Vox populi, vox dei

Alcuino de York, en su esfuerzo por instruir al emperador Carlomagno, incluyó en una de sus epístolas el aforismo “la voz del pueblo es la voz de Dios, aproximadamente en el año 800. Cabe preguntarse, en todo caso, si el conocimiento de un problema por la ciudadanía, determina su solución. Enunciar un problema parece más bien la primera parte del reto. Y los años y la experiencia me dicen que las dificultades más arduas se presentan en la resolución, en el acopio de energía, oficio y conocimiento que es preciso reunir para resolver de manera certera cualquier cuestión ¿Podemos decir lo mismo de la eficiencia discutida de los Tribunales de Cuentas?

“Es mejor no conocer cómo se elaboran las salchichas ni, menos aún, las leyes”. La famosa frase de Bismarck representa una parte importante del problema que traigo a colación. Las democracias más eficientes, para contener la ambición ubicua de los hombres -esa que podría tildarse de enfermiza- ingeniaron procedimientos sencillos y el más importante de ellos: la separación de poderes. Otro procedimiento no menos importante consiste en introducir una suerte de casamatas dentro del entramado institucional, los llamados Tribunales de Cuentas, con la misión fiscalizadora de la rendición de cuentas.

En España, esos órganos de control, tanto en la esfera nacional como autonómica –llámense sindicaturas o cámaras de cuentas- se conforman en el caldo de las mayorías parlamentarias. Ellas deciden su composición o estructura. Y para preservar con diligencia su buen desempeño, a las nobles intenciones se añade la exigencia de una probada cualificación de las personas que ejercen temporalmente las tareas directivas, llámense consejeros o síndicos. Sin embargo, con frecuencia se afirma que esta designación “política” intoxica a las instituciones.

¿La política es un ejercicio vil que mancha a quien la cultiva? Mal haremos en desconfiar de quienes ejercen responsabilidades públicas, si lo hacen bajo principios democráticos. Si se prefería un método alternativo de designación, muchos partidos políticos que hoy denuncian en público –o en privado- la politización de nuestras instituciones fiscalizadoras deberían haber optado por un diferente método de designación. Existen alternativas, como los habituales mecanismos de elección directa por parte de los ciudadanos en EEUU o México; o los más cercanos sistemas de Francia o Alemania, donde salvo el Presidente de la Corte de Cuentas, las restantes magistraturas son designadas entre altos funcionarios, generalmente del propio Tribunal de Cuentas, según criterios de merito y capacidad, como el resto de los empleados públicos. En otras palabras: nombrar de manera permanente a los encargados, en mayor o menor medida, de fiscalizar la gestión pública que, como en la Inspección de Hacienda o en la judicatura, irían ascendiendo hasta las máximas responsabilidades.

Ninguno de los sistemas es perfecto. Todos acumulan diversas dificultades y diferentes errores. Los sistemas de cooptación (la organización nombra internamente a sus propios miembros directivos, sin influencia externa) son acusados de formar una élite conservadora y formalista que vive al margen del mundo real. Podrá decirse que los catedráticos o los cardenales se eligen de esta manera, pues es conocido el sesgo de clientelismo que propician.

Por el contrario, en EEUU muchos cargos públicos son designados a través del sufragio universal de los electores, aunque –no nos engañemos- también vinculados a los partidos. Es el caso del Auditor General de New York que, por cierto, fue obligado a dimitir hace tres años y acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Por su parte, los síndicos mexicanos son elegidos durante las elecciones municipales, junto a los concejales. Como ejemplo de la sabiduría popular, muchos ciudadanos votan al candidato de un partido para gobernar pero en la urna de al lado votan para síndico al representante del partido rival y así tener una institución realmente motivada. Pero, estarán conmigo que no evitan la crítica de politización.

Ahora bien, nuestro actual sistema de designación ha sido decidido de manera consciente por los partidos políticos. No es una herencia histórica sino que, frente a otras opciones legítimas, son las reglas del juego que les han parecido más adecuadas.

El profesor pucelano Juan Duran, estudioso de las Instituciones parlamentarias nos recuerda que un órgano de control externo será un órgano técnico, con independencia del procedimiento de designación de sus miembros, si fundamenta su actuación en criterios técnicos, objetivos y no de discrecionalidad o de oportunidad.

No obstante, los constitucionalistas entienden que la politización de los órganos de control se evita poniendo «cortafuegos» preventivos; por ejemplo, mayorías parlamentarias más amplias para designar a sus componentes —mayorías que incluyan a la oposición—, rígidos sistemas de incompatibilidades, la inamovilidad durante el mandato que debe ser superior a la legislatura y una dirección colegiada que ayuda, a su modo, a la objetividad de la misión fiscalizadora.

Serán inevitables las críticas y las discrepancias del trabajo de las sindicaturas; en unos casos de orden técnico (interpretaciones de hechos o normas) y en otros de orden político (criterios de oportunidad de su actuación). Pero si los propios partidos políticos expresan críticas por supuesta ideologización o partidismo, quien falla no son los designados sino quienes les eligieron.

«No hay nada tan irremediable como la muerte y Hacienda». Una frase que se hace famosa con la entrañable peliculón “¿Conoces a Joe Black?”, donde un radiante Brad Pitt interpreta a La Muerte que viene a buscar al millonario Antonhy Hopkins. Me quedo con la fuerza de esta sencilla idea sobre permanencia de las instituciones, por encima de la gestión más o menos afortunada de sus miembros. Así pues, nadie cuestionaría la legitimidad o la validez de un sistema democrático, por la gestión de un determinado presidente de gobierno.

Publicado en La Nueva España, el 22 de abril de 2011.

Antecedentes

8 comentarios en “Vox populi, vox dei

  1. teresa moreo marroig

    Enhorabuena Antonio per el artículo.
    Precisamente Marx decía que “la autocrítica era fundamental para poder
    caminar, crecer y organizar la sociedad”
    Un abrazo

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  2. Juan C.

    Los órganos reguladores también son coto de los políticos. PSOE y PP prometieron ponerse de acuerdo para impulsar la independencia de los organismos reguladores. La promesa ha quedado en agua de borrajas y los consejos de los reguladores seguirán siendo miniparlamentos en los que los partidos designan a sus candidatos según su peso político. La prueba más palpable de esta politización es que la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de Energía (CNE) van a tener como presidentes a secretarios de Estado, uniéndose así al Banco de España, que también preside un ex alto cargo del Gobierno socialista. El PP ya ha avisado que los destituirá si llega al poder. Y nombrará a los suyos. O sea, suma y sigue.
    Los órganos constitucionales, coto de los políticos.

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  3. Clara

    Para los interesados, destaco la entrevista al Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía que hoy domingo distribuye Eupropa Press.

    Antonio López Hernández recordó que el ente fiscalizador es un órgano que funciona de manera colegiada y apuntó que el pleno «es el que debe aprobar los proyectos e informes, siempre en un clima de consenso y unanimidad a la hora de establecer criterios».

    «El objetivo de todos los miembros de la institución es evitar y eludir el debate político dentro de la Cámara y reforzar el carácter técnico como institución«, ha agregado López, para el que «es un servicio público que debe reforzarse y orientarse hacia los ciudadanos, que son los que reciben nuestros informes, para que así vean que son útiles y que sirven que así los andaluces entiendan que se están utilizando correctamente los recursos».

    Antonio López deja claro que la Cámara de Cuentas «no está politizada, todo lo contrario, pero sí hay que poner unos valores y mantener como un principio y un valor la lealtad institucional por parte de todos los que formamos parte de la Cámara de Cuentas«.

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    1. PacoM

      Gracias por la recomendación. Suficientemente explícito el artículo. Lástima que esas reflexiones no sean de lectura obligatoria y aplicación diaria para esta chusma política que tan mal servicio está dando a la ciudadanía y lo tiene todo destrozado con tanta demagogia y manipulación.
      ¿Es que en España no hay PROFESIONALES de verdad con un mínimo de ética?
      ¿Qué le podemos exigir a un Catedrático para desempeñar un puesto para el que no tiene experiencia contrastada si su supuesto único valor, su competencia profesional, queda anulado por su LEALTAD POLÍTICA?
      Al menos un poco de vergüenza… torera. Pero debe ser que también está prohibida… la vergüenza.

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