Yo fui uno de esos miles universitarios a los que sorprendió en primero de carrera la muerte del General Franco y viví los profundos cambios (¡basta con ver mi foto!) que tuvieron lugar en la sociedad española durante la Transición Democrática. Hoy, que la labor de Adolfo Suarez es recordada por todos los medios de comunicación, quiero evocar aquella referencia suya a la España oficial frente a la real, reflejo de una época de Instituciones de cartón piedra, donde la supervivencia administrativa llevaba a muchos gestores públicos a tomar continuos atajos, con incumplimientos flagrantes de antiguallas normativas que querían seguir interviniendo en todo, al margen del dinamismo que traían los nuevos tiempos.

La Ley General de Educación de 1970 intentó una controlada descentralización al reconocer la autonomía de las universidades para determinar «por sí mismas los procedimientos de control y verificación de conocimientos (..) bajo la coordinación del Ministerio de Educación y Ciencia» (art. 64). Se configuraba la Universidad como un Organismo Autónomo, con Estatuto propio, al que se remitían las condiciones de nombramiento del Rector, generalmente entre la terna de candidatos más votados por el Claustro respectivo, Junta de Gobierno o Centros y, como nos recuerda Alejandro Nieto (La tribu universitaria. Tecnos, 1985, pág. 125) salvo excepciones rarísimas, aunque muy significativas, era nombrado el que lograba más votos en la terna.

El presupuesto anual de cada Universidad era elaborado por ella misma y elevado al MEC, el cual lo remitía al Ministerio de Hacienda, para que éste lo sometiera a la aprobación del Gobierno. Esta dependencia quedaba patente en los Convenios con otras entidades públicas o privadas (así, un contrato de I+D) que deberían ser aprobados por el MEC y, en cuanto implicasen obligaciones económicas (siempre) por el Ministerio de Hacienda, que también autorizaba, por su carácter excepcional, las transferencias de crédito entre distintos capítulos presupuestarios y la apertura de cuentas corrientes bancarias.

En realidad, existía en toda la Administración Pública un incumplimiento generalizado de esta normativa. La Moción del Tribunal de Cuentas de 25 de junio de 1986 (BOE nº 18, del 21-1-1987, Págs. 1851-1854) instaba al Gobierno a suprimir las «prácticas irregulares» relacionadas con la tesorería de los 92 Organismos Autónomos, un tercio de los cuales eran universidades: «De las 1598 cuentas abiertas en Entidades de Crédito privadas, en 31-12-1982, sólo respecto a un 7% ha podido aportarse el documento de autorización de su apertura» , o más adelante: «En casi todos los organismos auditados aparecen ‘Cajas B‘ (..) Las cuantías de estas operaciones son muy variables, llegando, a veces, a centenas e incluso a millares de millones de pesetas».

Hasta el año 1975, las tasas académicas se mantuvieron relativamente constantes, lo que deflactado, suponía el descenso de su importe real. El gasto universitario era financiado globalmente con el crecimiento del alumnado y de la subvención del Estado. A partir de 1976, las tasas académicas sufren continuos aumentos, hasta alcanzar el 26% del total de ingresos. Los sucesivos decretos de incremento justificaban la decisión en la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza. Eterno deseo, eternamente inalcanzado. Los Rectores constataban que el funcionamiento de la Universidad española no cesaba de empeorar cualitativamente, mientras que un estudiante en 1980 tenía que pagar, en términos de poder adquisitivo, el triple que en 1975, como constataba el Informe sobre la situación presupuestaria de las Universidades, elaborado en 1981 por la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado (pág. 29 y ss) cuyo vicepresidente era el Rector ovetense Teodoro López Cuesta.

A finales de los años 70 saltó a la prensa el cobro de sobretasas a los alumnos universitarios de Cataluña, lo que suponía un delito de exacción ilegal de tributos. El MEC abrió una inspección de servicios y pidió el procesamiento para los tres Rectores catalanes. Durante el curso 76-77, el Rector Fabián Estapé intentó suprimir esas sobretasas ilegales, lo que provocó una huelga de PAS, en parte destinatarios de esas cantidades (Diario16, 5-3-1980) ante la miseria de sus sueldos. En 1984, el fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa por estar relacionadas con el “estado de necesidad“ (IDEAL de 7-3-1985) que había  provocado el déficit financiero de las tres universidades catalanas. Curioso pero práctico argumento en una Universidad cuya gestión diaria era un milagro.

En efecto, se había pasado desde 445.170 alumnos, en 270 centros de 23 universidades (curso 74-75) hasta 633.455 alumnos en 379 centros de treinta universidades del curso 79-80. En tan sólo cinco años se crean siete nuevas universidades, algunas por escisión (Alcalá, Alicante, Baleares, Cádiz o León) y otras ex-novo (Las Palmas, UIMP) con un aumento espectacular del número de Facultades y Escuelas. Para atender la demanda en ese período, el personal docente debió crecer desde 19.214 profesores (mayoritariamente contratados) hasta 25.543, lo que provocará grandes tensiones de todo tipo. Sin ir más lejos, muchos de esos profesores comenzaron su vida académica en toda España cobrando con cargo a la partida de calefacción, única ampliable.

El admirado administrativista Ramón Martín Mateo, que presidió las universidades del País Vasco y de Alicante, evocaba que la exaltación institucional suscitada por la autonomía universitaria hizo que, por primera y última vez en la historia de España, Adolfo Suarez, licenciado salmantino cuyo Vitor -de la foto adjunta- puede verse en su edificio histórico, crease, inmediatamente después de ser sancionada la Constitución, el Ministerio de Universidades e Investigación, encomendando la redacción de un anteproyecto de ley de Universidades a Alejandro Nieto, a Tomás Ramón Fernández y al mismo Martín Mateo que recuerda (“La reforma de la Universidad”, artículo en La Verdad, Murcia, 24-12-2001) como, por diversas razones, la LAU no llegó al BOE y “fracasó antes de entrar en la recta de la sanción legislativa debido a que se suscitaron clamorosas ocupaciones y revueltas callejeras, un estudiante murió víctima de una carga policial y el proyecto fue retirado”. Una época compleja como pocas.

Este artículo fue publicado en el diario La Nueva España, con ocasión del fallecimiento del ex-presidente del gobierno español Adolfo Suarez.