Hace un par de semanas se presentaba en Madrid, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, un interesante informe, no suficientemente divulgado. Se trata de «El Marco de Integridad Institucional en España: Situación actual y recomendaciones» elaborado por Transparencia Internacional dentro del proyecto ENIS, que agrupa 25 países de la Unión Europea bajo el título “Dinero, política y poder. Los riesgos de la corrupción en Europa” y que había concluido con resultados alarmantes: “Europa se enfrenta a los riesgos de corrupción significativos, en particular en la intersección de los negocios y la política. El sistema actual permite una influencia indebida o una conducta ilícita, y evita el escrutinio público”.

El documento español recoge un completo diagnóstico sobre nuestra situación, en cuanto al nivel de integridad, transparencia y riesgos de corrupción del sistema institucional, evaluando de forma específica cada una de las doce instituciones españolas más representativas en este terreno. Veamos alguna de sus conclusiones. 

Situación actual

El estudio analiza esas instituciones del Estado, que van desde los partidos políticos, al Tribunal de Cuentas, pasando por la sociedad civil y los medios de comunicación, además de los tres poderes de todo Estado de Derecho. Sus apuntes están en la órbita del debate que durante los últimos años nos preocupa: “la democracia española está excesivamente controlada por los dos grandes partidos, lo cual reduce y desincentiva el involucramiento de los ciudadanos en el espacio público”.

Todo ello se desarrolla en un marco de  cultura cívica caracterizado por la desconfianza institucional y la baja implicación cívica, las cuales se refuerzan precisamente ante la incapacidad de la sociedad civil de crecer en un entorno tan dependiente de los intereses de los dos grandes partidos y de las redes mediáticas, empresariales e institucionales que se tejen a su alrededor.  “Una sociedad civil que desconfía tiene muchas más dificultades para agregarse y demandar cambios” afirma el estudio.

La consecuencia es que los cambios que España necesita, desde la perspectiva  del sistema nacional de integridad, chocan, además de con los intereses de los dos grandes partidos, con una creencia de fondo, apoyada institucionalmente, de que la gobernabilidad se pone en peligro con estos cambios y que el sistema necesita ante todo estabilidad, eficacia y orden.

El Tribunal de Cuentas en el informe

Recuerda el documento que esta importante institución es, constitucional y legalmente, un órgano con gran independencia, recursos suficientes y personal muy bien preparado “pero en la práctica está  influenciado por los dos grandes partidos, que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control”.

También pide mejorar su normativa interna de integridad y la rendición de cuentas de su gestión interna. Su control a la financiación de los partidos es bastante formal, en gran medida porque la normativa existente – mejorada gracias a los propios informes del Tribunal- no le permite ir mucho más allá.  Concluye: “una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción”.

Decálogo de recomendaciones

Del largo listado de recomendaciones, Transparencia España selecciona las diez que estima prioritarias, considerando su importancia, sus posibilidades de implantación y sus efectos. Estas son las siguientes, de las que destacamos las dos últimas:

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno,  y coordine las actuaciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de seguimiento de su cumplimiento efectivo.

2. Mejorar la normativa de financiación de partidos políticos y asegurar un organismo supervisor independiente de los mismos.

3. Modificar  el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, mejorar la información y formación de los electores en cuanto al funcionamiento del sistema).

4. Impulsar la democracia interna en los partidos.

5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.

6. Aprobar un Plan estratégico de Gobierno abierto, en el que se incluya la aprobación de la Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación  y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

7. Crear una Dirección Pública profesional y reducir significativamente la posibilidad de nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.

8. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la OCDE

9. Aprobar una Ley nacional de Control Externo, que garantice la coordinación entre el órgano nacional y los autonómicos, modernice el contenido de los informes y promueva la eficiencia y el cumplimiento de los plazos.

10. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.