Ayer tuve el honor de moderar el panel de clausura de las jornadas sobre corrupción y transparencia que organiza el Centro de Estudios que dirige Fernando Castro en el Colegio de Abogados de Oviedo. Un fenómeno multidisciplinar que presenta muchas vertientes y que fue analizado durante cuatro días por los más variados profesionales. En efecto, como reza el titular de hoy, la corrupción es un monstruo de siete cabezas que deben ser cortadas de raíz. Eso exige que fiscales, jueces, fuerzas de seguridad, sociólogos, politólogos, periodistas y órganos de control realicen su trabajo, expliquen las causas y propongan soluciones. El Colegio de Abogados de Oviedo, con encomiable rapidez, organizó los diversos paneles, para aportar su grano de arena. Francisco Vázquez, español expatriado a EEUU y actual asesor de la Reserva Federal, desde donde sigue nuestra evolución, nos lanzaba ayer un inquietante mensaje: «Se necesitan más controles para frenar la corrupción porque la situación es dramática».

El fiscal Olayo González Soler inauguró las jornadas dando un buen meneo a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, pidiendo que la fiscalía asuma todos los expedientes de responsabilidad contable. «La fiscalía del tribunal es un observatorio privilegiado para conocer el fenómeno de la corrupción. Recibimos no sólo los informes del Tribunal, sino los que realizan los órganos de control autonómicos. Apreciamos qué irregularidades pueden producirse y las comunicamos a las diferentes fiscalías territoriales». También reconoció que los fiscales allí destinados estudiaban todas las denuncias, abriendo diligencias preprocesales para comprobar la verosimilitud y decidir si continuaba la investigación. Ayer, el capitán de la Guardia Civil, Victor Leiva, abundó en el asunto indicando que la Unidad de Crimen Organizado también analiza todas las denuncias. Algo ha cambiado, en la sociedad y las Instituciones que los “detenidos e imputados por esos delitos fueron 253 en 2012 y ya son 516 antes de cerrar este año”. Las averiguaciones son de una complejidad muy alta que exige un plus de coordinación, con ramificaciones penales, administrativas o tributarias, con implicaciones políticas y, sobre todo, mucha presión mediática. Con esos mimbres la celeridad con se consigue fácilmente. 

 Durante la anterior mesa de los periodistas, Alberto Menéndez había recordado que «la sociedad española ha sido excesivamente complaciente con ciertas prácticas, y los políticos, lógicamente, se han aprovechado de ello”. También repartió las culpas con instituciones clave como las fiscalías territoriales: “había probables escándalos de los que la Fiscalía no quería saber nada. Ahora ha llegado otro momento histórico. Se ha acabado con el tiempo de los políticos acostumbrados a vivir en la impunidad», indicó.

El catedrático de Sociología José María García Blanco había concedido alguna credibilidad a la teoría weberiana de las raíces religiosas de la cultura, que asocia la sociedad de influencia católica con una mayor tolerancia y ambigüedad moral, también en temas de corrupción. Xuan Cándano, director de la extraordinaria revista «Atlántica XXII«, también buscó claves culturales y religiosas en el corrupción del Sur, y destacó la oportunidad perdida de la subida al poder del PSOE en 1982, que coartó a la Justicia y estableció el turnismo político: «los partidos políticos se convirtieron en agencias de colocación. Una bomba de relojería que estalló ahora».

 El auditor Daniel Faura, participante en nuestro panel de clausura, no aceptó que el fenómeno sea una patología mediterránea y se refirió al Sistema Nacional de Integridad que entre sus pilares incluye, como uno más, el trabajo de los auditores. “El auditor analiza los controles internos y si observa alguna debilidad debe comunicarla a la empresa, pero los primeros responsables de establecer medidas de prevención son los administradores”. También explicó que la corrupción y el fraude exigen tres circunstancias: quien lo comete debe tener una motivación, que además sepa racionalizar y justificar su comportamiento, pero también debe tener la oportunidad de llevarla a cabo. “Nosotros sólo podemos operar sobre esta última, no en las demás”. En ese sentido, expuso la petición desde el mundo profesional privado de avanzar hacia la ley de auditoria municipal que les exija rendir las cuentas con un informe de un auditor. Ya hemos tenido ocasión de presentar en esta bitácora esa demanda que han respaldado muchos órganos de control externo.

El profesor de Ciencia Política, Óscar Rodríguez Buznego, moderador de la mesa de los parlamentarios comparó la situación de España con la de la Italia de los años 90, donde llegó a haber 5.000 imputados y dos tercios de las cámaras legislativas. Sin embargo, los representantes del partidos regionales, en animado debate, no encontraron que la corrupción sea sistémica.

 La catedrática de derecho financiero, Begoña Sesma comenzó su exposición durante nuestra mesa redonda recordando la preocupación de la ciudadanía (CIS dixit) que ahora exige una apuesta decidida contra la corrupción, entre sus variadas formas como el despilfarro: «una forma de corrupción, una práctica quizá menos visible y de menor impacto social, pero no por eso menos dañina». Entre sus conclusiones, pidió la reforma, tras más de tres décadas de vigencia, de toda la legislación del Tribunal de Cuentas con muchas partes obsoletas o anticuadas. Por supuesto, la exigencia ineludible de colaboración entendió que debe ser una pieza clave del sistema de control, sin que puedan aceptarse ningún comportamiento de obstrucción.

En el turno de los magistrados, el jueves pasado, Chaves abordó las máscaras jurídicas de la corrupción, particularmente los típicos conceptos de autonomía, discrecionalidad, autoorganización y eficacia, que son aprovechados por los corruptos «para dar cobertura jurídica a sus tinglados y prácticas clientelistas»; postuló la acción conjunta del legislador «con leyes técnicamente mejores» y tribunales que apurasen las «medidas cautelares para frenar los abusos». Insistió con vehemencia en la necesidad de dotar de legitimación al Ministerio Fiscal «para la impugnación de los desafueros en materia de empleo público o contratación». Su colega, David Ordoñez apeló al derecho comunitario cuyos incumplimientos están en el origen de multitud de casos de corrupción Transparencia y controles, funcionarios independientes y promovidos por mérito y capacidad. En ese sentido, destacó la labor de la OLAF en su combate. Como es habitual, terminó su intervención con la frase de Thomas Jefferson: «El precio de la libertad es la vigilancia eterna».

La última intervención del seminario corrió a cargo del Comisario Jefe de Gijón, Dámaso Colunga, que sorprendió a los asistentes con una emotiva intervención pidiendo una reforma que agilice los grandes procesos judiciales y puso cifras: Gürtel, 7 años; La Camocha, 15 años; Fabra, 14 años. En su opinión, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal debería ser una prioridad parlamentaria.  Presentó las unidades de Inteligencia Financiera de las Fuerzas de Seguridad, con equipos multidisciplinares, muy preparados y con buenas herramientas tecnológicas, pero lamentó cierta politización de la Policía: «El 90 por ciento de los altos cargos son relevados con cada cambio de Gobierno», afirmó. «Me gustaría una normativa que lo impidiese». En su opinión, la evolución en este frente no ha mejorado demasiado: «los responsables públicos parece que siguen sordos al mensaje».