En noviembre del año 1996, recibí la llamada del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luís Arroyo. Su maestro, el catedrático de Derecho Penal, Marino Barbero Santos, visitaba Oviedo para ofrecer la conferencia inaugural de unas jornadas sobre derecho económico que organizaban una asociación de estudiantes del Campus de El Cristo. Me encargó ejercer de cicerone de tan insigne personaje, así que pedí el correspondiente «moscoso» y me apliqué a la noble faena.

Fue una de esas ocasiones inolvidables para conocer y disfrutar de una personalidad excepcional que sabes formará parte de la historia del derecho. Incluso pude presentarle lo que era Internet, ya en el año 1996. Nunca olvidaré cuando en mi despacho de Interventor de la Universidad de Oviedo vio por primera vez las posibilidades de la red y logramos entrar en el portal de su querida Universidad de Friburgo.

El profesor Marino Barbero accedió a la condición de magistrado del Tribunal Supremo desde su cátedra de Derecho Penal de la Universidad Complutense. Una promoción a través del turno para «juristas de reconocida competencia» que durante años reforzó la Carrera Judicial con nombres de prestigio. Su candidatura fue propuesta por los consejeros socialistas del CGPJ, pues Don Marino era conocido en la Universidad española no sólo por ser un penalista extraordinario sino por su firme defensa de la democracia, de los derechos humanos y contra la pena de muerte.

Durante su etapa de profesor salmantino, en plena dictadura franquista, había obtenido una beca alemana para financiar una estancia universitaria de un año. Como era un «rojo», las autoridades no le concedieron el pasaporte. Era de esperar, «con las cosas que dice en el aula«, le confesó un antiguo alumno, entonces Alto Cargo del Régimen.

Se planteó uno de esos silenciosos conflictos diplomáticos de la época. Por fin, le ofrecieron un pasaporte por un año. Él volvió a negarse; quería SU pasaporte y era SU derecho: «¿Cómo podría mirar a la cara a mis alumnos?«, me explicó tomando sidra en Casa Gervasio. Luego supe que, en 1963 tomó posesión de la cátedra de la Universidad de Murcia, negándose a jurar los Principios del Movimiento. Hoy, en nuestro cómodo Estado de Derecho que habla de la memoria histórica, merecen recordarse estas cotidianas y anónimas proezas.

Era muy exigente Don Marino. Durante su conferencia en la Facultad de Económicas de Oviedo, varios abogados aprovecharon el turno de preguntas para resolver un caso pendiente de su despacho, planteando la duda «teórica» al ponente. Él estaba acostumbrado y fue amable pero implacable: «¡Veo que usted no se ha enterado de nada!, dijo antes de resolverla. Otro asistente persistió con otro caso concreto, que también parecía sacado de su ejercicio profesional: ¡No sé para quien hablo! Dijo con tono pausado, criticando la similitud con el anterior, a pesar de lo cual respondió. Ni que decir tiene que no hubo más preguntas, a pesar de la insistencia del moderador.

Durante la instrucción del Caso FILESA, entre 1991 y 1995, obligó al Tribunal de Cuentas a entregar una copia de los libros de contabilidad del PSOE. El asunto no era fácil. El 16 de febrero de 1995 pidió al Tribunal Supremo el suplicatorio para el ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, por un presunto delito electoral. Utilizó sus facultades como juez de instrucción para registrar las oficinas de la sede federal del PSOE y las del Banco de España. Al final hubo 39 imputados, entre políticos, banqueros y empresarios, por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, por malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita; Todo ello concluyó en 1997 con la condena de ocho personas, entre ellas dos parlamentarios.

El 4 de junio de 2001, unos días antes de su fallecimiento, el Tribunal Constitucional señaló que no se vulneraron los derechos de los imputados y que las pruebas incriminatorias fueron obtenidas de forma legal, dejando incólume el proceso de instrucción.

Pero ya era tarde, el 31 de julio de 1995, Marino Barbero había renunciado a su condición de magistrado, como respuesta a la falta de amparo del Consejo General del Poder Judicial cuando fue criticado por el presidente extremeño, manifestando que el juez quería intervenir en política sin presentarse a las elecciones.

Deja tras de sí muchos discípulos catedráticos y gran cantidad de publicaciones. También fue ponente desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de numerosas sentencias donde supo conjugar doctrina, sentido común y justicia. Por su conexión con cuestiones de rabiosa actualidad citaremos tres que ponen de relieve estas virtudes.

Así, en relación al caso del chico de Valencia que por defender a una chica es golpeado por su agresor y falleció en la caída, podemos citar la STS de 29/2/1992 en que D. Marino aprecia la atenuante de «preterintencionalidad» al individuo que agrede a un deficiente y éste por las circunstancias padece superior daño al querido por aquél.

También, en el contexto actual reivindicativo y de manifestaciones, podemos traer a colación la STS de 15 /5/1992, en que ante el caso de un estudiante de 16 años que encabezaba una manifestación de protesta por motivos estrictamente académicos, consideró que el simple hecho de cruzar un vehículo no suponía alterar la paz pública hasta el extremo de no valorar tal comportamiento como delito de desórdenes públicos, sino tan solo de simple falta.

Por último, y dada la triste actualidad de la violencia de género, D. Marino fue un precursor en la represión enérgica de tales conductas con la pionera STS de 4/7/1992, consideró que un hombre que encadena a su mujer por varias horas no es un simple delito de coacciones sino el delito mas grave de detención ilegal pues se vio privada de su libertad deambulatoria y aunque escapó con ayuda de un cincel a las pocas horas, esa privación pudo durar mucho más.