Con el otoño llegará la más esperada reunión de los funcionarios vinculados al control interno local. Se trata del formidable CCIL23, cuya tercera edición acoge la ciudad de Palencia. Impulsada por la IGAE y la Diputación palentina, presenta un programa plagado de paneles paralelos, comunicaciones y mesas redondas sobre variados temas. Merece la pena echar un vistazo. Aquí algunas conclusiones del 2021, así como las del año 2019.

Uno de los temas estrella de las finanzas municiapales está siendo el relativo a los planes antifraude. La semana pasada, el Consello de contas de Galicia publicó y envió al Parlamento Gallego el Informe de evaluación de los sistemas y procedimientos de las entidades locales para la implementación de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, ejercicios 2021-2022. Se trata de un trabajo efectuado en colaboración con el Tribunal de Cuentas y los Órganos Autonómicos de Control Externo que se enmarca en la función de colaboración del Consello de Contas en el fomento de marcos de integridad pública en la gestión de las entidades locales de Galicia y los protocolos suscritos con el conjunto de Diputaciones Provinciales de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP). Se complementará con la puesta a disposición de las entidades locales de Galicia de una «Guía para la elaboración de Planes de Prevención de Riesgos de Gestión y de Medidas Antifraude» y una herramienta informática para la autoevaluación de los riesgos de gestión.

Precisamente, este mes de julio se hacía público el relevo de José Antonio Redondo como Conselleiro Maior, correspondiendo su sustitución provisional a Simón Rego Vilar, Conselleiro del Área de Corporaciones Locales y Presidente de la Sección de Fiscalización. Os recuerdo a los muy cafeteros que está convocada la IV edición del Premio Carlos G. Otero para trabajos de investigación (fecha de entrega: 15 noviembre 2023) impulsados durante el mandato del propio José Antonio Redondo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela.

 Volviendo a la auditoría que hoy queremos comentar, el trabajo se efectuó en dos fases, una primera relativa al conjunto de entidades de la Administración local de Galicia, para la elaboración de un diagnóstico global de situación, y una segunda relativa a una muestra de entidades gestoras de fondos NextGeneration. Veamos su contenido.

Situación general de los ayuntamientos de Galicia

Los trabajos se iniciaron con una primera comunicación a la totalidad de los ayuntamientos de Galicia, en la que se les solicitó la designación de un interlocutor y la contestación a un cuestionario con la finalidad de conocer si los ayuntamientos gallegos disponían, a fecha de 30 de junio de 2022, de algún tipo de sistema de integridad y si habían aprobado un Plan de medidas antifraude (PMA), tal como lo configura la Orden 1030, en caso de que las entidades fueran beneficiarias de fondos destinados a la realización de acciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Una vez recibida esta información inicial se realizó un análisis más profundo del contenido de los PMA de 22 entidades locales seleccionadas en una muestra.

Se aprecia que más de la mitad de los ayuntamientos participaron en la encuesta remitida por el Consello, el contenido de la cual se puede consultar en el apartado de anexos del informe. De los 178 Ayuntamientos que participaron, 46 contestaron que tenían un PMA aprobado y remitieron la documentación del mismo. Asimismo, 58 ayuntamientos contestaron que tenían conocimiento de que eran gestores de fondos del PRTR, por lo que están sujetos a la obligación de disponer de un PMA, sin embargo, solo 46 declararon tenerlo. En la mayoría de los casos, esta situación se explica por el hecho de que aún no había transcurrido el plazo de 90 días hábiles para la aprobación del PMA a contar desde que se tuvo conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.

Aspectos contrastados

De los PMA de esas 22 entidades locales seleccionadas en la muestra, destacamos algunas conclusiones:

• Realización de autoevaluaciones de los procedimientos para concretar el estándar mínimo a cumplir según lo establecido en la Orden que regula los principios de gestión específicos del PRTR. Esta autoevaluación debería llevarse a cabo por los órganos gestores y revisarse periódicamente para garantizar un escenario de riesgo bajo, conforme a los test de autoevaluación y riesgo diseñados en los anexos de la Orden. Se preguntó a las 22 entidades seleccionadas, si habían realizado la autoevaluación de sus procedimientos a lo que 7 contestaron afirmativamente. Prácticamente, se limitaron al cuestionario diseñado en el anexo II.B.5 de la Orden, denominado: Test de conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción. La puntuación media obtenida por las entidades en este test consiguió alrededor de los 30 puntos sobre los 64 máximos posibles.
• Declaración de la entidad manifestando el compromiso firme contra el fraude que implique tolerancia cero ante el mismo. Esta es una medida clave que forma parte de la fase de prevención del ciclo antifraude. Se comprobó que todas las entidades de la muestra (salvo una) tienen aprobada una declaración institucional de compromiso contra el fraude.
• Existencia de un código ético o de conducta que defina claramente la política de integridad de la institución. Los auditores comprobaron que todas las entidades (salvo una) habían aprobado un documento denominado código ético. Con carácter general los códigos figuran incluidos en los PMA como un anexo, por lo que se aprobaron en el mismo acto y fecha y por el mismo órgano que los planes.
• Creación de un comité antifraude o órgano similar. La misión de esta unidad será la supervisión de la adecuada aplicación de las medidas antifraude que se hayan aprobado, así como la evaluación de riesgos y la eficacia de los controles internos en relación al fraude y la corrupción. También informará sobre acciones y recomendaciones para la mejora de la política antifraude. Los auditores constataron en este apartado que no todas las entidades de la muestra han creado ese comité, solo 13 de ellas lo hicieron. Se constituyeron de forma colegiada por un número de entre 5 y 11 miembros, todos ellos con formación en la materia con reuniones periódicas del y emitiendo un informe anual de evaluación.
• Evaluación de riesgos vinculados con el fraude, corrupción, conflicto de intereses y doble financiación. Esta es una de las principales medidas de prevención de las que se debe dotar una entidad. Para implantarla es imprescindible identificar todas aquellas actividades o procesos en las que exista un riesgo de que se produzcan incumplimientos o fraude. Además, debe evaluarse la probabilidad de que estos riesgos ocurran, su gravedad y las medidas que se pueden adoptar para evitar su acaecimiento o mitigar sus efectos.

• 

  Actuaciones formativas en materia de fraude y conflicto de intereses. El objetivo de la formación, recuerda el informe, es que “tanto el personal como los cargos políticos conozcan los componentes básicos de la política antifraude de la entidad” y la necesidad de llevarla a la práctica para evitar o paliar situaciones de fraude, corrupción, conflictos de interés o doble financiación. Los auditores comprobaron que, con carácter general, solo las entidades de mayor población realizaron actividades formativas para el personal, alcanzando a todos los niveles jerárquicos, aunque normalmente con carácter voluntario. Lo más habitual es que la formación se lleve a cabo a través de cursos o de charlas informativas o seminarios

• Por otra parte, entre las medidas de detección, se preguntó a los ayuntamientos sí disponen de un canal de denuncias. Debe implantarse un canal de denuncias específico a través del cual los empleados y la ciudadanía en general puedan poner en conocimiento del órgano competente la comisión de una irregularidad. El uso de estos medios debe ir acompañado de medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de la información y medidas de indemnidad. Estas son las conclusiones de la muestra analizada:
  • Se comprobó que solo 11 de las entidades tienen un acceso a los canales de denuncias en su página web o en la sede electrónica, de manera que las otras 11 entidades carecen en la práctica de estos mecanismos de comunicación.
  • Todas las entidades manifestaron que informaron a su personal sobre la existencia del canal de denuncias.
  • En todos los casos los canales de denuncias disponen de medidas de garantía de la confidencialidad de los informantes, sin embargo, solo una entidad estableció medidas para detectar denuncias falsas.
  • En la mayoría de las entidades la encargada del examen de las denuncias y de tomar medidas correctoras es la comisión antifraude.