Decíamos hace un par de años, que la vida de los interventores se desarrolla en un campo de minas. Por suerte, la pericia de estos profesionales les permite reconocer y manipular esos peligros. Sin embargo, con alguna frecuencia, un colega sufre una desgracia desactivando los artefactos. Cualquier atención es poca.

Los interventores (o los auditores) son esas personas que nunca debieran dejarse llevar por los estados de ánimo, lo que implica ser esos verdaderos aguafiestas que saben decir NO. Lo decía el veterano funcionario, Manuel Fueyo, en su ponencia del COSITAL en Cádiz, la semana pasada y de manera muy gráfica: 

Sobre la actuación interventora planean dos fuerzas antitéticas: una de naturaleza exógena propiciada y estimulada por los órganos gestores, tendente a que no se produzca pronunciamiento alguno, a sabiendas de que en dicho caso la responsabilidad se residenciaría en el propio órgano de control; y otra interna, inmanente a todo órgano de control, que tiende a manifestar observaciones o reparos para tratar de salvar su posible responsabilidad.

Es oportuno recordar, como dijo el Tribunal de Cuentas, que la actividad de los interventores “no suele ser tarea fácil ni agradable, pues … el ejercicio correcto de su trabajo puede dar lugar a situaciones de malestar y teórico enfrentamiento con los ordenadores de pagos en lo que respecta a la corrección y adecuación de aquéllos“.

Si, por alguna razón, el reparo no parece contundente y el asunto cobra visibilidad pública, entonces el gestor se aferrará a que no era concluyente e incluso acusará al interventor de no haber protegido los caudales púbicos … “¡frente a mi mismo!” Esta es la práctica habitual.

Veamos un ejemplo de gran actualidad. Es el caso de la Comisión de Investigación del Parlamento Andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010. Su dictamen apunta la responsabilidad política del exdirector general de Trabajo y del exInterventor General de la Comunidad. Este último ha protestado airadamente frente a esa posible censura. En la carta enviada al presidente de la citada Comisión de Investigación denuncia la agresión por “una caterva de políticos cobardes y sin honor, quienes para esquivar o encubrir las responsabilidades políticas, contables y penales derivada del fraude de los eres, no han dudado en manchar el crédito, la integridad y la dignidad de los profesionales que han trabajado a su servicio”.

No quiero pensar en las enormes dificultades que este funcionario debe superar para mantener esta enérgica defensa desde su actual destino en alguna Consejería.

Sin embargo, todo parece indicar que el dictamen de la Comisión no será aprobado por el Pleno del Parlamento andaluz. Mientras sigue su marcha el proceso penal, lo que único que tenemos seguro hasta ahora, es el informe (JA 11/2011) de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que concluía hace unos meses lo siguiente:

305.- La calificación de estas ayudas como subvención excepcional ha dado lugar a un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como, la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas. De estas situaciones podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas.

306.- Desde el ejercicio 2001, los informes de control financiero permanente han puesto de manifiesto incumplimientos y conclusiones en relación con la tramitación como transferencias de financiación de los expedientes de gastos en los que el destino de los fondos venía determinado por el órgano de gestión; así como, el incumplimiento de la normativa sustantiva “al conceder subvenciones excepcionales prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo establecido en el artículo 107 de la LGHPCAA”

307- Con motivo del control financiero efectuado a IFA/IDEA la Intervención General de la Junta de Andalucía elaboró un informe adicional al Informe definitivo de cumplimiento de IDEA, ejercicio 2009, dirigido a la Consejería de Empleo, ya que en el curso del control referido y al igual que en informes precedentes, se pusieron de manifiesto deficiencias en procedimientos de gestión de gastos que, si bien incluyen la participación de IDEA, competen a la Consejería de Empleo, en concreto a la DGTySS. La ausencia de Informe de Actuación puede deberse a que por parte de la Intervención no se apreciaron circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos.

Encontrar el equilibrio cotidiano para hacer su trabajo; ese es el gran reto del Interventor. Dejar constancia escrita de cualquier irregularidad, por leve que parezca, aceptando el escepticismo profesional como comportamiento habitual. Sin caer en la paranoia, claro. Quizás por eso, la gran mayoría de los encargados del control -en sentido amplio- optan por mantener mucha distancia con las Autoridades de gestión, evitando cualquier atisbo de conflicto de intereses o ser enredados en sus legítimos problemas ejecutivos. Este caso del exinterventor andaluz debemos grabarlo con letras de oro todos los que nos dedicamos a esto.