El comprometido caso de las actas de recepción

obra El Boletín Oficial del Estado pública hoy la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión. Se trata de una normativa de aplicación para las actuaciones de la IGAE de la comprobación material de la inversión y seguimiento de las mismas que realicen sus representantes, aplicable a los contratos administrativos, cualquiera que sea el régimen jurídico al que estén sometidos.

En definitiva, una regulación muy interesante llena de aristas, sobre un aspecto esencial de la gestión pública que será referencia obligada para todo el mundo del control interno, aunque solo sea de aplicación al Estado a la espera de la aprobación para el mundo local en el otoño de su esperado Real Decreto, hoy en el Consejo de Estado para dictamen. Digamos por adelantado que el resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en el mismo acta en el que se formalice el acto de recepción previsto en la legislación de contratos, que será suscrita por todos los que concurran, “haciendo constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación” como afirma la disposición 17 de la Resolución de la IGAE.

El resultado de la comprobación material de la inversión, se corresponderá con alguno de los que se indican a continuación:

«Favorable», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas. En el acta habrá de hacer constar de forma expresa que la opinión que se emite es de carácter favorable.

«Favorable con observaciones», cuando las obras, suministros o servicios se encuentren en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas previstas en el contrato o encargo y, en su caso, en las mejoras ofertadas y aceptadas y en las modificaciones debidamente aprobadas, no precisando, en consecuencia, un nuevo acto de recepción, y las observaciones a formular vengan motivadas por:

  • Incidencias surgidas en la solicitud de la documentación y/o en el estudio de la misma que hayan dificultado, limitado o retrasado la intervención de la comprobación material de la inversión en tiempo y forma.
  • Diferencias entre lo realmente ejecutado y lo aprobado en el expediente objeto de recepción, que por ser de escasa importancia cuantitativa hagan innecesario proceder a la correspondiente modificación del contrato o encargo.
  • Deficiencias, incorrecciones o aspectos a mejorar en la documentación que integra el expediente, que se juzgue oportuno comunicar al órgano gestor del expediente para su consideración en lo sucesivo.
  • En general, aquellos otros aspectos detectados en la intervención de la comprobación material de la inversión que no supongan estar ante una ejecución defectuosa de la prestación.

«Desfavorable», cuando las obras, suministros o servicios no se encuentren en buen estado o no se ajusten a las condiciones generales o particulares previstas en el contrato o encargo, así como, en su caso, en las mejoras ofertadas por el adjudicatario del contrato que hayan sido aceptadas por el órgano de contratación o en las modificaciones debidamente aprobadas. En estos casos, la opinión desfavorable deberá estar motivada en el acta o en informe ampliatorio.

Responsabilidades en el acta de recepción

En este sentido, traemos a la bitácora la Sentencia 4/2015 del Departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (consejera Doña Margarita Mariscal de Gante y Mirón), sobre procedimiento de reintegro por alcance en el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, del Principado de Asturias y última sentencia incorporada a la base de datos del Tribunal. Se declara la responsabilidad contable directa del alcalde, por 24.758 €, por el pago de obras no ejecutadas en un proyecto de saneamiento y pavimentación.

Entiende la consejera que concurren todos y cada uno de los requisitos legalmente necesarios para apreciar y declarar la responsabilidad contable ante el perjuicio ocasionado a los fondos públicos, pues se abonaron “unidades de obra certificadas cuya falta de ejecución era perceptible a simple vista sin necesidad de conocimientos técnicos“, pues considera que el alcalde asistió al acto de recepción en representación del ayuntamiento, sin poner objeción alguna en el acta de recepción y recibiendo la obra ” de conformidad”.

Acredita la sentencia -entiendo que  apelada, no firme indica la web- que el alcalde visitó la obra, junto a los dos facultativos municipales que la dirigieron, quienes tampoco plantearon objeciones a la recepción de conformidad, pues “los pagos al contratista adjudicatario se basaron en una certificación expedida por la dirección de obra y fueron realizados por la cuantía que en dicha certificación se acreditaba como efectivamente ejecutada, sin que el alcalde ni tampoco el secretario ni la interventora pudieran deducir que lo que el director de la obra certificaba como ejecutado no lo había sido”.

Sin embargo, la sentencia deja una novedad (no me atrevo a calificarla como perla) con un significativo aviso para navegantes: “la confianza en el criterio de los técnicos únicamente es suficiente, por sí sola, para excluir la negligencia del gestor de fondos públicos cuando las eventuales deficiencias que pudiera tener la obra de cuya recepción y pago se trata sólo pueden apreciarse por personas con conocimientos técnicos especializados”.

Respecto a esas deficiencias perceptibles a simple vista y sin necesidad de conocimientos técnicos especializados, entiende la sentencia que “la diligencia exigible al gestor de fondos públicos no se agota en la confianza en el criterio de los técnicos, sino que requiere que el gestor de fondos públicos compruebe personalmente que no concurren dichas deficiencias“. Para mi sorpresa, condenan al alcalde como único responsable. Hay que esperar la confirmación de esta fundamentación por la Sala de Justicia. Lo anunciaremos oportunamente en esta bitácora.

Número 65 de Auditoría Pública

65 Ya está disponible el n° 65 de Auditoría Pública, la revista en descarga libre que editan los Órganos españoles de Control Externo y correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año. El sumario es el siguiente:

XVII PREMIOS REVISTA AUDITORÍA PÚBLICA

Entregados los XVII Premios de la Revista Auditoría Pública

VI CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICA

Resumen y conclusiones

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Auditando la incertidumbre: hábitos y prácticas de los centros docentes públicos de Cataluña. Emma Puerta Bonet

El cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de fondos públicos destinados a la enseñanza primaria en la Comunitat Valenciana. Joaquín Izquierdo Peris, Raquel González Virgidano

El Efecto Nudge. Santiago A. Martín Nájera

Propuesta del papel a desarrollar por las Instituciones de Control Externo en el nuevo marco fiscal. Javier de Diego Alonso

Reflexiones federalistas para un nuevo modelo de control externo. Roberto Fernández Llera

La auditoría ambiental, nexo con la empresa amigable con el ambienteAlcides Francisco Antúnez Sánchez

LEGALIDAD

Las nuevas directivas de contratación pública: su incidencia en las encomiendas de gestión. Carmen Carretero Espinosa de los Monteros

Obligación no convencional y gasto público: un binomio inadecuado. Alfonso Luis Blanco Higuera

CONTABILIDAD

Estado explicativo del Resultado Presupuestario Ajustado. Arturo Melián González, José Andrés Dorta Velázquez

Habemus Doctor en la Universidad de Salamanca: Antonio Arias

Originalmente publicado en Contencioso.es:

DoctorEL NUEVO DOCTOR ARROPADO POR EL TRIBUNAL Y FLANQUEADO POR LOS CODIRECTORES

Me llena de satisfacción divulgar que el pasado viernes el síndico de cuentas del Principado, compañero de promoción de funcionario, y cómplice de un sinfín de batallas jurídicas y sociales, obtuvo el Grado de Doctor por la Universidad de Salamanca con una impresionante tesis de título tan ambicioso como atractivo: “La gerencia de la Universidad Pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora”.

El Tribunal estaba presidido por el Director del área de doctorado así como director del Master Estado de Derecho y Gobernanza global de dicha Universidad, Nicolás Rodríguez García, el catedrático leonés Enrique López González y la letrada del Tribunal de Cuentas, Pilar Jiménez Ríus.

No recuerdo quien socarronamente afirmaba que la elaboración de las tesis doctorales era parecido a trasladar huesos de unas tumbas viejas a otras modernas. Sin…

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La gerencia de la Universidad pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora

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Ayer, viernes 10 de julio, defendí mi tesis doctoral en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Muchos de vosotros, lectores habituales de esta bitácora, ya habíais detectado que llevaba unos meses al ralentí. Hé aquí la razón; se titula “La gerencia de la Universidad Pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora”. Os incorporo, a continuación, unas notas que sirvieron de base para la citada exposición ante un Tribunal presidido por el Director del área de doctorado así como director del Master Estado de Derecho y Gobernanza global de esta Universidad, Nicolás Rodríguez García, el catedrático leonés Enrique López González y la letrada del Tribunal de Cuentas, Pilar Jiménez Ríus.

Antes de comenzar, resultan obligadas algunas referencias a personas e instituciones a quienes este doctorando debe manifestar agradecimiento. Primeramente, a la Universidad de Salamanca donde me incorporé durante el Rectorado de Ignacio Berdugo, al que agradezco su presencia hoy aquí y donde trabajé cinco fructíferos años, pertenecí como Gerente a su Consejo de Gobierno y al Consejo Social y donde ahora quiero engrosar su claustro de doctores, en la esperanza de que mis modestas aportaciones académicas lo merezcan. Accedí y crecí como técnico en la Universidad de Oviedo, donde lo académico pronto me cautivó, así que afronté mi primera publicación en 1995, descubriendo que uno no sabe de algo hasta que escribe sobre ello.

En el programa de doctorado sobre aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, a principios de la década pasada, tomé contacto con un grupo académico, encabezados por el hoy presidente del tribunal juzgador de esta tesis, que marcó mi futuro profesional: los profesores Rivero Ortega actual decano de la facultad que nos acoge, así como el codirector de esta tesis, el profesor Nevado-Batalla, presidente del Consejo Consultivo de Extremadura, contribuyeron a recordarme con regularidad que debería cerrar la esta etapa con mi tesis. Y a eso me dispongo, con la ayuda del otro codirector, mi joven maestro, el Dr. Fernández Llera.

Presento un trabajo que, debo reconocer antes de nada, es deudor de muchas aportaciones de los juristas universitarios no docentes, agrupados desde hace más de una década en torno a la Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) cuya mejor personificación la encarna el magistrado José Ramón Chaves, que me hace el honor de estar presente en este acto; o la Asociación de Economía de la Educación (AEDE) y , en especial de Juan Hernández Armenteros, con sus periódicos estudios junto a José Antonio Pérez García sobre financiación y gestión universitaria, todo lo cual me hace recordar al filosofo y jurista contemporáneo de Unamuno, Rudolf Stammler cuando afirmaba que la economía y el derecho tienen la misma relación que la materia y la forma.

Origen del tema y motivos

Así, he intentado integrar en este trabajo todas las fuentes documentales: las aportaciones doctrinales de nuestros estudiosos (académicos administrativistas, gestores profesionales, letrados universitarios) con los análisis críticos de nuestros auditores, en sus informes o en sus artículos. No me atrevería a señalar cual de estos dos grupos es más cáustico en su evaluación de la organización y gestión universitaria. Es conocida la alta capacidad autocrítica de nuestros académicos, incluso para decir, como concluyó Tomás y Valiente en su discurso por el doctorado Honoris Causa hace más de veinte años en nuestro paraninfo, que la Universidad “debe seguir siendo profundamente sospechosa y algo inútil”.  Continúa leyendo La gerencia de la Universidad pública española. Aspectos financieros y áreas de riesgo en la actividad docente e investigadora

Nuevos concejales, nuevas auditorías

Por Fernando Álvarez Rodríguez, Interventor de la Administración local

meEs habitual que en los cambios políticos los nuevos gestores no se fíen de las cuentas rendidas por los anteriores y soliciten auditorías externas. En este momento es más generalizada esa petición, por la posición de las nuevas opciones “emergentes”, que lo han insertado en su ADN, perdón, en su programa electoral, con la formulación de “Auditoría contable y de gestión”.

Para mí no es nada nuevo, y ya lo he vivido en 1987, en 1995 y en 2011, por lo que no me sorprende, y creo que tampoco hay que oponerse, sino aprovechar la preocupación para ayudar a poner un poco más de orden en nuestras cuentas y procedimientos, para lo que os ofrezco las siguientes reflexiones.  Continúa leyendo Nuevos concejales, nuevas auditorías

Consideraciones sobre el modelo de control externo del gasto público en España

mesa-inaugural

Hoy se inauguró en el aula Unamuno de la Universidad de Salamanca el Curso sobre el Tribunal de Cuentas: funciones de fiscalización y enjuiciamiento. En la foto, de izquierda a derecha, D. José Manuel Suárez Robledano, codirector del seminario por el Tribunal de Cuentas, D. Javier Medina Guijarro, Presidente de la Sección de fiscalización del Tribunal y autor de la conferencia inaugural, D. Ricardo López Fernandez, Vicerrector de Economía y Gestión de la Universidad de Salamanca, D. Nicolás Rodríguez García, Director del área de doctorado de la Universidad de Salamanca y D. Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín, catedrático de derecho procesal y coordinador de al actividad.

La conferencia que impartió el Consejero del Tribunal de Cuentas y presidente de la sección de fiscalización, Javier Medina Guijarro, aportó muchísimas claves y datos a la funciones constitucionales de nuestro máximo órgano fiscalizador del Gasto Público. Agradecemos al consejero facilitarnos la reproducción de esta excelente conferencia que incorporamos a continuación.

Consideraciones sobre el modelo de control externo del gasto público  Continúa leyendo Consideraciones sobre el modelo de control externo del gasto público en España

Los pequeños ayuntamientos, cada vez más sostenibles

desequilibrado De acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas, el porcentaje de rendición de las cuentas de 2013 de las entidades locales españolas, a 31 de diciembre de 2014, fue del 81% lo que supone una importante mejora en relación con ejercicios anteriores, ya que en 2012, a esa fecha, el nivel de rendición alcanzado era del 70% y en 2011 del 53%.

Es cierto que hay una gran concentración del gasto local: los 109 ayuntamientos españoles mayores de 50.000 habitantes gestionan el 55% del presupuesto municipal total en 2013. Otros 874 municipios, con población entre 5.001 a 50.000 habitante,s ejecutaron el 32% y los 5.407 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes representan, únicamente, el 13% del gasto municipal en 2.013.

En términos de gestión, el tamaño municipal no parece ser un problema financiero, en España. Por ejemplo, el periodo medio de pago del total de los ayuntamientos fue de 68 días, si bien este indicador sigue una tendencia descendente a medida que disminuye el tramo de población de los ayuntamientos: el periodo medio de pago de los de más de 50.000 habitantes fue de 77 días, mientras que este indicador para los menores de 1.000 fue de 50 días. Una importante mejora.

En el ámbito de la rendición, en cuadro siguiente es muy claro y habla por si solo sobre la gran mejora del porcentaje de rendición de las cuentas de los pequeños municipios respecto al lustro pasado. En todos los tramos, más del 70% de las entidades habían rendido las cuentas de 2013, a 31 de diciembre de 2014 pero el mejor resultado se lo llevan los pequeños municipios.

Rendición de cuentas municipal por tramos de poblacion

Diríamos que, en la actualidad, cuanto más pequeño es el ayuntamiento, vive más a pegado ala realidad, quizás menos dado a grandes ocurrencias y mas saneado. En el extremo ejemplar: las entidades locales menores (ELM). En el ejercicio 2013, Castilla y León contaba con 2.224 ELM, enclavadas dentro de 441 municipios, cerca del 20% de los 2.248 existentes en la Comunidad. Allí, el reciente informe de su Consejo de Cuentas concluye que, globalmente, las ELM financian la prestación de sus servicios, mayoritariamente a través de los ingresos patrimoniales, obtenidos por arrendamiento o aprovechamiento de cotos, fincas rústicas y pastos sin que el ejercicio de actividades o la prestación de servicios básicos de carácter municipal -que muchas de ellas ejercen por delegación- conlleve necesariamente la imposición y exacción de los correspondientes recursos tributarios que los financien. Además, presentaban un saldo positivo tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería no afectado. Un oportuno trabajo del Consejo de Cuentas para poner de relieve que los pequeñas entidades no son el problema, sino un ejemplo de generosidad y colaboración.

La corrupción se cronifica

Jesus Bernal en Real Academia Asturiana de jurisprudencia

Asistí ayer a la brillante exposición de Jesús Bernal del Castillo, profesor de derecho penal de la Universidad de Oviedo que fue recibido como miembro en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. El nuevo académico correspondiente disertó sobre “los delitos de corrupción cometidos mediante soborno. consideraciones de política criminal” analizando ese fenómeno global que exige gran coordinación entre Estados y frente al cual es imprescindible “invertir en honradez” donde queda mucho por recorrer: “No se trata de nada nuevo, pero es evidente que hay una preocupación razonable y muy justificada por la expansión del fenómeno de la corrupción. Solo hay que abrir un periódico para comprobarlo”.

Advirtió que corremos el riesgo de padecer una cronificación de este fenómeno, no solo en el ámbito público sino también en el de los negocios privados. La cronificación de una serie de delitos que representan “una amenaza” para los derechos humanos, una forma injusta de falsear los principios de la competencia y en definitiva “una agresión” a los más elementales fundamentos sociales.  Continúa leyendo La corrupción se cronifica