Los esfuerzos de los Estados miembros para combatir el fraude en los gastos de cohesión siguen siendo insuficientes. Esta es, en resumen, la conclusión del último informe del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado, con el estilo habitual: “Lucha contra el fraude en el gasto de cohesión de la UE: las autoridades de gestión tienn que reforzar la detección, la respuesta y la coordinación”.

El asunto y fue tratado por el Tribunal a primeros de este año y dimos cuenta oportuna en esta bitácora del varapalo al actual sistema de investigación de la corrupción por la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF), que presenta deficiencias intrínsecas. Allí nos había dejado perlas como esta, con el habitual tonillo de los auditores europeos:

«Ha llegado el momento de actuar: la Comisión debería establecer un sistema eficaz para prevenir, detectar y evitar la actuación de los defraudadores. Una reforma de la OLAF será la prueba de fuego del compromiso de la Comisión en la lucha contra el fraude».

Entre 2007 y 2017 se detectaron más de 4.000 irregularidades potencialmente fraudulentas que afectaban a los intereses financieros de la UE y representaban casi 1.500 millones de euros de ayuda de la UE. El 72 % de este importe afectaba a la política de cohesión, que comprende el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo. Los Estados miembros son los principales responsables de combatir el fraude en estos ámbitos.

Los auditores europeos piensan que las evaluaciones de los Estados miembros de la eficacia de sus medidas contra el fraude son “demasiado optimistas”.

El trabajo de campo se desarrolló en siete Estados miembros: Bulgaria, Francia, Hungría, Grecia, Letonia, Rumanía y España, donde examinaron si las autoridades de gestión y los servicios de coordinación contra el fraude de los Estados miembros han cumplido adecuadamente sus responsabilidades en cada etapa del proceso de gestión de la lucha contra el fraude: desde la prevención y detección hasta la respuesta, así como la notificación de casos detectados y la recuperación de los fondos indebidamente abonados.

En el período de programación 2014-2020, los auditores constataron que las autoridades de gestión habían evaluado mejor el riesgo de fraude en el uso de la financiación del ámbito de cohesión y habían mejorado sus medidas de prevención. Sin embargo, algunos de estos análisis no eran suficientemente exhaustivos, señalando que “no se han realizado progresos significativos en la detección proactiva del fraude”.

Los auditores observan también que los Estados miembros no han respondido suficientemente a todos los casos detectados de fraude en el gasto de cohesión de la UE y que las medidas correctoras, cuando se aplican, tienen un efecto disuasorio limitado. Los procedimientos de información también son insatisfactorios. No se informa lo suficiente de los casos, lo que afecta a la fiabilidad de los índices de detección de fraude que publica la Comisión Europea. Por otra parte, las sospechas de fraude no se comunican sistemáticamente a los organismos competentes y la coordinación con otros servicios antifraude es insuficiente.

En general, los Estados miembros no tienen una política específica contra el fraude.

Mientras se debaten nuevas normas para los fondos de cohesión en el período 2021-2027, el informe formula varias recomendaciones sobre el modo de lograr mejores resultados. En particular, recomiendan a los Estados miembros que:

• adopten estrategias y políticas oficiales para combatir el fraude contra los fondos de la UE;
• realicen evaluaciones de riesgo de fraude más rigurosas haciendo participar a actores externos pertinentes en el proceso;
• mejoren las medidas de detección generalizando el uso de instrumentos de análisis de datos.

El Tribunal observa que algunas de las autoridades de gestión visitadas adoptan un enfoque mecánico en la evaluación de los riesgos de fraude, lo que parece indicar que anteponen la forma al fondo.

Asimismo, recomiendan también a la Comisión Europea que:

• supervise los mecanismos de respuesta al fraude para garantizar que se apliquen de forma coherente;
• inste a los Estados miembros a ampliar las funciones de sus servicios de coordinación antifraude.