La foto, tomada en una céntrica calle sevilllana por MFB, no sé si impresiona más por el tirón mediático de sus protagonistas o por que uno de ellos esté leyendo un periódico económico ¿Se tratará del Concejal de Hacienda? ¿Será su asesor económico? En definitiva, sirve para ilustrar el tema de los recortes presupuestarios, que amenazan ya a muchas Administraciones.

El blog de lo público presentaba ayer un interesante artículo de Juan Carlos Arranz donde anticipa los efectos inmediatos de la crisis en las Entidades Locales. Recuerda que el ministerio de Hacienda ya anunció una posible reducción del Fondo de Participación Municipal a transferir a los ayuntamientos, toda vez que si la recaudación de los tributos estatales es menor, también lo será la participación de los municipios.

Por eso los pequeños municipios no han tardado en organizarse durante el I Congreso de Pequeños Municipios y Entidades Locales Menores en España, celebrado en La Rioja durante el 27 y 28 de octubre, con la participación de representantes de todas las Comunidades Autónomas. Entre sus conclusiones destaca este resignado y lastimero SOS: «es primordial revisar los modelos de financiación y acometer una reforma profunda en las fuentes de financiación de los ayuntamientos. La financiación de los pequeños municipios está dentro del ámbito competencial del Estado. Urge incrementar esta financiación«. Y tienen razón en quejarse, pues tuvo poca repercusión nacional. Como siempre, el digital de Expansión-Función Pública (Margarita Castillo) demuestra su sensibilidad a estos temas.

También ayer apuntaba el diario El País el siguiente titular: «La crisis pone en riesgo el servicio de limpieza en las ciudades» avanzando que las empresas del sector de limpieza amenazan con dejar de prestar (?) ese servicio público, ante los impagos reiterados de los Ayuntamientos.

El artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público obliga a la Administración a abonar el precio “dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato”. El apartado siguiente del citado artículo recuerda que si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato. Y si la demora fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

Siempre ha habido retrasos …

Con frecuencia los contratistas no exigían los intereses moratorios, (¡a pesar de ser automáticos!) pero ahora están preocupados porque han detectado un retraso superior al normal (no al legal): «nosotros no tenemos otro cliente: si los ayuntamientos dejan de pagar, algunas empresas pueden irse a pique. Antes te enfrentabas a un caso concreto de un ayuntamiento que no pagaba a tiempo; ahora nos tememos que se convierta en algo general«, dice al periodista un representante del sector. Me temo que las ofertas de las futuras licitaciones no serán tan bajas como estaban ofreciendo estos últimos años.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado a los Ayuntamientos la previsión de entregas a cuenta de la P.I.E. -Participación en los Ingresos del Estado- de 2009 será menor de la de 2008, pero «la cuadran» añadiendo en el 2009 la previsión de cobro de la liquidación de 2007, entre las protestas de los Interventores (gracias, UMMJ).

En la situación actual, los bancos están negando a los proveedores los préstamos por los tradicionales endosos, o -en el mejor de los casos- están cobrándoles unos precios prohibitivos. Los Interventores andan preocupados preparando contratos de pago confirmado a proveedores (confirming) para resolver la papeleta. Pero, sin duda, tendrán un alto coste.

Los grandes Ayuntamientos no están mucho mejor con la crisis del ladrillo. El alcalde de Madrid sostiene que los gastos impropios, que corresponden a servicios que son competencia del Estado o de la Comunidad Autónoma, suponen una «subvención» a éstos equivalente al 25% de sus Presupuestos. Una cifra que no anda lejos de la aportada para todo el territorio por los investigadores Manuel Esteban Cabrera y José Sánchez Maldonado, del Instituto de Estudios Fiscales (Descargar informe).

Auguro una corta vida para esos gastos impropios. Algunas CCAA están planteando crear Fondos Autonómicos tanto de nivelación corriente como de inversiones para mantenerlos. Otra solución es redescubrir el recargo local sobre la cuota del IRPF, cuyo tipo sería decidido por los Entes locales entre unos niveles máximo y mínimo fijados por el legislador. En fin, malos tiempos.