Ayer se inauguró en Madrid el V Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público que organiza la Fundación FIASEP bajo el lema “Auditoría, cuentas públicas y crisis económica”. Su Presidente, Miguel Ángel Cabezas, Síndico de Castilla-La Mancha, en su discurso de bienvenida, pasa revista a los principales retos del sector en estos tiempos de crisis. Presentamos a continuación su contenido:

Hace dos años, en Santiago de Compostela, y bajo el lema “Hacia una nueva gestión Pública”, el cuarto congreso abordó ya, en su contenido y en sus conclusiones, pertinentes reflexiones acerca del contexto de crisis económica en el que ya por aquel entonces nos encontrábamos inmersos, y del papel de los auditores públicos en el mismo. 

Me vienen a la memoria la espléndida conferencia inaugural del profesor Subirats sobre gobernanza y gestión pública, o las magníficas aportaciones de la mesa redonda sobre la auditoría pública en un contexto de crisis. Se tocaron igualmente asuntos que hoy son el centro del debate público en esta época de ajustes: la gestión sanitaria, la colaboración público privada, la administración institucional e instrumental y su control.

Hoy comenzamos este quinto congreso, con un lema que alude ya directamente a la crisis económica, no como contexto, sino como presupuesto ineludible para el necesario, nuevo e importantísimo papel que hemos de desempeñar los auditores públicos.

Quiero destacar en este momento y referirme al hecho de que en esta edición vamos de la mano, en su organización, de la Intervención General de la Administración del Estado, a la que quiero agradecer muy sinceramente, en la persona del Interventor, este apoyo y esta colaboración. Gracias José Carlos.

Yo creo que es importante reseñar este hecho y ponerlo en valor, por lo que significa en cuanto a la unidad del control. Control interno y control externo son dos caras de la misma moneda y no compartimentos estancos. Les hablo ahora como Síndico de Cuentas. La colaboración entre ambos se hace imprescindible en un cada vez más necesario “Sistema Nacional de Control”

Conviene saludar con optimismo, en este sentido, lar reciente renovación del Tribunal de Cuentas del Estado, cuyo presidente D. Ramón Álvarez de Miranda no puede hoy acompañarnos como hubiera deseado, por coincidir con la presentación en el Senado del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, pero a quien quiero felicitar por su nombramiento y agradecer su apoyo que se traduce en una nutrida presencia de funcionarios del Tribunal en este congreso.

Hace pocos meses, la organización Transparencia Internacional, presentó un estudio dirigido por el profesor Villoria, y en el que tuve el honor de formar parte de su comité asesor, con el título de “El marco de integridad institucional en España. Situación actual y recomendaciones”. Entre estas recomendaciones figura la necesidad de una Ley nacional de Control Externo, que coordine la labor de los órganos de fiscalización externa y que promueva la cooperación entre ellos.

Si me lo permiten, yo iría más allá. Por eso les hablo del Sistema Nacional de Control, entendido este como el conjunto de órganos, normas, métodos y procedimientos; y otros agentes, coadyuvantes todos ellos para el adecuado control de los fondos y de la gestión pública, en el objetivo último de que esta sea no sólo legal, sino eficiente, eficaz y económica.

Una de las virtudes que han tenido los sucesivos congresos de Auditoría del Sector Público desde el de Toledo en 2004, ha sido la de reunir en un mismo foro a todos los que tienen que ver con el control de los fondos públicos. Por eso sus conclusiones tienen un especial valor en la construcción de ese deseable sistema nacional, coordinado, eficiente, profesional, independiente, sin duplicidades y al menor coste posible.

En el capítulo también de los agradecimientos, querría destacar a las entidades patrocinadoras y colaboradoras de este Congreso: ATD auditores sector público; a Gestión tributaria territorial; a Mazzars auditores; AECA; la revista Auditoría Pública; Cosital; Grupo Francis Lefebre y a la Revista de Estudios Locales. También nuestro sincero agradecimiento al Ayuntamiento y a la Asamblea de Madrid; y a mis colegas de la Conferencia de Presidentes de órganos de control externo autonómicos, por su apoyo institucional.

Volvamos a la crisis. De todos los asuntos que, en relación con la crisis, ocupan el centro del debate público, déjenme que destaque dos que afectan directamente a nuestro cometido y que creo que aflorarán en buena parte de las discusiones que forman parte del programa.

El primero, el desapego de los ciudadanos, cuando no la clara desconfianza, hacia la clase política en particular y hacia los gestores públicos en general; desapego que, nos guste o no, se extiende frecuentemente a los auditores públicos.

El segundo, el profundo cuestionamiento de la cosa pública, de lo público; ya no sólo por razones de control del déficit, sino como ataque a la propia esencia de lo público, que se tacha de ineficiente, caro y frecuente foco de corrupción.

En cuanto al desapego, es cierto que las generalizaciones son casi siempre injustas, pero es lo que hay. Una buena parte de la sociedad-la mayor parte, diría yo- está, si me permiten la expresión, “cabreada”. Y no es para menos. Padecemos la peor situación económica y social desde finales del XIX, si exceptuamos nuestra guerra civil. Es, pues, más que comprensible la indignación y la generalización.

Tocan grandes dosis de humildad, de autocrítica; toca repensar nuestra misión para ser más baratos, más rápidos, más independientes, más profesionales; en definitiva, más eficaces.

Es evidente que nuestra democracia; el mejor de los sistemas posibles, necesita fortalecerse. El ciudadano demanda imperativamente información y transparencia.

Los auditores públicos estamos llamados a ser el vehículo más eficaz de esa información y de esa transparencia. Lo hemos estado siempre, pero no lo hemos cumplido siempre. Pero ese vehículo ha de ser ágil. No son útiles informes que se emitan con retrasos injustificables, como no son útiles informes que no sean mínimamente comprensibles para la generalidad, ni útiles órganos que son más una administración paralela que un órgano de control.

Toca pues mirarse al espejo y ver que es lo que hacemos mal, y corregirlo. Y corregirlo ya, hoy antes que mañana. Tenemos un valiosísimo capital humano que siempre ha gozado del mayor prestigio dentro de la Administración. Implementemos la formación y fomentemos la carrera profesional como el mejor incentivo para un trabajo bien hecho.

Segundo asunto, y voy terminando: las sombras sobre “lo público”. Con independencia de posicionamientos ideológicos, y sin entrar a valorar- porque no nos corresponde- la cantidad de “Estado” que es necesaria, ni hasta donde debe llegar la administración pública; en esta nueva época que se está alumbrando lo que si nos corresponde es una suerte de “auditoría social” de las administraciones públicas. Me explico. Nadie mejor que el auditor público para coadyuvar en la garantía de la prestación de los servicios básicos que garantiza nuestra Constitución, y ninguna herramienta mejor que la auditoría para medir la prestación de esos servicios y la defensa del interés general.

En otras palabras, no sólo estamos llamados a evaluar, por ejemplo, el control del déficit, sino también, a través de las auditorías de gestión, si los servicios sociales básicos se prestan eficazmente y para todos. Alejados, como estamos, del legítimo debate político, hemos de ser el instrumento más objetivo para la evaluación de las políticas públicas.

Desde la Fundación FIASEP, que me honro en presidir, queremos contribuir decididamente al prestigio de los auditores públicos y a que nuestro trabajo sea un referente ético y un permanente faro moral en la sociedad convulsa y cambiante que nos ha tocado vivir. Por eso me complace enormemente la gran acogida de esta quinta convocatoria nacional que sin duda será fructífera y provechosa para todos.

Muchas gracias por su atención.