Con el título «Financiación del Sistema Universitario Español«, la  Comisión de la que formo parte desde 2004 hizo entrega, el 20 de abril, al Secretario de Estado de informe elaborado. Según el diario El pais, un documento para «cambiar la Universidad«. La foto, que no es muy buena, pero es la única y de mi cámara (¡fiscalizacion.es estuvo allí!) muestra la sala de plenos del Consejo de Coordinación Universitaria. Recordemos que el Consejo celebrará su última reunión el martes 24 de abril porque desaparece con la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), que la divide en dos: Consejo de Universidades y Conferencia General de Política Universitaria, con representación separada de los Rectores y las Comunidades Autónomas respectivamente.

El informe, que será sometido en los próximos días a un cierto debate en la prensa y a estudio por las universidades y las Comunidades, responde a la Disposición adicional octava de la LOU de 2001, titulado «Del modelo de financiación de las Universidades públicas»:»… el Consejo de Coordinación Universitaria elaborará un modelo de costes de referencia de las Universidades públicas que, atendiendo a las necesidades mínimas de éstas, y con carácter meramente indicativo, contemple criterios y variables que puedan servir de estándar para la elaboración de modelos de financiación por los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y dentro del objetivo de estabilidad presupuestaria, y a las Universidades para el desarrollo de sus políticas de financiación».

Veo en la portada del diario El País el siguiente titular: «La Universidad española necesita 2.700 millones en cinco años para ponerse al día». Era de prever que, de todo el informe, la página 55 sería la estrella.

El informe pide que la ampliación de recursos para la Universidad se consiga a través de un esfuerzo «compartido» del sector público y privado, en un 80% y un 20 por ciento, respectivamente. Propone que las partidas públicas se repartan, por parte de la Administración General del Estado, para ampliar las becas y ayudas al estudio, un fondo de fomento de la actividad investigadora (que cubra sus costes estructurales) otro para el reconocimiento de resultados de las universidades en investigación y la reordenación del sistema retributivo estatal de la productividad docente y de investigación, mientras que las comunidades autónomas deberían de aportar la financiación destinada a la mejora de la calidad educativa.

En relación a la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se calcula la necesidad de una financiación adicional en torno al 0,1 y 0,12 por ciento del PIB en España. No obstante, no todos los sistemas regionales ni las universidades tienen «la flexibilidad estructural ni de regulación que exigiría una completa adaptación al cambio». La atención personalizada al alumno, reduciendo el tamaño medio del grupo (más profesores, estructuras y equipamiento); un aumento de medios (laboratorios, bibliotecas, oferta de idiomas, más personal de apoyo al aprendizaje, más gasto en equipamiento docente) y su mayor disponibilidad para que el estudiante; el aumento de la duración de los grados respecto a los actuales estudios de primer ciclo y la disminución del abandono de los estudios que ocasiona que se deban impartir más créditos, son las cuestiones que prevén que aumentarán el gasto.