El panel final del el VIII Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público estuvo moderado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña Ochoa con el título La nueva normativa de la contratación y la lucha contra la corrupción. 

Durante su exposición, el auditor del  Consello de Contas, Eloy Morán presentó la sección de Prevención de la Corrupción de la insitución gallega de control externo así como algunos interesantes documentos de su página web aprobados, en su reunión del día 20 de diciembre de 2017:

• Estrategia en materia de prevención de la Corrupción y
• Directrices técnicas para la evaluación del control interno en las entidades públicas

El asunto despierta gran interés porque, frente a las Agencias Antifraude creadas en diversas CCAA, el Parlamento de Galicia apostó (Ley 8/2015) por atribuir al el Consello la responsabilidad de la prevención de la corrupción. No sin grandes críticas (“competencias sin presupuesto”) responde a la influencia portuguesa que ya comentamos en esta bitácora.

En el primero de los documentos mencionados, la estrategia en materia de prevención de la corrupción, repasa los ejes de actuación:

• Las actuaciones de evaluación del control interno
• La propuesta de planes de prevención de riesgos de la corrupción
• La propuesta de guías y manuales internos de gestión de riesgos
• Acompañamiento en la implantación de planes
• Evaluación sistemática y seguimiento de los planes
• El seguimiento de los planes o sistemas de prevención en las entidades objeto de fiscalización

Asimismo, incluye un calendario orientativo de la realización de los trabajos precisos para la concreción de esos propósitos.

En el segundo de los documentos, Directrices técnicas evaluación control interno, se elabora un modelo para ser aplicado a las instituciones del sector público autonómico, con el objeto de identificar el entorno de control y políticas de integridad en las que se ejecutan los recursos públicos, y proponer acciones de mejora para fortalecer sus sistemas y las actividades de control para la prevención de riesgos de la corrupción.

Partiendo de sus componentes, según la concepción COSO, aporta unos cuestionarios de interesante lectura y reflexión. Están anunciados más documentos.

Tecnología blockchain al servicio del auditor

La funcionaria del Tribunal de Cuentas Europeo, Magdalena Cordero, presentó la ponencia (ver foto) titulada “La tecnología de cadena de bloques (blockchain) al servicio de la contratación pública” sobre el proyecto piloto (2017) del TCE de utilización de esa tecnología en el ámbito de la auditoría de la UE y explorar su aplicación práctica. Recientemente, el 16 de mayo de 2018, el Parlamento Europeo adoptó la resolución del blockchain, afirmando que “la cadena de bloques es una tecnología punta y aspiramos a hacer de la UE el líder mundial en la era de la cuarta revolución industrial”.

Una perla durante la introducción a su exposición: el ECAlab, que es el espacio físico de trabajo, ahora que el auditor es un tecnólogo, su labor se digitaliza y su espacio físico de trabajo.

El ECALab es una red interna de personal del TCE que está interesada en el uso innovador de la tecnología para la auditoría. (Intereses diversos y formación diferente). También es un espacio físico en el que pueden someterse a ensayo las nuevas tecnologías Un punto de encuentro para compartir conocimiento e ideas en tecnología para la auditoría. Este sería un ejemplo:

Es, en definitiva, un lugar para los auditores, donde pueden pedir ayuda y consejo y buscar soluciones para problemas y preguntas que puedan tener. Un centro de aprendizaje, con libros y gentes disponibles para responder Un equipo abierto en un espacio abierto.

Materialidad y legalidad: eterno dilema de los auditores

Antonio Minguillón Roy (tiene un merecido tag propio en esta bitácora) es director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, abandonó por una vez su tradicional exposición tecnológica enfrentando aspectos más leguleyos: la fiscalización de la contratación
y la importancia relativa de los incumplimientos.

Se remitió a Guía sobre la importancia relativa en las fiscalizaciones de legalidad, cuyo apartado IV estudia la contratación. No todos los incumplimientos tienen la misma importancia, y al informe sólo deben ir aquellos que sean significativos.

Distinguió cuatro categorías de incumplimientos, que son las siguientes:

• Claramente insignificante
• Poco significativo
• Significativo
• Muy significativo

En líneas generales, cualquier incumplimiento que atente contra los principios y objetivos generales de la contratación se considerará significativo y sondescritos en el epígrafe IV.11 de la norma, que pone algunos ejemplos, que conviene repasar.

Hacia una estrategia nacional de contratación

Por su parte,  Mª José Santiago Fernández, Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación, destacó el papel transcendental que han cumplido los tribunales administrativos de recursos contractuales en el control de las licitaciones en su fase precontractual, antes de la ejecución del contrato y el extraordinario éxito de este modelo de control, ha determinado que en la nueva LCSP se amplíe el ámbito del recurso especial en materia de contratación, tanto bajando los umbrales de los contratos susceptibles de recurso especial como ampliando los actos impugnables para incorporar la admisión de ofertas, la modificación de los contratos , la formalización de encargos a medios propios y el rescate de las concesiones.

Por otro lado, expuso las funciones de la Oficina Independiente como órgano encargado del control y coordinación de la supervisión en materia de contratación y para ello destacó la labor de coordinación con la Intervención General del Estado, las Intervenciones autonómicas, el Tribunal de Cuentas y los OCEX; sin que la Oficina tenga una potestad sancionadora.

Y por último quiso poner el acento en la importancia de hacer primero un informe de supervisión de la contratación -con el fin de hacer el diagnóstico de cuáles son las principales patologías en el ámbito de la contratación- y partiendo de ese diagnóstico previo, se elaboren pautas, directrices e instrucciones para paliar las patologías detectadas. Todo ello se plasmará en la Estrategia Nacional de Contratación, vinculante para los poderes adjudicadores y no adjudicadores de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales