Rebuscando en la zona oscura del presupuesto

Durante el seminario celebrado en Valencia la semana pasada, tuve ocasión de comentar con los asistentes algunos trabajos de nuestras Instituciones de Control Externo. Cobraron interés algunas recomendaciones contenidas en los últimos informes sobre EELL de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana. En especial estas perlas:

  • Agilizar la implantación de un archivo electrónico, al objeto de poder disponer del mismo en los plazos previstos en la Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015 (tras el Real Decreto Ley 11/2018: “No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”.)
  • Regularizar y anular los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados de elevada antigüedad y que por prescripción resulten incobrables.
  • Los documentos del perfil de contratante deben ser firmados electrónicamente, con la finalidad de mejorar sus garantías.
  • Incrementar en el área de contratación la dotación de los recursos económico- presupuestarios, de personal y materiales con el fin de poder desarrollar adecuadamente sus funciones.
  • En contratación, el criterio de adjudicación “mejoras” aparece expresado en términos totalmente indefinidos que permiten una amplia discrecionalidad en la Administración, dado que se puede concretar en un momento posterior, una vez adjudicado el contrato.

Luego están los clásicos, que casi se han convertido en una clausula de estilo de los OCEX:

  • Cumplir los plazos de aprobación de la liquidación de los presupuestos y remisión a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.
  • Mejorar la gestión de su inventario de bienes, garantizando la aprobación anual de la verificación de las rectificaciones, remitiéndola a la Generalitat y garantizando que todos los bienes inmuebles estén inscritos en el Registro de la Propiedad.

La zona oscura del presupuesto

Sin embargo, entre los recientes trabajos de esa misma Sindicatura relativos al entorno local, destaca  el Informe sobre las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, informes y reparos de la Intervención y acuerdos de las entidades locales contrarios a los informes de Secretaria. Ejercicio 2016. Se trata de una zona bastante antipática para los gestores, que nuestros auditores públicos ponen sobre la mesa.

De la información rendida se obtienen las incidencias más significativas detectadas por los responsables del control interno en el desarrollo de su función. Un interesante trabajo que permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades, como de las áreas en las que se pone de manifiesto. Por otro lado, analiza la información remitida a la plataforma compartida con el Tribunal de Cuentas sobre el asunto.

Conclusiones del análisis de la información rendida en la sede electrónica de la Sindicatura de Comptes

Un 65,0% de las entidades rindieron la información requerida por la Instrucción, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. El mayor grado de incumplimiento, al igual que en ejercicios anteriores, se produce entre los consorcios, las mancomunidades y los organismos autónomos.

En el ejercicio 2016 se informó sobre una cuantía total de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto de 75.480.040 euros, poniendo de manifiesto una evolución positiva en este tipo de operaciones, ya que su cuantía total disminuye en un 38,5% respecto al ejercicio anterior.

Sin embargo, los acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos aumentaron ligeramente respecto al ejercicio anterior, y pasaron de 104 a 120 millones de euros.

Conclusiones del análisis de la información rendida en la plataforma compartida con el Tribunal de Cuentas

La rendición de información del ejercicio 2016 ha aumentado un 15,7% respecto a 2015, siguiendo la tendencia positiva de ejercicios anteriores.

El 62,6% de las entidades que realizaron envíos en 2016 comunicaron certificaciones negativas en todos los tipos de reparos. De estas, sólo un 28,2% informó que realizaba la fiscalización previa acerca del crédito y competencia, mientras que el 92,3% no efectuó actuaciones de control financiero, lo que representa un bajo grado de control interno.

Un 36,4% de las entidades que enviaron información realizó fiscalización limitada previa. La existencia de crédito y la competencia se comprueba casi siempre, mientras sólo un 57,8% de ellas verifica otros extremos.

Es relevante la baja incidencia del control financiero de estas entidades, un 26,0%, por lo que la mayoría no ejerció alguna de las modalidades de control interno previstas.

“En un gran número de entidades no existe un control posterior de elementos que no han sido objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia”.

La Intervención informó negativamente sobre el presupuesto en 17 ayuntamientos, la liquidación en 6 ayuntamientos y las modificaciones presupuestarias en 57 entidades.

En 2016, 170 entidades locales comunicaron la adopción de un total de 6.142 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe asociado de 253 millones de euros.

Las modalidades de gasto más importantes que fueron objeto de reparo son, por este orden, los expedientes de contratación, gastos de personal, subvenciones, otros procedimientos y los incumplimientos en la prelación de pagos. Más de la mitad de los reparos formulados tuvieron su causa en la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

Sólo 37 entidades comunicaron la existencia de omisión de fiscalización previa, con un número total de 679 expedientes por un importe de 237 millones de euros. La causa más frecuente ha sido la omisión de requisitos o trámites esenciales, seguida de la ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago y de la insuficiencia de crédito.

Además de lo indicado, se ha realizado el examen de los acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa por un importe superior a 50.000 euros y de las principales anomalías de ingresos recibidos de las entidades locales elegidas en la muestra de la fiscalización, formada por los ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, las diputaciones provinciales y las entidades dependientes respectivas. La mayoría declararon que tenían implantado un sistema de fiscalización de requisitos básicos para verificar la competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y otras comprobaciones adicionales. Sólo dos ayuntamientos y dos diputaciones de realizaron actuaciones de control financiero en el ejercicio 2016. En la mayoría de entidades no existe, por tanto, un control posterior de elementos que no son objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia.

Recomendaciones

Se recomienda huir del funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos, así como la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial.

Se pone de manifiesto la necesidad de asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera adecuada y suficiente.

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