Intervengo este lunes en la Universidad Carlos III de Madrid, dentro de la II Jornada Técnica sobre Estabilidad Presupuestaria, ante un centenar de funcionarios, muchos de ellos amigos de mi época de administrador universitario. Podeis ver aqui las ponencias y aquí los videos. En el excelente blog Más que Universidad tenéis también un resumen de los contenidos. Comparto con la jurista Ana Caro un análisis de las responsabilidades de la gestión económico-financiera. Ella centrada en el nuevo delito de falsedad de las cuentas públicas y yo en la responsabilidad contable y administrativa. Recordemos que las responsabilidades del art. 145 LRJPAC, que el profesor Domenech llama un bonito florero, son prácticamente inexistentes para los Tribunales de justicia. Así que  nos centramos en la responsabilidad contable y, sobre todo en las llamadas “zonas grises”, como por ejemplo: 

– Prescripción ingresos (ojo: matrículas morosas y la difícil recaudación en via ejecutiva)

– Gastos innecesarios (Fiscalia)

– El problema del extraneus (Ver entrada)

– Acción Pública (ver entrada)

Todo ello en el marco de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre Boadilla del Monte (ver entrada) que supuso un jarro de agua fría en el ejercicio de las competencias del Tribunal de Cuentas sobre la exigencia de responsabilidad contable pues concluyó que “los pagos que emanan de los órganos competentes para aprobarlos y no fueron impugnados en la jurisdicción contencioso administrativa no pueden ser considerados indebidos”.

Nuevos controles

 

La lucha por la estabilidad presupuestaria supone todo un reto para los gobiernos europeos. Hace unos días, el Consejo de Ministros recibía el informe del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Se trata de un organismo que requiere la puesta en marcha de una Ley Orgánica que pretende transponer una Directiva comunitaria de 2011, antes de final de año. Ha sido criticada:

Todos tenemos una escéptica percepción: se incorpora un nuevo organismo entre la IGAE y el Tribunal de Cuentas sin saber muy bien porqué sus tareas no las puede ejecutar el uno o el otro ¿Tan difícil sería modificar la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas e imponerle esas nuevas competencias y exigencias supervisoras? Brasil lo ha hecho y trimestralmente los Tribunales estatales deben informar de eso.

Para terminar podríamos poner un chiste de El Roto, muy apropiado para estos temas de austeridad, pero hemos escogido estas sarcásticas declaraciones del director de cine, Ken Loach, sobre como debería gestionar el Gobierno conservador británico el funeral de Margaret Tatcher, en el marco de la estabilidad presupuestaria.