Los únicos empleos que se han creado en Estados Unidos durante el último mes son los contact tracers. Se trata de técnicos con una tarea que requiere mucho tiempo: averiguar con quién han estado en contacto los infectados de COVID-19, para después encontrar a esas personas, verificar su estado de salud y activar, si procede, el aislamiento preventivo.

Una reciente encuesta mostró que entre los diversos estados norteamericanos se planeaba llegar a 36.000 trazadores; aunque el gobernador de California aspira a emplear 20.000 y el de Nueva York quiere contratar a 17.000. En Alemania, la doctora Merkel considera que se necesita un equipo de cinco personas por cada 25.000 habitantes.

El Ministerio de Sanidad exige, para superar las fases de confinamiento, tener un sistema de vigilancia epidemiológica suficiente en la detección precoz de los casos positivos y sus contactos. La Comunidad de Madrid apuesta por destinar 722 empleados a identificar los «contactos estrechos» de los contagiados.

La pandemia, junto al enorme desastre de pérdidas de vidas humanas con millones de personas infectadas y todo el planeta confinado, nos obliga a aceptar la rebaja de importantes áreas de libertad. Cuarentenas, mascarillas, controles de temperatura. En algunos países funcionan aplicaciones para móviles que acumulan los contactos de quienes han estado a menos de dos metros de distancia (bluetooth) y permiten en segundos avisarles anónimamente de algún contagio en la cadena. No faltan defensores de la protección de datos para combatir espantados tanto esa práctica como la acreditación obligatoria china, a modo de pasaporte biológico, también en el teléfono móvil, que discrimina donde puedes -o no- ir en función del color semafórico de tu código vital. Claro que China es una dictadura donde la pobreza fue reducida drásticamente, pero dictadura, al fin y al cabo.

La labor de rastrear no es fácil. Pudieron comprobarlo recientemente en Corea del Sur tras conocerse el caso de unos contagios, tras “alternar” en unos nigth clubs, que obligaron a investigar a 1.500 personas. Menuda papeleta al contactar con los asistentes. Cuanta empatía y elegancia exige su labor para conseguir la colaboración ciudadana y garantizar su anonimato. A diferencia de nuestros auditores o inspectores de Hacienda que usan más el palo que la zanahoria, pues no se caracterizan por sus habilidades emocionales para obtener la información requerida.

Los trazadores se necesitan para reiniciar la economía de manera segura. Parece que tras el desconfinamiento su presencia facilitará la nueva normalidad. Un escenario que exige aumentar el control social, así como una planificación que también ha venido para quedarse. El sueño de la izquierda: ayudas ingentes a las empresas y mezcla del sector público y privado. Una sanidad universal cuya financiación nadie discute o una renta básica que no se cuestiona porque la alternativa es el caos. Hasta Brasil lo implanta. El ideal de Lula, alcanzado en tiempos de Bolsonaro. ¿Y la política fiscal? El empeño de Keynes, en la época de Trump.

¿Qué pasará a partir del otoño? Que conviviremos con la pandemia y con unos inflados presupuestos con altísimo endeudamiento en todos los países, pues los ingresos públicos disminuyen por la contracción económica, mientras que la demanda de muchos servicios aumenta. La cruel ironía es que antes de decretarse el estado de alarma se vivía un escenario de crisis donde se aplicaban leyes de sostenibilidad financiera y criterios de austeridad, que provocaban quejas políticas y sociales. Una exquisitez comparada con lo que viene. Ahora, el Estado se esforzará por alcanzar el nivel que se consideraba insostenible hace tres meses y viviremos un estado de excepcionalidad presupuestaria.

Todos seremos más pobres. Es el momento del control y de los organismos auditores.

Llegarán los recortes salariales del sector público, que siempre es la salida habitual de las crisis. Si Wuhan fue el primer caso de coronavirus, California ya es el primer Estado (¡la 5ª economía mundial!) en anunciar recortes de sueldos públicos para combatir la pandemia. También están las clásicas herramientas presupuestarias, casi las mismas durante décadas, que deberán ser más flexibles. Me refiero a cambiar los patrones de gasto y estar más dispuestos a comparar servicios (con consecuencias) aunque sea políticamente difícil. Los indicadores de gestión que siempre acompañan las cuentas públicas como las chorreras a las camisas dejarán de ser estéticos adornos.

La descarnada priorización en este juego de suma cero será mucho más despiadada que en el pasado y las tentaciones de contabilidad creativa aumentarán, como ocurrió a principios de este siglo tras la crisis de la deuda. En ese sentido, los supervisores, convertidos en trazadores del gasto, volverán a tener protagonismo. Para que nadie se olvide, hace unos días, el blog del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulaba uno de sus artículos con este aviso para gobernantes: “Haga lo que sea necesario pero guarde los recibos”. Las visitas de los funcionarios del FMI (y otros como la troika) prometen ser épicas. Algunos rancios rastreadores de la gestión económica conseguían imponerse a ministros y autoridades, llegando a la humillación mientras comprobaban in situ el cumplimiento de los planes de ayuda.

Una versión de este artículo fue publicado en el diario La Nueva España