La Comisión Europea creó en 1999 la Oficina europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), con responsabilidad para realizar investigaciones administrativas contra el fraude. Se trata de un pilar fundamental en la arquitectura de gobernanza comunitaria que es objeto de análisis en el último libro de la catedrática leonesa Mercedes Fuertes: Combatir la corrupción y legislar en la Unión Europea, Marcial Pons, 2015.

Se trata de una obra breve de fácil lectura (poco más de 100 páginas) donde la autora estudia dos aspectos de gran actualidad: la lucha contra la corrupción y los problemas de la integración europea. Propone reformas concretas para garantizar la protección de los derechos de los investigados y pero también para reducir las trabas que encuentran sus denuncias. Además, en la segunda parte analiza el principio de subsidiariedad, en virtud del cual “la Unión Europea solo podía legislar «en el caso de que» y «en la medida en que» los objetivos generales no pudieran ser alcanzados de manera suficiente por los Estados”, como expresa la autora que profundiza en sus consecuencias prácticas y “si realmente el procedimiento establecido para garantizar su respeto está sirviendo para tejer mejor el Derecho comunitario europeo o, más bien, supone el riesgo de destejer en parte el lienzo ya trenzado”. Algunas de las carencias y defectos de esta Oficina reclaman la regulación de unos trámites de actuación claros que respeten los derechos fundamentales de los afectados y unas garantías procedimentales mínimas.

Para la Mercedes Fuertes, resulta esencial la formalización de un procedimiento administrativo, establecer mecanismos de control de la actuación, como es la existencia de un procedimiento formalizado, que además facilita el análisis de la responsabilidad de las conductas públicas y evita la proliferación de peticiones de indemnización por investigaciones irregulares. Entiende insuficiente la confección de una «guía» por el Director de la OLAF, meras instrucciones de actuación -similares a las tradicionales circulares u órdenes de servicio de nuestro Derecho público, mediante las cuales los superiores orientan el comportamiento de una dependencia- que carecen de la suficiente fuerza vinculante para garantizar la posición jurídica de los ciudadanos afectados por una investigación, por mucho que se difunda en la página web de la OLAF. En su opinión, al carecer de una legislación del procedimiento básico de actuación administrativa de las instituciones europeas debería promoverse un Reglamento específico del procedimiento de investigación de la OLAF.

Nos hemos acostumbrado a convivir con ingentes fondos estructurales, de desarrollo y de cohesión, sociales, agrícolas o de pesca. Para evitar que tan cuantiosas ayudas se desvíen o no consigan satisfacer sus fines, la OLAF ha realizado miles de investigaciones, dando lugar a la recuperación, desde su creación, de más de 1.100 millones de euros para el presupuesto de la UE y penas de prisión por un periodo acumulado de 900 años.

Su relevancia era subrayada ayer por el magistrado asturiano David Ordoñez, con ocasión del curso en la sede gijonesa de la UNED sobre “La ética pública en España y en la Unión Europea”, en esta amena entrevista, donde destaca nuestro país como uno de los Estados miembros que recibe más correcciones financieras por parte de la Comisión Europea. Ordoñez es un estudioso del lenguaje administrativo así como de la lucha europea contra el fraude en la gestión de fondos.

En este sentido, el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo titulado “La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica” observó « insuficiencias significativas que muestran que el sistema no es suficientemente eficaz y que deben ser resueltas». Pone como ejemplo que ni Europol ni la OLAF tengan acceso a los datos de la red antifraude de los Estados miembros o al intercambio de información sobre el IVA.

Los auditores visitaron Alemania, Italia, Hungría, Letonia y el Reino Unido, donde constataron que no hay suficiente cooperación y las competencias de las autoridades administrativas, judiciales y policiales se solapan. Así las administraciones tributarias de los Estados miembros intercambian información sobre el IVA, pero concluye que “existen problemas de exactitud, exhaustividad y puntualidad de los datos, sin realizar controles cruzados eficaces entre los datos aduaneros y fiscales”. Por eso, recomienda que el Parlamento Europeo y el Consejo incluyan el IVA en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre la lucha contra el fraude y en el Reglamento sobre la Fiscalía Europea, y asignar a la OLAF competencias claras e instrumentos para investigar ese tipo de fraudes.