantes para tramitar la prórroga de incorporación a filas. Podían estar varias horas esperando. Y cuando llegaban a la ventanilla, preguntaban ¿está todo? “¡Falta la póliza!”, decía el soldado-oficinista. La cara del joven palidecía hasta que un veterano se la vendía por un módico recargo. Menos más que han ido cambiando las cosas.
Hoy, aquellos comportamientos tan sumisos ante la ventanilla forman parte de una pesadilla que la historia se llevó, en el mismo paquete que el servicio militar obligatorio. Recuerdo en esa misma época que una funcionaria, durante la matrícula universitaria, se presentó ante una cola atestada de estudiantes exigiendo que se alineasen por orden alfabético. Parecía que iba a salirse con la suya cuando el revuelo alertó al Secretario de la Facultad que impuso el sentido común.
En la década de los 90, la Ley 30/1992, de Administraciones Públicas, sentó el derecho del ciudadano a no aportar documentos que ya obrasen en los archivos y registros de la Administración, aliviando así al ciudadano de la carga de aportar múltiples legajos con sus copias de forma inútil.
En la actual década, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se brindó la posibilidad de no personarse físicamente ante la Administración y de gestionar sus asuntos desde el domicilio. Así, una conocida encuesta del CIS sobre la calidad de los servicios públicos, fechada en marzo de este mismo año, destacaba las principales trabas que los ciudadanos se encuentran a la hora de acceder a aquellos: la lentitud a la hora de resolver los trámites (65%) o la excesiva burocracia (61%) por parte de quienes lo prestamos. Son tópicos que encontramos en todas las conversaciones sobre funcionarios.
El sondeo refleja también el importante esfuerzo de modernización de todas las Administraciones Públicas españolas. Se ha mejorado en la incorporación de nuevas tecnologías, en el acceso a través de Internet, en las instalaciones de las oficinas de atención al público e información al ciudadano. Sin embargo ese progreso no se reconoce en la sencillez de los procedimientos administrativos, ni en el trato al ciudadano o la rapidez en resolver las gestiones. En total, “sólo” un 27.2% valora el funcionamiento de la Administración como negativa.
Con cierta periodicidad se divulga la eliminación de algún trámite que nada aporta al procedimiento. La supresión de la fotocopia del DNI fue la penúltima. Un ejemplo reciente. El presidente Zapatero durante su intervención este fin de semana en la Fiesta del Campo de Galicia, avanzó, ante más de 13.000 agricultores y ganaderos, que el próximo Consejo de Ministros “acabará” con una “carga inútil” (sic) para los ganaderos, al suprimir el certificado veterinario, requerido por los mataderos para sacrificar sus cabezas de ganado. Reconoció las contrariedades que este trámite constituye para las exportaciones.
Este certificado, cuya exigencia está vigente desde enero de 2001, suponía a los ganaderos un pago de entre 9 y 24 euros, sin argumentos técnicos que justificaran su mantenimiento. Desde el sector se reclamaba el fin de este medida al considerar que no aportaba más garantías sanitarias a la carne consumida y suponía un coste añadido para las explotaciones de vacuno, ovino y caprino, que sólo en la provincia de Ávila logra un ahorro de 700.000 euros. Descubrimos que ese trámite era poco más que cobrar por una firma en barbecho.
Una versión de este artículo fue publicada en el diario La Nueva España, del 7-X-2007.
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