Fiscalizando la política agroambiental europea

Un comentario


Los Fondos europeos destinados al pago de ayudas agroambientales durante el período 2007-2013 ascendieron a 22.200 millones de euros. Por su importancia, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de hacer público el Informe Especial 7/2011 titulado ¿Se han concebido y gestionado de forma correcta las ayudas agroambientales? 

Las ayudas agroambientales se aplican a través de contratos entre un organismo público del Estado miembro y un beneficiario -agricultor o gestor de tierras- que normalmente tienen una duración de cinco a siete años. Se paga a los beneficiarios exclusivamente en función de los costes adicionales y en las pérdidas de ingresos a consecuencia de los compromisos agroambientales en una gran variedad de prácticas agrarias como la Agricultura ecológica, la reducción de fertilizantes o plaguicidas, la rotación de cultivos, reducir la erosión del suelo la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento del paisaje o las acciones relacionadas con el agua (vg: gestión de humedales), etc.

El informe del Tribunal europeo tiene como propósito determinar si los regímenes agroambientales han sido formulados y gestionados correctamente y ha querido dar respuesta en concreto a las siguientes preguntas:

  • ¿Ayudan la concepción y la supervisión de la política agroambiental a obtener beneficios medioambientales tangibles?
  • ¿Se presta el apoyo oportuno a los agricultores con orientaciones y ayudas con la cuantía correcta?
  • ¿Se tienen en cuenta las necesidades medioambientales específicas en la gestión de la política agroambiental?

Trabajo “de campo”

Con carácter previo, el Tribunal recibió el asesoramiento de un comité de expertos agroambientales acerca de la validez y viabilidad de sus criterios de auditoría. Después, siguió un examen documental de 203 contratos agroambientales seleccionados de forma aleatoria a partir de los gastos declarados por los Estados miembros a la Comisión en relación con el ejercicio 2008. La muestra incluía 48 programas de desarrollo rural en 21 Estados miembros. Después realizó pruebas más detalladas en ocho programas: España (Andalucía), Italia (Piamonte), Alemania (Berlín y Brandemburgo), Suecia, Austria, Hungría, Polonia y Francia.

Los principios de buena gestión financiera que recoge el artículo 27 del Reglamento Financiero establecen que deben formularse objetivos políticos específicos, mensurables, realizables, pertinentes y con fecha determinada. Por lo tanto, cada programa de desarrollo rural debería incluir información sobre los objetivos específicos y verificables de las medidas, y sus logros, su eficiencia y eficacia deben medirse en relación con dichos objetivos.

Sin embargo, el Tribunal observó que los objetivos incluidos en los programas de desarrollo rural no estaban fijados de manera específica, mensurable ni tenían fecha determinada. Los Estados miembros formulaban los objetivos en términos inespecíficos, como «reducir», «proteger», «contribuir a», etc. En muchos casos no se procedió a la cuantificación cuando esta era posible (v. gr. «reducir» en un 20 %).

El Tribunal menciona, por ejemplo, los objetivos utilizados en Polonia para las submedidas agroambientales, como la «adecuada utilización del suelo y protección de las aguas», que no son verificables. Además, los objetivos no incluyen niveles de referencia que describan cuál era la situación anterior a la aplicación de las ayudas agroambientales y no existen plazos para su cumplimiento. Estas insuficiencias, que se detectaron en todos los Estados miembros auditados, hacen difícil juzgar si se han cumplido los objetivos o no.

No obstante, el Tribunal también encontró buenos ejemplos de objetivos específicos y mensurables. En Suecia, los objetivos agroambientales están integrados en un conjunto de objetivos nacionales de calidad ambiental que fueron aprobados por el Parlamento sueco en 1999. El horizonte temporal de estos objetivos es 2020, pero en la mayoría de los casos se han fijado objetivos provisionales relativos a la situación en 2010.

Los mejores ejemplos son las submedidas «orientadas a resultados», cuya ejecución se traduce en resultados directamente observables sobre el terreno. En Andalucía, el Piamonte y Francia, estas submedidas se refieren a la protección de razas en peligro de extinción.

La valoración del grado de consecución de los objetivos medioambientales depende de la conexión entre las submedidas agroambientales y las presiones medioambientales. El Tribunal entiende que los programas de desarrollo rural auditados aportan poca información o ninguna sobre la importancia relativa de las presiones medioambientales identificadas.

La fiscalización del Tribunal detectó falta de fiabilidad de los datos facilitados por varios Estados miembros. Por ejemplo, en Andalucía, los indicadores de realización y resultados no guardaban correspondencia con los gastos agroambientales. En Francia, la ausencia de determinados datos en los cuadros transmitidos a la Comisión en relación con 2008. Además, la práctica de seguir incluyendo datos una vez vencidos los contratos infla los resultados obtenidos por el gasto de la UE. Se considera que todos los regímenes finalizados siguen teniendo los mismos efectos hasta el término del período de programación

Conclusiones

El Tribunal reconoce que se ha avanzado mucho en los pocos más de veinte años que han transcurrido desde que se introdujo la política agroambiental europea. Muchos agricultores aplican ahora prácticas que son más sostenibles de lo que hubieran sido sin ella y la fiscalización ha puesto de manifiesto una serie de ejemplos de buenas prácticas en varias zonas.

Dicho esto, el informe constató que la política no estaba concebida ni supervisada para aportar beneficios medioambientales tangibles. Los objetivos estaban descritos por lo general con demasiada vaguedad para ayudar a determinar su grado de consecución. En una gran minoría de casos, las ayudas agroambientales no estaban justificadas claramente por las presiones medioambientales identificadas en los programas de desarrollo rural. El marco común de seguimiento y evaluación representa un avance pero apenas facilita información sobre los beneficios logrados para el medio ambiente.

Los agricultores desempeñan un papel crucial para el éxito de los regímenes de ayudas agroambientales, y, sin una comprensión e incentivos económicos suficientes, esta política no se aplicará adecuadamente. La fiscalización puso de manifiesto que los agricultores contaban en general con un buen apoyo en forma de orientación, aunque podría mejorarse la comunicación de buenas prácticas y resultados. El Tribunal constató problemas en la determinación de las cuantías de las ayudas. Además, estas no siempre ofrecían el incentivo adecuado al no estar diferenciadas suficientemente en función de las condiciones locales y no tenerse en cuenta los porcentajes de participación.

Los Estados miembros, que deben facilitar apoyo conforme a las necesidades concretas, no han analizado cuál debe ser el grado de orientación deseable a las mismas sobre la base de un análisis de rentabilidad. Los procedimientos de selección de proyectos en función de su valor medioambiental se aplicaron en pocos casos dada la disponibilidad de recursos presupuestarios. Otros procedimientos, como los de establecer contribuciones de la UE diferenciadas, submedidas basadas en hechos y metas cuantificadas para los niveles de partición en función de los efectos medioambientales requeridos, se utilizaron tan solo en una minoría de casos.

Singular: 1 comentario en “Fiscalizando la política agroambiental europea”

Gracias por comentar con el fin de mejorar

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s