Los pequeños ayuntamientos, cada vez más sostenibles

desequilibrado De acuerdo con el último informe del Tribunal de Cuentas, el porcentaje de rendición de las cuentas de 2013 de las entidades locales españolas, a 31 de diciembre de 2014, fue del 81% lo que supone una importante mejora en relación con ejercicios anteriores, ya que en 2012, a esa fecha, el nivel de rendición alcanzado era del 70% y en 2011 del 53%.

Es cierto que hay una gran concentración del gasto local: los 109 ayuntamientos españoles mayores de 50.000 habitantes gestionan el 55% del presupuesto municipal total en 2013. Otros 874 municipios, con población entre 5.001 a 50.000 habitante,s ejecutaron el 32% y los 5.407 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes representan, únicamente, el 13% del gasto municipal en 2.013.

En términos de gestión, el tamaño municipal no parece ser un problema financiero, en España. Por ejemplo, el periodo medio de pago del total de los ayuntamientos fue de 68 días, si bien este indicador sigue una tendencia descendente a medida que disminuye el tramo de población de los ayuntamientos: el periodo medio de pago de los de más de 50.000 habitantes fue de 77 días, mientras que este indicador para los menores de 1.000 fue de 50 días. Una importante mejora.

En el ámbito de la rendición, en cuadro siguiente es muy claro y habla por si solo sobre la gran mejora del porcentaje de rendición de las cuentas de los pequeños municipios respecto al lustro pasado. En todos los tramos, más del 70% de las entidades habían rendido las cuentas de 2013, a 31 de diciembre de 2014 pero el mejor resultado se lo llevan los pequeños municipios.

Rendición de cuentas municipal por tramos de poblacion

Diríamos que, en la actualidad, cuanto más pequeño es el ayuntamiento, vive más a pegado ala realidad, quizás menos dado a grandes ocurrencias y mas saneado. En el extremo ejemplar: las entidades locales menores (ELM). En el ejercicio 2013, Castilla y León contaba con 2.224 ELM, enclavadas dentro de 441 municipios, cerca del 20% de los 2.248 existentes en la Comunidad. Allí, el reciente informe de su Consejo de Cuentas concluye que, globalmente, las ELM financian la prestación de sus servicios, mayoritariamente a través de los ingresos patrimoniales, obtenidos por arrendamiento o aprovechamiento de cotos, fincas rústicas y pastos sin que el ejercicio de actividades o la prestación de servicios básicos de carácter municipal -que muchas de ellas ejercen por delegación- conlleve necesariamente la imposición y exacción de los correspondientes recursos tributarios que los financien. Además, presentaban un saldo positivo tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería no afectado. Un oportuno trabajo del Consejo de Cuentas para poner de relieve que los pequeñas entidades no son el problema, sino un ejemplo de generosidad y colaboración.

La corrupción se cronifica

Jesus Bernal en Real Academia Asturiana de jurisprudencia

Asistí ayer a la brillante exposición de Jesús Bernal del Castillo, profesor de derecho penal de la Universidad de Oviedo que fue recibido como miembro en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. El nuevo académico correspondiente disertó sobre “los delitos de corrupción cometidos mediante soborno. consideraciones de política criminal” analizando ese fenómeno global que exige gran coordinación entre Estados y frente al cual es imprescindible “invertir en honradez” donde queda mucho por recorrer: “No se trata de nada nuevo, pero es evidente que hay una preocupación razonable y muy justificada por la expansión del fenómeno de la corrupción. Solo hay que abrir un periódico para comprobarlo”.

Advirtió que corremos el riesgo de padecer una cronificación de este fenómeno, no solo en el ámbito público sino también en el de los negocios privados. La cronificación de una serie de delitos que representan “una amenaza” para los derechos humanos, una forma injusta de falsear los principios de la competencia y en definitiva “una agresión” a los más elementales fundamentos sociales.  Continúa leyendo La corrupción se cronifica

Encuentros técnicos de los órganos de control externo. Algunas conclusiones valientes

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Se celebraron en Oviedo los XI encuentros Técnicos de los órganos de control externo. Se trata de un encuentro bienal que reúne a los funcionarios y miembros de las Cámaras de Cuentas de las Comunidades Autónomas, en sus variadas denominaciones y estructuras.

El habitual programa distribuye a los doscientos funcionarios participantes en varias mesas sectoriales donde se debaten las comunicaciones presentadas y se elaboran media docena de conclusiones por grupo, que debidamente asociadas permiten su presentación final en el plenario. Podéis ver aquí las conclusiones de la edición 2013 en Sevilla y aquí algo de sus orígenes, así como este artículo que escribí hace 13 años con ocasión de los séptimos celebrados en Barcelona.

Auditorio

Como en las ediciones anteriores, se leyeron en la clausura las conclusiones de los grupos de trabajo del encuentro. En este caso, el Jefe del gabinete técnico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, el Dr. Roberto Fernández Llera, presentó las recomendaciones de los cuatro grupos, cuyos componentes distaron mucho de ser complacientes. Un enfoque muy democrático e independiente pues los funcionarios que las suelen debatir y elaborar no tienen en corsé de lo políticamente correcto o institucional cuando entienden justificadas las afirmaciones. Como recuerda Tomás-Ramón Fernández en este extraordinario artículo “el técnico, sea cual sea su especialidad, es, en cuanto tal, esclavo de la técnica que maneja, que puede, ciertamente, no ser unívoca, pero que en absoluto le otorga la libertad de apartarse de ella porque, si llegara a hacerlo, dejaría de ser un técnico y se convertiría pura y simplemente en un político”.

Por eso. en Las Palmas’96 presencié como se remataba Las cuentas de todas las entidades públicas deberían ser auditadas anualmente y con anterioridad a su aprobación que produjo un intenso debate pero sobrevivió, entre otras cosas porque es un deseo lógico pero casi imposible de llevar a la práctica. En 2001 se concluyó lo siguiente: Al igual que en otros sectores –vg: concursal- debería estudiarse la posibilidad de establecer un sistema de habilitación para poder ejercer la actividad profesional auditora –privada-en el ámbito de la Administración Pública, que considere criterios como la experiencia o la formación específica”.

Pues bien, el viernes se enunciaron excelentes conclusiones, de las que destaco estas cogidas sobre la marcha en su lectura, pendientes de su difusión oficialContinúa leyendo Encuentros técnicos de los órganos de control externo. Algunas conclusiones valientes

El Tribunal de Cuentas abre sus puertas en la Universidad de Salamanca

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Una de las actividades más interesantes y prácticas para los estudiosos de las funciones de fiscalización y de la exigencia de la responsabilidad contable por el Tribunal de Cuentas se celebrará en la Universidad de Salamanca del 6 al 8 de julio próximos. Se trata del CURSO SOBRE EL TRIBUNAL DE CUENTAS: FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ENJUICIAMIENTO que impulsan Nicolás Rodríguez García, director del ‘Grupo de Estudio sobre la Corrupción’ de la Universidad de Salamanca y José Manuel Suárez Robledano (consejero del Tribunal de Cuentas de España) y que se desarrollará en el edificio histórico de la centenaria universidad salmantina. Ver página de inscripción: 150 euros.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Javier Medina Guijarro, presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas que expondrá sus “Consideraciones sobre el modelo de control externo del gasto público en España”. Tras la inauguración se presentará la “Revista Española de Control Externo” a cargo de su director Pascual Sala Sánchez, presidente emérito del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional, y Expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El lunes 6 de julio concluirá con las intervenciones de “La fiscalización en el área económica de la Administración General del Estado” (Pedro de Vega Blázquez, Subdirector Jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento de Administración Económica del Estado) así como “La fiscalización en el área política administrativa del Estado. Algunas peculiaridades. Impacto de las fiscalizaciones y seguimiento de las recomendaciones” (Antonio Rodríguez Castaño, director técnico del Departamento 2º de Área Político-Administrativa del Estado), “La fiscalización del sector público local” (Silvia Alcázar Valladares, directora técnica del Departamento 7º de Entidades Locales), “La fiscalización de las entidades del sector público empresarial estatal” (Mercedes Castro Cid, directora técnica del Departamento 4º de Empresas Estatales).

El martes 7 de julio se analizará la función de Fiscalización del Tribunal de Cuentas y la colaboración de los OCEX autonómicos presentando las ponencias de “La normalización de los procedimientos fiscalizadores. Especial referencia al Tribunal de Cuentas y a los OCEX” (Juan Carlos López López, director técnico del Departamento 5º de Fundaciones y otros Entes Estatales), “El control externo del sector público autonómico” (D. Luis Ignacio Ruiz Olmos. subdirector técnico delDepartamento 6º de CC AA), “El control de la gestión del sistema de la Seguridad Social por el Tribunal de Cuentas” (Dolores Genaro Moya, consejera del Departamento 3º de Administración Socio-Laboral y de la Seguridad Social),

Jesús EncaboEs necesario destacar esa jornada la ponencia “La situación económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales menores de Castilla y León” (Jesús Jaime Encabo Terry, presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León y Emilio Melero Marcos, consejero del Consejo de Cuentas de Castilla y León), “Informes de auditoría operativa en el ámbito de la I+D+i: El caso de los parques tecnológicos de Andalucía” (Antonio López Hernández, presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y Excmo. Sr. D. Javier Navascués Fernández-Victorio, consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía).

Respecto a los procedimientos de reitegro por alcance, serán analizados AgustínJesús Pérez-Cruz Martín, subdirector del Departamento 3º de la Sección de Enjuiciamiento y catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña, así como por Concepción Gutiérrez García, subdirectora del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento y por los letrados Félix Alonso Carbajo y Francisco de Borja Carbajosa Pérez, asesores técnicos jurídicos de los Departamentos 3º y 1º de la Sección de Enjuiciamiento.

Las conferencias finales de la tarde del miércoles 8 de julio correrán a cargo del presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Felipe García Ortiz (“Diligencias preliminares y actuaciones previas”) y del consejero José Manuel Suárez Robledano, así como de la secretaria de la Sala de Justicia, Guadalupe Martín Gómez.

La clausura correrá a cargo del propio codirector Nicolás Rodríguez García (“Nueva estrategia contra la corrupción: comiso y recuperación de activos”) y de Cándido Conde Pumpido Tourón, magistrado del Tribunal Supremo y ExFiscal General del Estado que hablará de “La reforma del Código Penal en relación con los delitos relativos a la corrupción”.

En fin , un programa de extraordinario interés.

Ciencia y burocracia

Hace unos días grabamos nuestra periódica píldora del conocimiento con el jurista Juan Manuel del Valle Pascual, funcionario de la Universidad Politécnica de Madrid. Hablamos de la gestión de la investigación universitaria que supone uno de los retos dentro de las funciones que tienen asignadas el profesorado de educación superior en España.

Las quejas de los investigadores, en los últimos años, son abundantes. La Comisión Europea reconoce que participar en proyectos financiados por la UE se ha convertido en tarea compleja y dictó nuevas normas para facilitar la solicitud y gestión de las subvenciones. El propio Tribunal de Cuentas europeo reconoce la enorme carga burocrática que soportan. En España, como muestra el botón de Carlos Balaguer, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid, con un descorazonador título: ¿Conseguirán que no investiguemos? donde critica que se ponga “bajo sospecha a todo el colectivo de investigadores de este país”.

La puerta la abrieron los vicerrectores del ramo con otra ácida Tribuna titulada “Hacienda, contra la investigación -que tuvimos ocasión de comentar aquí– donde se quejaban de la gran cantidad de reintegros de subvenciones de proyectos de I+D que encubría la ausencia de fondos del ministerio. He de reconocer que mi preferida es esta Carta a los contribuyentes de un científico asfixiado por la burocracia. En definitiva, son muchos los investigadores que se creen maltratados y están convencidos de que, en realidad, las trabas burocráticas son el mecanismo perfecto de recortes en investigación. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de eso que llamamos burocracia suele haber garantías para el contribuyente de que su dinero se emplea de manera legal, eficiente y eficaz. Pero anotada queda, una vez más, la queja de los investigadores que merecen un tratamiento favorable de su trabajo científico.

Como hemos llegado hasta aquí

El espectacular incremento operado desde los años ochenta en los recursos de investigación supuso muchos retos para la organización universitaria. Me atrevería a indicar que uno de los más relevantes ha sido la asunción por el profesorado del enfoque de la gestión de proyectos. Se trata de un cambio de mentalidad que refuerza unos valores distintos a la “gestión por procesos” ―propio de la actividad docente― pues se centra en la planificación, el calendario, la calidad, el mercado o la rendición de cuentas. Todos ellos obligan a realizar una pluralidad de acciones para cumplir con un objetivo final único -el resultado de la investigación- definido dentro de unos plazos, unos recursos humanos, materiales y presupuestarios limitados. Además, debe integrar recursos de las distintas partes de la Universidad debiendo mantenerse al día en un variado y cambiante entorno legal (laboral, medioambiental, de patentes o de seguridad) que debe dominar mientras continúa ejerciendo normalmente su actividad principal: la docencia.

Aquella Universidad que diseñó la LRU en 1983 tiene hoy una sustancia más industrial, hasta el punto de avanzar hacia una Tecnópolis donde “el aula pierde su monopolio y pasa a ser un complemento de la función docente” (Solé Parellada). Un entramado donde estudiantes y profesores conviven más en los laboratorios que en las aulas, con el “proyecto” como eje de enseñanza y donde las unidades autónomas periféricas se multiplican. Emerge el profesor-empresario de actividad frenética y agotadora agenda, que estudia los resultados de sus colegas internacionales (y estos los suyos), formando becarios, dirigiendo tesis doctorales, publicando en inglés y combatiendo la envolvente burocracia de la gestión investigadora. Los nuevos clientes son las PYMEs locales, las asociaciones de empresarios o las Cámaras de Comercio, los gobiernos autonómicos o locales.

reforma uniLa Asociación para el Estudio del Derecho Universitario (AEDUN) ha realizado muchos seminarios para analizar el marco jurídico universitario. Entre las últimas actividades, el seminario de la UIMP en Galicia del curso pasado, cuyo libro de ponencias acaba de presentar estos días: “La reforma del Régimen Jurídico Universitario“.

Este año volverán a analizar con detenimiento y rigor esta materia, valorando de los cambios acaecidos y afrontando una reflexión sobre cuáles son objetivos que debe cumplir el Sistema Universitario español, nuestro sistema de Ciencia y Tecnología y su régimen jurídico. Así, la UIMP-GALICIA y AEDUN han convocado el Encuentro “El Régimen jurídico del personal del SUE y del SECTI: a estudio” en La Coruña, 24 y 25 de septiembre de 2015 (matrícula). Una interesante actividad impulsada también por los funcionarios Carlos Gómez Otero, Secretario General Adjunto de la Universidad de Santiago de Compostela y Ana Caro Muñoz, Coordinadora de Proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los nuevos concejales y directivos locales tendrán mucho que estudiar

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Las Corporaciones Locales se enfrentan a una semana crucial al constituirse este sábado, tras los resultados de las elecciones del mes pasado. Los retos actuales que enfrentan los ayuntamientos requieren de funcionarios y concejales con experiencia y conocimientos, así que ultimados los pactos necesarios, muchos deberán ponerse a estudiar para afrontar unos ejercicios económicos que se prevén llenos de tensiones políticas y financieras.

El panorama presupuestario local parece estabilizado tras años de desplome d ella recaudación y su adecuación al estado de gastos. El año pasado, el conjunto de las EELL presentaron un superávit del 0,53 por ciento del PIB (alrededor de 5.300 millones) así que han hecho bastante bien sus deberes en los aspectos de fondo. Esto nos da pie a algunas reflexiones.

Los débiles están menos endeudados

Los académicos Bernardino Benito, M. Dolores Guillamón y Francisco Bastida estudiaron con rigor la evolución de las variables que explicaban el endeudamiento en los ayuntamientos españoles con más de 1.000 habitantes durante la década pasada. Concluyeron que, por una parte, las variables de tipo socioeconómico (población, porcentaje de inmigrantes, nivel económico, transferencias e impuestos) afectaban positivamente al nivel de deuda per cápita, mientras que variables como la fortaleza política indicaron que “los gobiernos más débiles son los que tienen un menor nivel de deuda per cápita”. Así que no tengamos miedo a los gobiernos en minoría, con pactos y sin ellos.

Hay que estudiar

Todo parece indicar que habrá muchos relevos en los gobiernos locales. Los concejales y funcionarios del mundo local no paran de estudiar en los últimos años, fecundos en cambios legislativos. Para ayudarles en esa tarea aportamos desde la bitácora dos consejos.

11043049_859193514136994_2085576425828203488_nPor una parte, debo traer a colación al primero de los firmantes del artículo anteriormente citado. El catedrático de contabilidad Bernardino Benito López acaba de publicar junto a Juan Martín Atenza Almagro (Jefe del Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Lorca) la segunda edición del imprescindible “Tratado de Contabilidad Pública Local” en la prestigiosa editorial El Consultor de los Ayuntamientos (Enero 2015 y unos 120 euros) actualizando su contenido con las recientes reformas legislativas, todas ellas de máximo interés para los servicios económicos de los Ayuntamientos y entidades locales: las nuevas instrucciones de contabilidad, la nueva estructura presupuestaria aprobada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (la regla de gasto) así como las importantes reformas operadas en la Ley de bases de régimen local y en el Texto refundido de la ley de haciendas locales. Todo ello insistiendo en la contabilidad de las operaciones a través del modelo simplificado que en España, al ser de pequeño tamaño la mayoría de Ayuntamientos, pueden aplicar.

Otro asunto relacionado. Del 15 al 17 de julio se celebra en Gijón el curso de verano “La autonomía local: principios y competencias” que dirige el catedrático Antonio Torres del Moral (Coordinador: Ana Nava Vázquez) con la participación de magistrados (David Ordóñez Solís) académicos (Ramón Punset Blanco, Carmen Fernández Rodríguez, Marta Lora-Tamayo Vallvé) y habilitados nacionales (Miguel Ángel de Diego Díaz). Me han concedido el honor de ser ponente de los aspectos económicos de la nueva normativa. Una actividad sin duda interesante.

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La auditoria de los sistemas de facturación electrónica como nueva obligación anual del Interventor

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Bastantes funcionarios de las áreas de contabilidad y control interno se quejan de la gran carga de remisión de información periódica y de nuevas responsabilidades que les ha traído la legislación de estabilidad presupuestaria. Por si era poco, el Senado acaba de aprobar un proyecto de Ley que modifica importantes normas económicas, desde la Ley financiación de las CCAA a la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. También actualiza varios artículos de la reciente Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Recordemos que esa ley establece la obligatoriedad de la facturación electrónica por encima de los 5.000 euros y, en cualquier caso, para las personas jurídicas. En ese marco, regula las facultades y obligaciones de los órganos de control interno del Estado, CCAA o EELL, garantizándoles el acceso “en cualquier momento” a la documentación justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas y a la contabilidad. Además, exigía que todos los años, elaborarán un informe en el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, que en el caso de las EELL, será elevado al Pleno.

Pues, bien, el proyecto aprobado, que la próxima semana deberá ratificar el Congreso porque se incorporaron algunas enmiendas del Senado, impone (ver página 2 del texto) a las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada Administración la obligación de realizara “una auditoría de sistemas anual para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento previstas en esta Ley y su normativa de desarrollo”. Imagino a los sufridos interventores, ya bastante saturados de exigencias de información para el MINHAP, pensando una estrategia para acometer este trabajo, que las Normas de Auditoría del Sector Público elaboradas por al IGAE define (epígrafe 2.1.11) como el estudio exhaustivo de un procedimiento administrativo de gestión financiera con la finalidad de proporcionar su descripción completa, detectar sus posibles deficiencias o, en su caso, su obsolescencia y proponer las medidas correctoras pertinentes o la sustitución del procedimiento de acuerdo con los principios generales de buena gestión.  Continúa leyendo La auditoria de los sistemas de facturación electrónica como nueva obligación anual del Interventor

La modificación de los contratos públicos

La modificación de los contratos públicos Francisco Javier Vázquez Matilla acaba de publicar en la editorial Aranzadi la obra “La modificación de los contratos públicos”. 292 páginas y 42,75 euros (paquete en papel y en formato digital) que recoge, en esencia, su tesis doctoral dirigida por el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pública de Navarra, Martín María Razquin Lizárraga, autor del prólogo del libro. Por cierto, un lujo de tribunal integrado, en diciembre pasado, por los catedráticos de derecho administrativo Carmen Chinchilla Marín, José María Gimeno Feliú y José Antonio Moreno Molina, tres de los mayores expertos nacionales en contratación pública. Continúa leyendo La modificación de los contratos públicos