Hay que agotar la partida presupuestaria

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Comarca de Babia

La política de desarrollo rural de la Unión Europea tiene como finalidad resolver problemas del ámbito rural tales como la despoblación, la escasez de oportunidades económicas y el desempleo, y se articula en torno a tres ejes temáticos. Uno de ellos busca mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural, a través de tres medidas específicas:  la diversificación hacia actividades no agrícolas, la ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas y el fomento de actividades turísticas. En general, el Tribunal de Cuentas Europeo considera estas áreas de alto riesgo. y siempre es objeto de sus trabajos de fiscalización.

Durante el período 2007-2013, el presupuesto de la UE destinó a estas medidas cinco mil millones de euros, completada con dos mil millones de euros adicionales procedentes de los fondos nacionales. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de aprobar un informe que examinó si la Comisión y los Estados miembros habían logrado optimizar el uso de recursos en las medidas de diversificación de la economía rural. Así, evaluó, en particular, si aquellas tres medidas se habían concebido y ejecutado para contribuir eficazmente al crecimiento y al empleo, y si se habían seleccionado para su financiación los proyectos más eficaces y eficientes. Además, el Tribunal valoró si la información de seguimiento y evaluación disponible consistía en datos fiables, completos y puntuales sobre los efectos de las medidas. Presentamos a continuación un resumen de sus conclusiones, algunas aplicables a la cualquier gestión presupuestaria. 

Conclusiones

 Ver informe desarrollo rural TCEuEl informe llega a la conclusión de que, globalmente, la Comisión y los Estados miembros lograron solo hasta cierto punto optimizar el uso de recursos a través de las medidas de diversificación de la economía rural: en efecto, la ayuda no se destinó sistemáticamente a los proyectos que mayores probabilidades tenían de lograr las finalidades de las medidas. Los motivos residen en que no se determinaron claramente las necesidades de intervención ni se fijaron objetivos específicos en los programas de desarrollo rural (PDR) para los que se adoptaron amplios criterios de subvencionabilidad que no limitaban los proyectos a los que tenían más posibilidades de lograr la diversificación y criterios de selección que no permitieron elegir los proyectos más eficaces o no se aplicaron en absoluto.

¡Que no sobre nada!

Con demasiada frecuencia, y particularmente al inicio del período de programación, el Tribunal critica que la selección de los proyectos estaba más bien guiada por la necesidad de gastar el presupuesto asignado que por la calidad de los propios proyectos. En algunos Estados miembros se financiaron todos los proyectos subvencionables cuando había presupuesto suficiente, independientemente de la evaluación del proyecto. Si usted es un empresario (o un político) quizás esta censura le parezca irrelevante, pero desde un punto de vista de auditoría, hay que denunciarlo.

Por eso, el informe subraya que los Estados miembros no limitaron lo suficiente los riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento, y “no garantizaron por tanto que los recursos fueran utilizados del modo más eficiente”. Los controles de la moderación de los costes practicados por los Estados miembros no redujeron suficientemente el riesgo de costes desproporcionados y se produjeron casos de carga administrativa excesiva para los solicitantes y retrasos en los pagos.

Y después … ¡Ya veremos!

También destaca el Tribunal otra frecuente crítica de los fondos europeos: no se llevó a cabo un seguimiento y una evaluación eficaces de las medidas, por lo que existe un riesgo real de que no se lleguen a conocer los resultados de la financiación asignada a los proyectos. La prioridad estratégica de la UE de creación de empleo no estaba bien definida y tampoco hubo una gestión activa incluso cuando era evidente que las metas marcadas no se iban a cumplir.

Recomendaciones

Por lo tanto el Tribunal recomienda que:

— Los Estados miembros precisen claramente en sus PDR por qué la intervención pública en inversiones destinadas a actividades no agrícolas contribuirá a corregir, por ejemplo, las insuficiencias de mercado derivadas de obstáculos al empleo y al crecimiento y cómo puede lograrlo. Los Estados miembros deberían fijar objetivos específicos y medibles para estas necesidades. La Comisión solo debería aprobar los PDR que presentan estrategias justificadas y globales y dotadas de una lógica clara que demuestren de qué forma la intervención de las políticas contribuirá a los fines estratégicos de creación de condiciones de favorables al crecimiento y oportunidades de empleo.

— Los Estados miembros definan y apliquen de forma coherente criterios que garanticen la selección de los proyectos más eficaces y sostenibles por lo que se refiere a sus objetivos específicos. La Comisión debería garantizar la aplicación correcta y continuada de estos criterios, no solo en los casos de escasez presupuestaria.

— La Comisión y los Estados miembros fomenten la adopción de las mejores prácticas para atenuar los riesgos de efecto de peso muerto y de desplazamiento. La Comisión debería alentar a los Estados miembros a adoptar la práctica de considerar subvencionables los gastos para inversiones solo a partir de la fecha de aprobación de la subvención.

— La Comisión garantice que los Estados miembros disponen de sistemas eficaces para llevar a cabo controles de la moderación de los costes. 

En definitiva, la Comisión y los Estados miembros deben garantizar que, en el próximo período de programación, se obtenga información pertinente y fiable para fa-cilitar la gestión y el control de las medidas, y para demostrar hasta qué punto la ayuda otorgada contribuye al logro de las prioridades de la UE. Las metas de creación de empleo deben ser realistas y las cifras de creación de puestos de trabajo han de ser objeto de un seguimiento adecuado. La gestión de las medidas tendría que mejorar a lo largo del período de programación, en particular cuando sea evidente que no se alcanzarán las metas marcadas.

Por último, el Tribunal hace un guiño a los sufridos emprendedores: “la Comisión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos por reducir la carga administrativa y garantizar que los pagos se efectúan según un calendario razonable”.

 

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