Gestión Inteligente en la Universidad de Extremadura

Tal y como anunciamos en su momento, del 15 al 17 de octubre próximos, la Universidad de Extremadura (Campus de Badajoz) organiza las XXXII Jornadas de Gerencia Universitaria. El rectorado de la Institución anfitriona presenta unos ponentes y unos asuntos del máximo interés para los profesionales de la Administración universitaria, tanto en los ámbitos jurídicos, económicos o académicos. Su veterano y sagaz Gerente, Luciano Cordero, convoca un seminario bajo el lema “Gestión Inteligente”, teniendo muy presente que la actual etapa histórica marcada por las crisis supone una oportunidad para mejorar su eficiencia. para ello, “se trata de impulsar una actividad gestora capaz de generar valor para los ciudadanos, definiendo los rasgos que la han de caracterizar a partir de intervenciones en facetas como el liderazgo, la productividad, la transparencia, el buen gobierno o la innovación”.

Así, el programa aborda los temas de interés para la administración universitaria, haciendo, como siempre, un sitio a las nuevas tendencias en gestión e innovación, este año con Juan Carlos Cubeiro, Eugenio Palomero y Xavier Marcet que traen aire nuevo desde el sector privado. También los aspectos jurídicos o técnicos muy finos a cargo de Olayo González (Fiscal Jefe del TCu) o Carlos G. Otero (Vicesecretario USC) Jesús Heredero (factura electrónica-OCU) o José Antonio Pérez (Gerente UPolV) y otros muchos expertos que os recomiendo seguir.

He participado en muchas mesas redondas en mi vida pero he de reconocer que el panel del día 16 de octubre sobre transparencia es excepcional: Jesús Lizcano (Transparencia Internacional) Martín Cavanna (Compromiso y Transparencia) Ana Caro (UAM) o María José Rubio (Gobierno de Extremadura).

También destaco el módulo de financiación universitaria a cargo de Hernandez Armenteros y de Pérez Esparrels y la clasura a cargo de Francisco Michavilla sobre el futuro de la Universidad sobre “CLAVES DE LA UNIVERSIDAD FUTURA: AUTONOMÍA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN”.

En fin, un programa extraordinario para todos los interesados en la gestión universitaria.

encuesta-sobre-la-gerencia

Responsabilidad de directivos públicos. Viejos problemas. Viejas soluciones

Sala

Ayer se celebró en la Universidad de Vigo la Jornada sobre Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas. Se trataba de una sesión con dos ponentes para desarrollar la responsabilidad derivada de los informes de fiscalización y los restantes supuestos, fundamentalmente la via penal y administrativa.

La Magistrada Dolores Galindo presentaba al fiscal jefe del TCu, Olayo González Soler, que comenzó su exposición afirmando “Si el Control Interno funciona bien, el Control Externo lo tiene fácil” y realizó una exhaustiva exposición de las funciones de las actuaciones de la fiscalía para depurar responsabilidades de los Directivos y Cargos Públicos.

 VEr entrevistaEn un entramado procedimental que Olayo entendió caracterizado por la complejidad funcional y orgánica, por la compulsividad y la contradicción, reconoció que la configuración legal en España de la Responsabilidad Contable dejaba bastante que desear:

  • el juicio de cuentas no existe, en la práctica,
  • los actos antijurídicos firmes son imposibles de atacar por el TCu
  • las dificultades de perseguir el reintegro de los cuentadantes de hecho y el extraneus.

En ese sentido, el fiscal siempre crítico con la construcción de la responsabilidad contable, vislumbró nuevas perspectivas para trabajar en el futuro desde la fiscalía, en tres nuevas -y poco exploradas- áreas de trabajo:

Chaves-AriasYo tuve la tarea de introducir al magistrado José Ramón Chaves que estableció un inventario de causas que han permitido la aparición de gran cantidad de casos de corrupción. Desde los legisladores –ambigüedad de la norma- a los gestores –huida del derecho administrativo, devaluación de los controles- pasando por los sucedáneos de pena, como es la inhabilitación del prevaricador que, con frecuencia, cuando llega –tarde- carece de relevancia.

Habló de la impunidad de los “pequeños actos” administrativos que impiden a los perjudicados su persecución ante las cuantiosas tasas judiciales. También la desviación de poder (y su prueba diabólica) o la inaplicación del art. 145 LRJPAC que obliga a repercutir en al autoridad o funcionario que causen un quebranto.

Recordó la vigencia del Código de Buen Gobierno de la LTBG (Título II, arts. 25 a 32) desde el día siguiente publicación en el BOE aunque, curiosamente, el órgano encargado de incoar expedientes sigue sin constituirse un año después de su promulgación.

En ese sentido, llamó la atención sobre el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso sobre el ejercicio del Alto Cargo en la Administración del Estado, que tiene carácter supletorio (DA 1ª) para el resto de las AAPP. La futura norma, que eleva a principio general de comportamiento directivo la austeridad y la eficiencia, quiere regular los conflictos de intereses y prevé un régimen sancionador específico.

Dentro de unos días colgremos aquí el video de las […]

Siete cualidades del Interventor para llegar sano y salvo a la jubilación

Duru-2 Cada vez son más frecuentes los artículos que comienzan con el gancho “cinco argumentos para …” o “siete cosas que …”. Se trata de una consecuencia más de las redes sociales, que imponen sus reglas de selección sobre qué artículos leer. Yo no sé si ustedes usan Twitter, pero yo sigo con él a un millar de personas y sus artículos recomendados usan anzuelos de este tipo, con sólo 140 caracteres. Hoy no voy a ser menos. Esta semana he tomado café con José Antonio Duruelo Martín, que se jubilaba tras 25 años en el mundo del control interno autonómico, el último lustro como Interventor de la Universidad de Oviedo.

José Antonio es buen amigo desde mis años mozos en la facultad de Económicas, donde yo era su proveedor de apuntes y él cursaba el segundo ciclo como diplomado en Empresariales. Era, además, ingeniero técnico al servicio de la Diputación de Oviedo, conocía muy bien la gestión de los proyectos y pronto se pasó al control interno. Puedo asegurar que esa evolución fue enriquecedora. Es más, creo que es imprescindible haber gestionado en algún momento de la vida administrativa para ser un buen auditor o interventor. Por eso, nuestro primer consejo para un joven que quiera dedicarse a esto sería intentar ese itinerario. Sé que esto no es pacífico, pero qué quieren, es mi decálogo. Muchos puristas de la fiscalización intentan alejarte de todo pensamiento empático argumentando que si te pones en lugar del fiscalizado no serás objetivo. Vale, pero se pierden demasiados matices.

No te encierres. Mantén una relación franca y afable con los gestores. No es imprescindible que les ganes todos los miércoles al mus, aunque José Antonio lo lograba. No importa que estén en el círculo de los fiscalizados. Tampoco tienen que ser todos, que hay mucha fauna en las organizaciones que vive por encima de sus posibilidades y -tarde o temprano- son una complicación. A esos puedes dejarlos de lado y no pasa nada porque tu desdén sea notorio.

Quizás se espere de un Síndico que apoye esa teoría de la distancia, pero no lo veo así cuando trabajas en una organización madura y con un ambiente profesional mínimamente ético. Realmente decir ¡no! a tu compañero de café se hace más fácil si puedes explicarle tus razones y evitarle un problema. Ya sabemos que los Interventores son esos chicos malos, aguafiestas profesionales que nos dan malas noticias. Sin embargo, las organizaciones eficientes necesitan una relación fluida entre compañeros. Eso implica renuncia. Si usted es Alcalde de un ayuntamiento mediano puede que me diga: “pues aquí el Interventor no se habla con el Secretario”. Malos profesionales. No se trata de rehuir los conflictos, que forman parte de la vida de las organizaciones en permanente cambio, pero no puede ser que siempre afecte a los mismos.

Hay muchos supervisores en […]

El coste de la transparencia

Lambas El titular que nos proporciona el letrado Jesús Sánchez Lambás, de Transparencia Internacional, con ocasión de su participación en un seminario y en la ponencia técnica del proyecto de ley asturiana de transparencia, nos permite abordar el desarrollo por las CCAA de la Ley 19/2013 de transparencia, Acceso a la información y buen gobierno (LTBG).

La apertura de datos no es gratis. Manuel Villoria nos recuerda, en un amplio y bien elaborado artículo titulado “La publicidad activa en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e insuficiencias” (gracias, Borja) que según la Oficina de Auditoría Británica, la media de gasto por departamento en la implantación de un sistema de open data oscila entre 53.000 y 500.000 libras. No solo cuesta la tecnología, sino también el tiempo de trabajo de funcionarios relevantes.

En el actual contexto de restricciones de gasto público, tengo la impresión de que la implantación en las AAPP de toda esa nueva política de transparencia será a coste cero, dentro de eso que popularizó Al Gore: “hacer más con menos”. La gran mayoría de la información presupuestaria se elabora mensualmente para su remisión al Ministerio de Hacienda, que exige a las CCAA y EELL información –periódica y no periódica- detallada relativa a personal, planes de tesorería, deuda viva y las fases de ejecución del presupuesto. No hacerlo acarrea las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Luego está la información sobre contratación que también se encuentra digitalizada en el perfil de contratante y en los expedientes de remisión obligatoria al Tribunal de Cuentas y los OCEX. La nueva LTBG (y en gran medida su desarrollo autonómico) incorpora los contratos menores a esa publicidad activa -aunque basta con divulgarlos trimestralmente- lo que supondrá un nuevo quebradero de cabeza para los responsables de esa área.

En todo este escenario, estoy detectando en los últimos años un cierto hartazgo de los funcionarios del área financiera sobre la cantidad de trabajo que se desarrolla para el Ministerio de Hacienda, así que cuando llegamos los auditores pidiendo más documentación notamos menos cariño que antes.

El próximo año, con la entrada plena en vigor de las obligaciones de la LTBG para las administraciones autonómicas y locales, habrán de alimentar también el portal institucional de transparencia y quizás se haga con los mismos efectivos. También asistiremos a la implantación de la obligatoriedad de la factura electrónica y la contratación electrónica. En menos de un lustro, la Administración habrá cambiado totalmente. En plena crisis y sin reposición de efectivos.

Forges-transparencia

¿Morirán las facturas del cajón?

AIREF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es la institución garante del cumplimiento efectivo del principio de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Lo hace a través de la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y de las previsiones económicas.

Como reconocía recientemente José Marín, director de la división de Análisis Económico de AIReF, la Institución es la consecuencia natural de un modelo de gobierno y administración tan descentralizado como el español. Sus informes y recomendaciones deben cumplirse por las Administraciones destinatarias o explicar por qué no se cumplen, con traslado a la opinión pública.

En realidad, nuestra sociedad no valora suficientemente las ventajas de la sostenibilidad financiera. Quizás los jubilados -o quienes están cerca de la jubilación- sean más sensibles a este asunto, en lo que afecta al sistema público de pensiones. El sesgo al déficit es un efecto inevitable de nuestros ciclos electorales.

Lo cierto es que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal se va configurando como una institución clave de la gobernanza fiscal. Tras el debate político y mediático que tuvo lugar durante su constitución, empezamos a ver los primeros informes de la AIReF. En una de sus últimas opiniones, reconoce que seis Comunidades Autónomas no han cumplido sus objetivos de déficit en 2013 y podemos leer una afirmación incómoda a nivel nacional:

No es factible una reducción de más de 30 puntos porcentuales de la ratio de deuda desde el nivel actual hasta el año 2020 …

Ahora que el gobierno francés reconoce que también tiene problemas para cumplir con sus objetivos de déficit y deuda, Alemania muestra señales de flexibilidad en su rígida postura sobre la disciplina fiscal que adoptó durante los primeros años de la crisis de la zona euro.

Las facturas del cajón

Bruselas vs Valencia

En otro reciente informe titulado “Cambios en los procedimientos del ciclo presupuestario” la AIReF recomienda que se den los pasos necesarios para que la elaboración de los presupuestos de 2016 ya incluya una “base presupuestaria armonizada para todas las Administraciones públicas”. Al igual que los OCEX y el propio Tribunal de Cuentas, ha sido muy crítica con la utilización de cuenta no presupuestaria 413/409 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, exigiendo cambios que obliguen a detallar los supuestos en que procede su utilización así como “el tiempo máximo de permanencia en cada caso y las circunstancias en las que una operación puede quedar pendiente de imputación presupuestaria a 31 de diciembre”.

Recuerda que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, considera como infracción muy grave la realización de compromisos de gastos sin crédito presupuestario. Recomienda que […]

Que viene el lobo: responsabilidad contable de los gestores por el reintegro de subvenciones

Reintegro subvención

El mes de agosto nos trajo hasta Asturias la noticia de la instrucción por el Tribunal de Cuentas de un presunto alcance por el reintegro de una subvención del Estado para obras que los auditores de la IGAE entendieron insuficientemente justificadas en su adjudicación. El correspondiente expediente acabó en la sección de enjuiciamiento y produjo la noticia con que abrimos hoy la bitácora.

Mi sorpresa fue mayúscula, toda vez que el propio Tribunal tenia pacíficamente declarado en su Sala de Justicia que la revocación de una subvención otorgada a un Ayuntamiento no supone per se la existencia de un alcance a pesar del obligado reintegro. Una cosa es que la subvención se encuentre bien revocada por la Administración concedente, y otra cosa que esa falta de ingresos, derivada de la precitada revocación, dé lugar a un supuesto de alcance.

Tuvimos ocasión de ponerlo de relieve hace cuatro años en una entrada del blog, titulada “El caso de las obras en el cementerio”. El asunto, en esencia, giraba en torno a la revocación al Ayuntamiento de Zahinos de una subvención otorgada por el INEM para la realización de unas obras, alegando que la causa de este perjuicio económico era el impago de varias mensualidades de cuotas sociales, pese a que el Ayuntamiento había recibido previamente del INEM los fondos destinados tanto al pago de las nóminas como de las cotizaciones sociales, destinándose dichas cantidades al pago de otros gastos de la Corporación.

Con independencia de la opinión que nos merezca ese comportamiento concreto, el hecho es que la práctica del reintegro de subvenciones perjudicadas es bastante habitual. En los últimos años, diríamos que demasiado habitual. Sin ir mas lejos, varios vicerrectores de investigación de nuestras universidades firmaron una ácida Tribuna en el diario “El País” titulada “Hacienda, contra la investigación -que tuvimos ocasión de comentar aquí- donde se quejaban de la gran cantidad de reintegros de subvenciones de proyectos de I+D que encubría la ausencia de fondos del ministerio.

Ante la sorpresa de la noticia del cambio de criterio del Tribunal me dispuse a mirar la remozada página del TCu.es cuya sección de enjuiciamiento publica todas las sentencias. Mirando entre las últimas, encontré la STCu de 17-2-2014 que da un meneo a la doctrina surgida del caso “Zahinos”. Se trata del Ayuntamiento navarro de Murugarren que debió reintegrar una subvención tras demostrarse por abundantes medios de prueba la existencia de trabajos certificados o liquidados, no ejecutados, por importe de 91.650,58 euros:

“Con el fin de cobrar las subvenciones se incluyeron, en determinadas certificaciones de finalización de obras, unidades que no habían sido ejecutadas. Dichas certificaciones las firmaban el Director de la obra, el Constructor y la Presidenta del Concejo”.

En primera Instancia, la Consejera de Cuentas ya había considerado acreditado que […]

El perfecto Auditor Interno

Toy_Story_3 La compañía PricewaterhouseCoopers ha hecho público su estudio de este año en relación con la Auditoría Interna. El trabajo recoge las opiniones de 1.900 responsables de Auditoría Interna, miembros de la Alta Dirección y del Consejo de Administración, quienes han indicado como esa relevante función juega un papel clave a la hora de avanzar hacia el Buen Gobierno de las empresas.

Destacan algunas opiniones críticas de la parte ejecutiva de las corporaciones pues “más de la mitad (55%) de la alta dirección nos ha indicado que, en su opinión, la función de Auditoría Interna puede aportar más valor a sus organizaciones”.

De sus conclusiones nos quedamos con un resumen de las cualidades de un buen Auditor Interno.

Los 8 atributos de la función de Auditoría Interna

El informe (ver documento en pdf) enumera los ocho atributos principales que componen la función de Auditoría Interna que son clave para que esté alineada con las principales expectativas de los stakeholders y con los principales riesgos a los que se enfrentan las compañías.

buena auditoria interna Calidad e innovación: definir normas de calidad que abarquen todas las actividades de la función de Auditoría Interna. La innovación también debe ser incorporada a la cultura de la función, de forma que se potencie y recompense de manera sistemática.

Alineación con el negocio: desarrollar indicadores para realizar el seguimiento de la consecución de los objetivos.

Foco en los riesgos clave: actualizar el plan de Auditoría Interna de forma continua para responder a los cambios que se produzcan tanto en la entidad como en el entorno externo.

Cultura de servicio: contar con indicadores que midan la satisfacción de los destinatarios en base a las expectativas de los stakeholders.

Modelo de gestión de talento: desarrollar un modelo de formación y desarrollo continuo orientado a mejorar el conocimiento que la función de Auditoría Interna en torno al negocio y los riesgos relacionados, así como a la gestión de conflictos y el desarrollo de pensamiento crítico.

Tecnología: emplear técnicas avanzadas de análisis de datos que permitan el alineamiento con las áreas de negocio al tiempo que aportan eficiencia en la realización de pruebas mediante la automatización de las mismas.

Eficiencia en costes: estandarizar la metodología de auditoría y los procesos relacionados para ganar en eficiencia. Las inversiones en auditoría se deben basar en un análisis disciplinado de ROI (retorno sobre la inversión).

Gestión de los stakeholders: solicitar de forma regular feedback específico sobre la función, a través de entrevistas individuales y encuestas.