¿Quién es Standard and Poor's?

23 comentarios

Recibo de Standard & Poor’s la nota de la nueva calificación de España cuyo texto transcribo a continuación:

– En nuestra opinión, España probablemente tenga un largo período de lento crecimiento, lo que debilitará su situación presupuestaria.

– Rebajamos pues nuestra valoración a largo plazo de los bonos del Reino de España de AA+ a AA.

– Esta predicción negativa refleja la posibilidad de otra rebaja si la situación presupuestaria de España resulta ser peor que la que anticipamos actualmente.

Justificación:

  • Endeudamiento del sector privado de un 178% del PIB, que en nuestra opinión es mayor que el de la mayoría de economías similares a la española;
  • Un mercado laboral inflexible (esperamos que el desempleo llegue al 21% en 2010), que creemos que es probable que ralentice la recuperación de la productividad;
  • Una capacidad de exportación bastante baja –actualmente, las exportaciones de España son de sólo el 25% de su PIB– añadida a una competitividad muy erosionada debido a pasados incrementos en los costes unitarios laborales, en comparación con economías similares a la Española;
  • La calidad de los activos del sistema financiero, que en nuestra opinión está bajo presión tal y como refleja la reciente revisión de nuestro Informe Nacional sobre el Riesgo del Sector Bancario (BICRA) para España, cambiando su clasificación de Grupo 3 a Grupo 2. Aunque el grado de un posible apoyo oficial para el sistema financiero español es desconocido, podemos anticipar un coste fiscal acumulado de al menos el 5% del PIB. Este coste está relacionado con las probables necesidades de financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB; 34.000 millones de euros) y el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (19.000 millones), que nosotros incorporamos a nuestra estimación de la carga financiera de la Administración; y
  • La marcha atrás en los paquetes de estímulo fiscal iniciados en años anteriores por el Gobierno como parte de la estrategia para reducir el déficit al 3% del PIB para 2013.

Seguimos creyendo que el déficit fiscal para 2010, en líneas generales, se ajusta con el objetivo del gobierno del 9,8% del PIB. Sin embargo, a medio plazo prevemos un comportamiento más débil de los ingresos y mayores presiones de gasto de lo que el gobierno prevé, principalmente debido a nuestra visión del crecimiento económico en comparación con las estimaciones actuales del gobierno.

Como resultado, nuestra proyección de que el déficit público puede superar todavía el 5% del PIB en 2013, es significativamente superior al objetivo oficial del gobierno del 3%. En consecuencia, estimamos que la deuda pública bruta es probable que aumente por encima del 85% del PIB en 2013 y continúe su tendencia alcista hasta mediados de la década. El aumento de los costes por intereses de España, más allá de lo que consideramos en nuestro caso-base, podría, en nuestra opinión, reducir también la capacidad del gobierno para alcanzar sus objetivos presupuestarios de este año y del próximo.

Agencias de calificación

Inmediatamente, las agencias de prensa se hacen eco de las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, que reclamó ayer a las agencias de rating “responsabilidad” y “rigor” a la hora de valorar la deuda de los países y avisó de que seguirá “vigilando de cerca el comportamiento de los mercados financieros y de sus actores durante esta crisis”. El Ejecutivo comunitario eludió valorar la decisión de Standard & Poor’s de rebajar un peldaño la nota de la deuda a largo plazo de España (del notable “alto” al notable).

“¿Quién es Standard & Poor’s?”, se interrogó el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj. “Continuamos vigilando de cerca el comportamiento de los mercados financieros y de sus actores durante esta crisis”, señaló el portavoz sin precisar en qué consiste esta vigilancia ni qué acciones se adoptarán.

La UE ya ha aprobado nuevas normas para regular el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgo tras cuestionar su papel durante la crisis que entrarán en vigor a finales de año. Estas reglas evitarán conflictos de intereses, mejorarán la calidad de la metodología para calcular las notas y aumentarán la transparencia, dijo Hughes.

Por su parte, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, calificó también de “un poco sorprendente” la argumentación que ha utilizado la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s para rebajar la nota. La realidad es que unos minutos después de hacerse pública la nueva calificación, la bolsa española se desplomaba un 3%. El euro caía a su nivel más bajo del último año.

Comentario brevísimo

Es el inicio de una espiral que no se sabe donde termina. Después de Grecia, Portugal y España, vendrán Francia e Italia. Es sorprendente que un asunto de esta importancia, como la calificación crediticia, esté en manos privadas. Miles de millones de dólares volatilizados tras una nota emitida por una compañía y cuya fundamentación deja mucho que desear. Pienso que no hemos aprendido nada de esta crisis. (Más)

Plural: 23 comentarios en “¿Quién es Standard and Poor's?”

    1. Ya, Javier. Pero seguro que recuerdas la calificación que tenía Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008, cuando presentó la declaración de Quiebra.

      Aprovecho para incorporar la docta opinión, sobre este asunto, de Manuel Conthe en su blog:

      En puridad, lo que había criticar a las agencias de rating es que dieran en su día a España, y mantuvieran durante muchos años, la máxima calificación crediticia posible, porque los males que ahora están aflorando -el déficit presupuestario estructural, el excesivo endeudamiento privado, la pérdida de competitividad…- tienen unas raíces profundas, que quedaron ocultas durante los años de bonanza. Por desgracia, las calificaciones de las agencias tienen un carácter “pro-cíclico” que les priva de mucho de su valor. Por lo demás, la secuencia con la que las agencias modifican sus calificaciones -S&P lo ha hecho esta semana con Grecia, Portugal, España…- siguen ciertos patrones que tienden a agravar los fenómenos de contagio en los mercados financieros.

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  1. Vale admito pulpo por animal de compañía. Las agencias no saben lo que dicen. Entonces? el vacio total? nos creemos lo que diga Campa ? ó Montoro? Pregunten a Menendez que es un especialista en contar cuentos rosa.
    Creo que este país está aviado y para muchos años. La digestión del brbujazo va a ser lenta y pesada, eso si se consigue y no volvemos a los 60

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  2. Aunque no es lo mismo, creo que sí parecido, y, realmente, estaba pensando en la auditoría de cuentas.

    Está claro que la panacea (modelo perfecto) no existe, pero quiero poner de manifiesto cómo, periódicamente, aparecen publicadas en el BOICAC (Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) las numerosas e importantes sanciones económicas –a veces, con suspensión temporal para ejercer la función (e incluso definitiva)- que en los últimos años se imponen a los Auditores de Cuentas en el ejercicio libre de su profesión.

    Recordar, de nuevo, a Arthur Andersen …

    ¿Existe algo parecido respecto a los órganos de control interno y/o externo (funcionarios y autoridades) respecto a su trabajo en las administraciones públicas?, ¿o es que lo hacen fenomenal y en ningún caso merecen sanción ni reproche? … porque, insisto, las cuentas de las administraciones públicas (al menos, en España) no se las cree nadie.

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  3. Como todos sabemos, existe una concepción del mundo anglosajona y otra continental. Los países del euro pertenecemos al Continente, como es obvio, y sin embargo el BCE utiliza estos “ratings” a la hora de calificar la deuda que puede servir de garantía en los préstamos que concede a los bancos ¿no es una contradicción? Dicho muy burdamente, en el mundo anglosajón se confía en el sector privado, en su capacidad de autorregulación, etc.

    Como es sabido, en Inglaterra no existe un corpus de Derecho Administrativo y las relaciones entre la Administración y los administrados se rigen por el derecho común. Para mí, la concepción anglosajona es sencillamente primitiva, fruto de la conservación de una tradición antigua. Así se llega al absurdo de que una entidad privada, con intereses privados, por otra parte conocidos, y un historial discutible, sobre la base de unos estudios, por lo que parece inexistentes, acerca de las proyecciones futuras de las macromagnitudes de la economía española (es sabido que las proyecciones econométricas tienen una vigencia máxima de seis meses y después pierden fiabilidad rápidamente) y un conjunto de argumentos infantiles, se permita el lujo de “calificar” a los Estados soberanos de todo el mundo civilizado, y que este hecho dé lugar potencialmente a un encarecimiento del coste que tenemos que asumir los españoles por nuestra deuda.

    Por otra parte, a nadie se le oculta que, dado el grado de integración económica de los países de la zona euro, es difícil sostener que el “riesgo de insolvencia” de una parte sustancial no influya para nada en la calificación crediticia de los demás, cuyos bancos quebrarían y cuyas exportaciones quedarían en el almacén. No podemos depender de una estructura semejante. ¿qué pensaríamos de un Estado que se hiciera auditar por Arthur Andersen durante los diez años anteriores a su desaparición? Por esto existe, desde hace mucho tiempo, otro modelo de regulación ecónómica, financiera y de supervisión de los mercados.

    La deuda soberana de los Estados miembros debiera ser aceptada por el BCE sin mayor trámite ¿qué Banco Central del mundo no acepta la deuda emitida por el propio país o la somete a la calificación de una agencia privada extranjera por si resultase insolvente? Por otra parte, es claro que en Europa estamos construyendo un imperio sin enterarnos de lo que estamos haciendo ¿qué nación permitiría que se especulase sin límite en contra de varias de sus provincias? El liderazgo de Europa en el mundo está manifiestamente en entredicho. Todo esto, aunque parezca muy lejano, tiene consecuencias en el modelo de control externo que también está en discusión en el mundo.

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  4. Suscribo lo que acaba de firmar Graciela. Yo mismo escribí hace tiempo (y me ratifico) lo siguiente:

    Parecería mucho más sensato y acorde con el principio de transparencia que la elaboración de los ratings de gobiernos y entidades públicas corriese a cargo de algún organismo internacional –por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional– y que dicho trabajo estuviese guiado por un escrupuloso respeto a los principios de obligatoriedad en la recepción, transparencia en los criterios empleados, independencia de las valoraciones técnicas, gratuidad en la elaboración y publicidad de los resultados.

    (página 43, http://www.ief.es/Publicaciones/Investigaciones/Inves2005_08.pdf)

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  5. A la pregunta que Graciela García realiza en su magnífica exposición: ¿qué pensaríamos de un Estado que se hiciera auditar por Arthur Andersen durante los diez años anteriores a su desaparición?, pienso que se le puede contestar con otra: ¿qué pensaríamos de un Estado que se haga auditar por un órgano en el que sus máximos responsables son nombrados por los partidos políticos (en proporción a su peso electoral), que muchas de las veces son políticos retirados –o, en ‘activo’ y nunca mejor dicho- con escasa o nula formación contable?

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    1. Es verdad lo que dices en gran medida, muchos lo compartimos, incluidos algunos políticos que acaban por entender la Institución. No es sólo una cuestión de formación el problema; es precisa una perspectiva particular, una identificación personal con el sentido de la Institución y con su papel en el entramado democrático, un profundo respeto por lo público….Estos elementos difícilmente van a concurrir en alguien que “está de paso”. El Tribunal es manifiestamente mejorable, y todo el sistema de control lo es, pero mi opción es más institución pública, más profesionalización, más transparencia, más objetividad y otra concepción de la política, que permita “respirar” a las Instituciones que las respete y no las instrumentalice permanentemente.

      No queda otro remedio que reconocer que el foco de la crisis financiera se ha originado en un medio extraordinariamente sofisticado, repleto de agencias de rating, auditoras, analistas, consultores, aseguradoras, y agentes especializados de toda índole. Lo último que leído es que Ernst and Young, la auditora de Lehmann Brothers, que, como es sabido, quebró con calificación AAA, colaboraba con el Banco aceptando y hasta diseñando sus prácticas de ocultación de la deuda en el balance, aprovechando una minúscula posibilidad derivada del complejo sistema de normas contables emitidas por el FASB, que es una entidad privada, y que, dicho sea de paso, no ha parado en este tiempo de modificar la contabilidad de los derivados financieros. Los títulos hipotecarios por los que ahora ha sido demandada Goldman Sachs se vendían con calificación AAA. Todo esto se llama conflictos de interés y corrupción.

      En el ámbito público está ahora muy de moda la “Peer Review”, para que el fiscalizador sea fiscalizado a su vez, cuando descubro con sorpresa que ese experimento ya ha fracasado hace tiempo en las auditoras privadas, que, por supuesto, se respetaban mucho las unas a las otras. La autorregulación entre los propios agentes intervinientes en los mercados ha fracasado, los conflictos de interés han podido con ella, porque había mucho dinero en juego. No hay salida? Yo pienso que sí: desmitificar el mercado y volver a creer que la verdadera libertad requiere de organismos vigilantes muy profesionalizados, lo más alejados posible de los intereses en juego.

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  6. Estimado amigo bloguero, el problema, hoy, estriba en la sutil distinción entre lo público y lo privado, hasta tal punto sutil, que si analizamos quienes son los titulares de la deuda pública, generada en gran medida para salvar la banca privada.

    Resulta que el mayor acreedor de los estados -caso muy relevante en España- es precisamente la banca privada, que a eso dedica el dinero de los rescates y los impuestos, así que habría que ver -desgraciadamente-, cómo se fundamenta que desde lo público se gestione mejor que desde las cavernas privadas. Me temo que son conceptos que han entrado en estado catatónico. Gracias por el post, muy bueno, y muy oportuno…

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  7. La participación evidencia que se trata un gran tema. Y quisiera disipar mis dudas ante connotados comentadores, aunque exhiba mi ignorancia pero creo que sí de algo vale la nueva tecnología es permitirnos dialogar desde diferentes espacios pero con un mismo interés, es decir, la fiscalización.

    1. Cuando Javier Grandio, señala “las numerosas e importantes sanciones económicas (…) que en los ultimos se imponen a los Auditores de Cuentas..” y se pregunta ¿Existe algún parecido respecto a los órganos de control interno y/o externo..? porque insisto las cuentas de las administraciones públicas (…) no se les cree nada”. Pareciera dos órdenes o niveles diferentes, donde el concepto de “administraciones públicas” se reduce a un control”interno Y/o externo”, pero alejado de la esfera de los “Auditores de Cuentas” donde sí existen sanciones, y en el otro no.

    Y el propio Javier, en post anterior, ha mencionado el artículo de Jesús Picó sobre la “Opacidad en las cuentas anuales del sector público”, e interpreto que la referencia es a, TODAS LAS CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO. Luego entonces, los auditores de cuentas se encuentran aparte, y con ello, su Institución. Porque sí efectivamente “las cuentas de las administraciones públicas no se les cree nada”, en consecuencia, al Tribunal de Cuentas, y a los OCEX no se les debería creer.

    Y con respecto, a la propuesta de Jesús Picó, de introducir el delito “De la opacidad en las cuentas anuales del sector público”. Quisiera preguntar, si en España no existe el delito de falsedad de declaración. Dado que en México, en el Código Penal, tanto federal como estatal, se tipifica que “el que rindiere declaraciones falsas anate cualquier autoridad comete el delito de falsedad de declaración”. Que se cumpla es otro asunto, pero en mi opinión el problema se centra en la regulación y supervisión que deben efectuar los órganos de control y fiscalización. Por lo que tengo la duda, si en España no existe este delito, dado que la cuestión no se centra en la juridicidad, sino en el instrumento y en la Institución que posibilita la fiscalización. Y este punto se entronca con..

    2. El comentario de Graciela García, con respecto, “el modelo de control externo que también está en discusión en el mundo”. No se si refiere, en forma general, al modelo de fiscalización que está a discusión.

    De antemano mis disculpas, si mis preguntas parecen ociosas o indican el desconocimiento sobre el tema, pero en la lejanía, la dicotomía entre lo externo e interno, o entre la Auditoría de Cuentas y los órganos de control interno y/o externo, me confunde (quizá por mi desconocimiento) si el problema no solamente se encuentra en las Instituciones sino también en la Fiscalización.

    Y por último, resta agradecer a Antonio Arias, porque su blog contribuye a construir Capacidad Institucional, al no solamente incorporar a individuos al diálogo y a la crítica, sino poner como eje a la Institucionalidad.

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  8. Apreciado Mario Alberto:

    En España, en general, todas las empresas mercantiles -excepto las de pequeña dimensión- deben someter anual y obligatoriamente sus estados financieros a la opinión de un Auditor de Cuentas (profesión libre, pero tutelada/vigilada por un organismo público administrativo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas -ICAC-, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda). Este informe de auditoría de la empresa, junto con sus correspondientes estados financieros (cuentas anuales) deben ser inscritos en el Registro Mercantil, que tiene carácter público y, por tanto, es consultable por cualquier persona, sin tener que acreditar ningún interés concreto (hoy en día por Internet: http://www.registradores.es/

    En el contexto descrito, funcionarios públicos dependientes del ICAC revisan con cierta regularidad los “papeles de trabajo” de los Auditores de Cuentas, poniéndose de manifiesto -en ocasiones- que la “opinión” de sus informes no está “bien fundamentada” … Por ello, el ICAC tiene potestad sancionadora hacia los Auditores de Cuentas (privados), y, últimamente, parece que no andan flojos de trabajo …

    El control económico-financiero del sector público español, así como, en su caso, el enjuiciamiento por responsabilidad contable, corresponde ejercerlo, en última instancia, al Tribunal de Cuentas de España, institución que sólo rinde cuentas ante el Parlamento español. A nivel funcionarial está compuesto por profesionales –todos de mucho prestigio-, tales como Auditores superiores, Letrados y Contadores, que acceden al puesto por oposiciones públicas. Por encima de ellos, existen los Consejeros, entre los cuales uno ejerce como Presidente. Son estos últimos, que última instancia tienen cierta capacidad de pulir los informes preparados por los Auditores, quienes son elegidos por los partidos políticos entre personas de reconocida profesionalidad … aunque, en alguna ocasión, pueda no ser así.

    Con el desarrollo de las autonomías, prácticamente todas las comunidades han creado sus propios OCEX (órganos de control externo), ostentando potestad para controlar las administraciones de ellas dependientes. Creo que no ostentan competencia en materia de enjuiciamiento por responsabilidad contable, debiendo trasladar sus conclusiones –en su caso- al Tribunal de Cuentas de España, con quien actúan con cierto nivel de coordinación. La estructura funcionarial y de autoridades es similar a la del Tribunal de Cuentas.

    Las administraciones locales deben rendir sus cuentas ante el OCEX de su comunidad autónoma.

    Paralelamente al “control externo” anteriormente descrito, los tres ámbitos de administración pública (administración central, comunidades autónomas y entidades locales), cuentan con personal (“propio” en el caso de las entidades locales) y “delegado” en el caso de la administración estatal y en la autonómica, que ejerce el denominado “control interno”: son los denominados Interventores, que también gozan de amplio prestigio y cuya condición se adquiere tras superar las correspondientes oposiciones públicas.

    Lo de que “las cuentas de las administraciones públicas no se las cree nadie” … es una expresión un poco jocosa, pero, me temo, que no por ello incierta. Ya he comentado en más de una ocasión en esta bitácora que, por unos u otros motivos, las cuentas de las administraciones públicas no suelen estar bien hechas, siendo bastante normal (¡) que todos (el pueblo) sepa que las AAPP deben más dinero del que anotan en sus libros: en este contexto, en contraste con lo que ocurre con el ICAC y su correspondiente potestad sancionadora hacia los Auditores de Cuentas (privados), me he venido preguntando si alguna vez –yo creo que no- se ha exigido a algún funcionario o autoridad pública relacionada con la materia alguna responsabilidad por no informar “claramente” (que no de forma enrevesada en la página 787 de un farragoso informe) del estado de las cuentas públicas.

    Personalmente, en relación al último comentario de Graciela, creo firmemente y manifiesto mi compromiso con lo público, y no por ello pienso que haya que satanizar el mercado, aunque sí, por supuesto, actualizar sus reglas a los tiempos.

    Con F. González, en el 28º congreso de su partido (1979), los socialistas españoles aceptaron la economía de mercado y renunciaron a toda relación con el marxismo. Por preferir, sobre todo en los tiempos que corren, me quedo antes con 10 empresarios como el dueño de Inditex, que con 1.000 funcionarios a sueldo de un organismo público regulador: creo que se puede ser servidor público de maneras distintas.

    Saludos cordiales.

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  9. En primera instancia, agradezco a Javier su atención para disipar las dudas planteadas. Y en segunda, me permito incursionar en la cuestión del compromiso, de los que nos situamos en el campo de la fiscalización, con lo público.

    Desear que se genere otra concepción de la política es solamente una buena intención, pero no está en nuestro campo ni en nuestra responsabilidad. Pero lo que si cabe, es indagar sobre cómo mejorar a los órganos de control y fiscalización. Al respecto, Graciela García, apunta que la opción es, más objetividad y profesionalización, entre otras. Sin embargo, no obstante la claridad conceptual de Graciela, se encuentra inmersa en la visión opaca sobre el problema de la objetividad. Porque anhelar “más objetividad”, supone que si existe objetividad, aunque menor. Pero no, la objetividad no está sujeta a medias tintas. Y ésto más bien acusa su indeterminación. Por ejemplo, en el Glosario de las Normas de Auditorìa de la INTOSAI no se define qué debe entenderse por objetividad. Y las acepciones giran en torno a, que el auditor debe hacer caso omiso de los prejuicios e intereses particulares. Más si esto fuera posible, no existe forma de su demostración. Asimismo, en las Normas de Auditoría se señala que “el auditor público debe mantener soberanía de juicio, ser autónomo y objetivo para proceder con independencia”. Esto es, el “deber ser”, la objetividad se situa en el terreno ético. Lo cual nos conduce de nuevo a que la objetividad es una postura o posición personal, es decir, nos remite a la subjetividad.

    El problema central de la auditorìa pública es la indeterminación de su objeto (no de objetivos, en cuanto a fines o metas) sino objeto como realidad del conocimiento, y en este sentido la objetividad correspondería al objeto u objetos, y nada más a éstos. Y así, los resultados en la práctica de una auditoría concreta se convertirían en un saber objetivo porque corresponderían con su objetividad.

    Evidentemente el objeto de la auditoría pública se encuentra en la esfera de lo público, pero develar esta realidad presupone quitar los velos que se han tejido desde lo privado y que han ocultado el verdadero conflicto entre el interés y la corrupción. Y sí, es deseable una mejor profesionalización, pero ésta se encuentra en el ojo del huracán al no emprender el estudio como una forma de desterrar los ídolos y mitos que encubren a la fiscalización.

    Reciban un cordial desde el lugar donde José María Morelos dijo con órgullo “haber nacido en el jardín de la Nueva España”… pero ahora con tanta violencia las flores se han marchitado; pero nuestra esperanza sigue intacta por mejorar las condiciones de nuestro país y construir una Nueva Fiscalización.

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    1. La Comisión Europea quiere ahora que las agencias de rating avisen a un país con tres días de antelación si planean rebajar la nota de su deuda pública para darle una última oportunidad de presentar las alegaciones que considere pertinentes. Ésta es una de las posibles medidas que Bruselas ha anunciado para reforzar los controles sobre este sector, que ha sido acusado de agravar la crisis de deuda en la eurozona.

      Parece necesario este aviso previo o alegaciones, como lo llamais los auditores, cuyo objetivo sería que el país perjudicado pueda llamar la atención a la agencia de rating sobre cualquier dato erróneo utilizado en el análisis por “las graves consecuencias que puede tener una rebaja en el país calificado (al aumentar sus costes de financiación)”.

      No obstante, la propia Comisión admite que este plazo de tres días “puede incrementar el riesgo de abuso de mercado”, por lo que propone que se limite el número de personas dentro del Gobierno a las que se informará de la inminente degradación.

      Para aumentar la transparencia en la calificación de deuda soberana, se quiere además obligar a las agencias de ‘rating’ a publicar de manera gratuita toda la información que han utilizado para dar una determinada nota. La legislación actual sólo exige explicar en un comunicado de prensa o un breve informe los argumentos para justificar una rebaja de calificación.

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  10. Parece que cuando una agencia nos baja la nota en base a unos criterios bastantes sensatos resumidos en una breve nota, las agencias (privadas, etc.) funcionan mal. Esto es como cuando el profesor suspende a un mal estudiante y tiene que aguantar justificaciones penosas en la revisión de examen.

    Creo más bien que lo que sucede es que algo está yendo mal en este país. Pero nuestro gobierno no puede hacer como hacen algunas cajas que han dejado de pedir ser “notadas”, asi no tienen disgustos y el inversor de a pie tampoco.

    Por eso el problema es de la agencia, o de que es privada o de que necesitamos una agencia “europea”, ¿para que haga una valoración mejor o más “europea”?

    A lo mejor conviene no matar al mensajero y reflexionar a qué nos conduce la situación económica, social y anímica actual.

    Sin condiderar en absoluto las calificaciones un artículo de fé (de hecho hay unas estadisticas muy interesantes sobre los errores de estas calificaciones, que no son tan grandes, pero es obvio que las agencias se equivocan igual que nuestro médico o abogado de confianza lo hacen alguna vez), yo por si acaso sigo pidiendo periódicamente – lo hago desde hace años – el rating de las entidades en que invierto tanto profesionalmente como a titulo particular. Es fácil, rápido y al menos tenemos así una visión menos subjetiva que la que estamos acostumbrados a manejar. Luego podemos creernoslo o no pero eso es otra cosa. Si Ud. no lo hace pruebe. A lo mejor se lleva una sorpresa. Y si su caja o la empresa en la que pensaba invertir no tiene “rating” sospeche lo peor.

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  11. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, advirtió ayer de las carencias de información que padece el organismo supervisor para realizar su tarea de vigilancia. Durante su intervención en el acto de investidura como doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Segura arremetió contra las agencias de calificación (rating) y bancos de inversión por los conflictos de intereses con los que ejercen su función.

    Atacó duramente, y de forma reiterada a las agencias de calificación y otros organismos. “Las agencias califican determinados productos financieros emitidos por empresas y, a su vez, diseñan y ayudan a colocar emisiones a otras o a las mismas que califican y prestan otros servicios y emiten informes sobre las perspectivas de las empresas“. “Adicionalmente”, remachó, “sus calificaciones tienen una influencia enorme en los mercados financieros, no solo de emisiones privadas, sino también de deuda soberana”.
    Saber más …

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  12. El FMI tambien quiere poner coto a las agencias de calificación y está pidiendo que pierdan peso. Observadores, analistas y reguladores han identificado a este grupo como uno de los culpables del pánico financiero que sucedió a la crisis de Lehman Brothers, hace justo ahora dos años.

    Ahora, aprendida la lección, llega el momento de la reforma y el Fondo Monetario es uno de los críticos más feroces contra Moody’s, Fitch o Standard & Poor’s, pues considera que estas firmas, pese a emitir recomendaciones útiles, han estado bajo la sombra de la sospecha (en palabras de Strauss Kanh) durante la crisis.

    Os sugiero consultar los dos primeros capítulos del informe Estabilidad Financiera Mundial, presentados ayer y que recoge toda la prensa. El organismo analiza la actuación de las tres entidades desde 1975 y asegura que influyen en los precios de los mercados, ya que sus opiniones son seguidas en los procesos de compra venta de valores, y provocan efectos desestabilizadores. “Los inversores pueden lanzarse a vender títulos después de las rebajas de ratings” (José Viñals, director de Asuntos Monetarios del FMI).

    El organismo justifica esta opinión por el hecho de los fondos de dinero compran y venden activos en función de estas opiniones. Del mismo modo, los bancos centrales deciden qué títulos aceptan como garantías colaterales según el ráting que posean. Para el FMI, esta dependencia debe desaparecer y es necesario aumentar la supervisión sobre las tres grandes, igual que sucede en mercados como el de EEUU y la Unión Europea. Al mismo tiempo, el fondo aconseja encontrar mecanismos de medición sustitutivos que, de momento, están sin concretar.

    El informe sostiene que tres cuartas partes de todas las titulizaciones hipotecarias residenciales de EEUU sufrieron rebajas de ráting entre 2005 y 2007 por parte de S&P, al pasar de AAA a BBB-. Estas revisiones eran previsibles pero eviencian un fracaso en la calificación anterior”. A su vez, la institución cree que las agencias deberían incluir en sus certificaciones las posibilidades reales de que se produzca un impago de la deuda, medida que no se incluye ahora.

    Un saludo desde la América profunda

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  13. Harto de las barbaridades que ocurren y en la medida de mis escasas posibilidades, me había decidido a comprar Letras del Tesoro como particular. Prefiero que mi país se financie con los ahorros de sus propios ciudadanos que teniendo que acudir a esos mercados de deuda especulativos y descontrolados en los que ofician como desvergonzadas sacerdotisas las agencias de calificación, esas empresas que, si tuvieran un poco de decencia, habrían comenzado por disolverse como la vieja Arthur Andersen.

    Pues no. No lo hacen, ni lo harán, mientras el papanatismo de sus víctimas les siga el juego de un modo tan acomplejado como el de Vds.

    ¿Qué pintan, junto al logotipo del “Tesoro Público”? … (Fíjense bien en lo que son o, más bien en lo que somos y que ustedes gestionan: El “Tesoro Público”, la soberanía financiera del Estado)… ¿Qué demonios pintan, digo, esas “aes” (Aa2/AA+/AA) que no son otra cosa que la jerga mediante la que nos quieren esclavizar?… El signo del esclavo, la argolla, la marca tatuada en el antebrazo, la oreja cortada…

    A la cabecera de una institución financiera pública le sobran semejantes adornos. Le sobran siempre, pero ahora muchísimo más. Si quieren hacer publicidad de las “Agencias de Rating”, páguenles un anuncio, pero no manchen la imagen del Estado.

    Muchas Gracias

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  14. Las agencias de rating son como esas sociedades secretas que creen estar por encima del bien y del mal. Y lo peor, es que la economía sigue rigiéndose por sus opiniones y bailamos al son de su música. Mientras se dedican a rebajar la calidad crediticia de los bancos de la zona euro y de los países de la periferia, nada dicen de la deuda USA y del Reino Unido, cuando es en realidad ahí donde está el verdadero peligro para la economía mundial. Ya sabemos que aquí, como en Grecia, Italia, Portugal… se han hecho las cosas rematadamente mal, pero el tiempo nos demostrará que el peligro viene cruzando el charco (ojalá nos equivoquemos). Ejemplo de ver la paja en ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

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