Hoy, los telediarios abrieron con la noticia de la detención y posterior libertad provisional del hotelero mallorquín Luis Riu, acusado de corrupción. Se le acusa de ofrecer estancias gratis en sus hoteles de lujo a quien fuera Director de Contrucciones de la ciudad de Miami Beach y a todos sus subordinados. La Fiscalía sospecha que 100 habitaciones del mencionado hotel en South Beach, el Riu La Playa, fueron rehabilitadas sin licencia ni la necesaria inspección de seguridad. De hecho, según se recoge en la investigación, fue el ex director de Construcción quien inspeccionó personalmente las instalaciones hasta en 34 ocasiones.

La noticia nos da pie para traer nuevamente a la bitácora la labor del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa. Su último informe anual, publicado hace unas semanas, presenta la cuarta ronda de evaluación que finaliza en diciembre de 2018, analizando las mediadas anticorrupción de parlamentarios, jueces y fiscales donde determina una serie de 11 recomendaciones.

Más concretamente, el informe sobre España concluye que hemos cumplido sólo parcialmente siete e incumplido las cuatro restantes. Así, respecto a los parlamentarios echa en falta la existencia de un Código de conducta y de unas normas relacionadas con los conflictos de intereses así como una mayor transparencia de estas instituciones.

En el ámbito judicial, se cuestionan el sistema de designación de los miembros de los órganos jurisdicionales y su insuficiente independencia política, así como la inexistencia de un Código de conducta para los fiscales y una regulación específica adecuada de los procedimientos disciplinarios y los conflictos de intereses dentro de este ámbito de la Fiscalía.

Según Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, “este Informe del GRECO viene a poner de manifiesto la desidia del Gobierno y de los Partidos políticos y Grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el importante problema de la corrupción, ya que es realmente urgente cambiar el marco legislativo para realizar reformas legales e institucionales como las que pide el Consejo de Europa, y que venimos demandando igualmente la sociedad civil y los ciudadanos”.

Desde esa organización se han venido haciendo numerosas propuestas a los Partidos y Grupos parlamentarios sobre los tres temas que aborda el Informe del GRECO: Se les ha enviado, en primer lugar, un conjunto de veinte propuestas relativas a un Código de buenas prácticas parlamentarias, así como numerosas propuestas relacionadas con los Jueces, sobre la necesaria autonomía e independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno o sobre la necesaria regulación legal de los Lobbies.

Reconoce Transparencia Internacional que algunas de esas propuestas se han incluido en la Proposición de Ley integral contra la corrupción que se está debatiendo actualmente en el Parlamento a iniciativa del Grupo Ciudadanos. Sin embargo, “hay otras muchas cosas y aspectos muy importantes relacionados con la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción, que no han puesto todavía en la agenda legislativa de este país”. Por ello, sigue instando a los Partidos políticos a “considerar la corrupción como una cuestión de Estado y de que lleguen a tal efecto a un Pacto integral contra la corrupción”.

Someter el plan anual de auditorías a la aprobación previa de un parlamento es una servidumbre inaceptable que, además, genera desconfianza ciudadana

Ya puestos a arreglar desaguisados, desde esta bitácora proponemos acabar de una vez con una situación intolerable que persiste desde la década pasada en las Cortes de Castilla y León: de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 2/2002 de Castilla y León,el Plan anual de fiscalización del Consejo de Cuentas se someterá previamente a la aprobación de las Cortes de Castilla y León. Sin perjuicio de las habituales peticiones singulares, esta regulación, inaudita en el resto de las CCAA o del Estado, debe ser rechazada por atentar a la independencia institucional. En regímenes parlamentarios donde coinciden los colores políticos del legislativo y ejecutivo, no es aventurado pensar que aquél intentará desactivar los trabajos proyectados que incomoden a éste. A lo peor, acaban enredando al auditor en las cuitas políticas locales. Miren sino la noticia, que subtitula: «Ningún grupo político cedió en 2017, año en el que no se aprobó el plan de fiscalizaciones, y si esta situación persiste en 2018, en abril habría equipos de auditoría que estarían mano sobre mano».