Ayer, Transparencia Internacional presentó en Madrid dos interesantes documentos. Por un lado, el Índice de Fuentes de Soborno 2011, del que hablaremos en una próxima entrada. Por otra parte y en el mismo acto, se presentaban los resultados provisionales del estudio sobre el Sistema Nacional de Integridad español; un extenso diagnóstico de la situación de nuestro país en base al análisis en profundidad de trece instituciones fundamentales del sistema político, socioeconómico y judicial español. Un oportuno recordatorio ante la campaña electoral que ha comenzado hace unos minutos y que nos permite escudriñar en los programas electorales de ámbito nacional para saber su posición sobre la fiscalización externa de las cuentas públicas. 

El Sistema Nacional de Integridad

Entre las conclusiones del citado informe de Transparencia Internacional, la nº 22 habla de “la politización en los nombramientos del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas” lo que supone “un grave problema para la integridad del sistema y para la legitimidad de los propios órganos”. Aunque reconoce que la solución es “muy difícil”, apuesta por suprimir la reelección, aunque se extienda el mandato y evitar el “retraso crónico” en los informes (nº 24).

Entiende el documento que es necesaria “una Ley Nacional de Control Externo”, que coordine la labor de los órganos de fiscalización externa y que promueva cooperación entre ellos.

¿Qué dicen sobre este asunto los programas electorales de los principales partidos políticos que concurren en toda España a las elecciones del 20-N? Es un terreno delicado, así que veámoslo con interés profesional y por orden actual de escaños.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Ninguna referencia realiza el programa del PSOE al Tribunal de Cuentas, a diferencia de la extensa parte dedicada a la reforma de la Justicia, de la Universidad o de la Administración, en general. Dentro del parágrafo 2.8 (“por una política limpia”) hace una cordial referencia a los funcionarios de control de legalidad al declarar que “estamos dispuestos a ejercer plenamente todas las posibilidades de control administrativo y judicial y a reforzar la posición pública de los cuerpos de asesoría y vigilancia técnica en relación con las actuaciones de los responsables políticos de cualquier nivel territorial”.

En terrenos fronterizos crearían una Oficina de lucha contra el fraude -que integre órganos administrativos que actualmente desempeñan este tipo de funciones- o una Agencia de Evaluación Urbanística conjunta de Estado, CCAA y local, para la evaluación y el control de los instrumentos de ordenación urbanística.

Partido Popular (PP)

En relación con el Tribunal de Cuentas, el programa del PP se compromete a potenciar su jurisdicción y a simplificar y mejorar sus procedimientos, reforzando el deber de colaboración de los fiscalizados y de los terceros requeridos para ello. Además, recoge un requisito para recibir ayudas y subvenciones públicas por las corporaciones locales, ya presente en alguna normativa autonómica: “la exacta y completa rendición de cuentas”. Por último, establecerá nuevas sanciones por las infracciones de la legalidad presupuestaria, reforzando “las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos en el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y en el manejo de los fondos públicos”.

Interesante resulta el compromiso de promulgar una ley de control y auditoría única para todo el sector público español “que garantice que todos los agentes del sistema de control interno actúan bajo unos estándares y reglas comunes, y unos procedimientos uniformes …”. Por último, exigirá la realización de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento a todas las corporaciones locales con más de 5.000 habitantes.

Izquierda Unida (IU)

El programa de IU propone una reforma del Tribunal de Cuentas “para agilizar su trabajo y la eficacia de sus recomendaciones”. Para ello plantea que los gestores “deberán remitirle en el plazo de seis meses un informe sobre las medidas adoptadas para corregir las disfunciones señaladas por el Tribunal”.

En los mecanismos de Intervención, la coalición de izquierda realiza una cariñosa referencia a la reforma y potenciación de la IGAE, así como de sus equivalentes autonómicos  y locales “para reforzar el control de la legalidad del gasto y de la adecuación de su finalidad y procedimientos” garantizando la publicidad de los informes de la Intervención. Además buscaría el establecimiento de “un sistema de exigencia y responsabilidad de los gestores del gasto”. Siempre crítico con los procesos de externalización y privatización de servicios, se compromete a “revocar los procesos de privatización del control de las cuentas públicas y de su auditoría”.

Unión Progreso u Democracia (UPyD)

El programa de UPyD dedica su parágrafo 330 a la “despolitización” del Tribunal de Cuentas, designando sus miembros “sin injerencias partidistas”, como los miembros de los órganos jurisdiccionales. Para ello determina la inelegibilidad que quien, en los quince años anteriores a su nombramiento, hubiera sido “cargo electo” o bien miembro o alto cargo de los gobiernos del Estado, Comunidad Autónoma o Local.

En el ámbito de la financiación de los partidos políticos, sindicatos y patronales (parágrafo 331) el partido que preside Rosa Díez recuerda su control exclusivo del Tribunal de Cuentas. Para su eficaz fiscalización propone que “deberán presentar estados financieros consolidados de toda su organización territorial e institucional, incluyendo fundaciones y sociedades participadas” exigiendo su publicación -íntegra- en la página del partido en Internet para que sea fácilmente accesible para cualquier persona.

EQUO

El programa electoral de Equo se refiere al Tribunal de Cuentas sólo en lo relativo a la financiación de los partidos políticos. Hace suyas, expresamente, las recomendaciones del observatorio europeo contra la corrupción –GRECO– sobre consolidación de las cuentas de los partidos con las ramas locales y entidades afines, transparencia de la información facilitada, refuerzo de las auditorias internas, desarrollo de un sistema de sanciones más amplio y mejora de las atribuciones y recursos del Tribunal de Cuentas.