No recuerdo en qué manual leí, dentro de una radiografía del delincuente contable o las estafas de oficina, que una característica de los malversadores era que nunca cogían la baja por enfermedad.
Estos delincuentes no tienen gripes, hacen frecuentes horas extraordinarias, van algunos domingos y tienen tendencia a ser irreemplazables. Lógico, pues durante la sustitución temporal, sus colaboradores inmediatos pueden descubrir las maquinaciones fraudulentas. Hemos bromeado sobre ello en otro artículo. El problema reside en que hay otra buena gente que también es muy trabajadora.
Hace unas horas, se ha hecho público el descubrimiento de un fraude en la Sociedad Tenedora del Museo Guggenheim Bilbao, tras la presentación hoy ante el Juzgado de una denuncia contra el Director de Administración y Finanzas. Las irregularidades comenzaron a detectarse a comienzos de este mes, tras recibir una comunicación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) solicitando la rutinaria información económica de operaciones previas a la fiscalización de que iba a ser objeto. El Museo bilbaíno encargó la recopilación de esta información a la Subdirección de Administración y Finanzas, dado que el director se encontraba desde el día 2 de baja laboral.
En los días sucesivos, se detectaron las primeras irregularidades en la documentación contable y de archivo de la sociedad, por lo que se solicitó a una entidad financiera los extractos bancarios correspondientes al año 2005, último de los periodos sujetos a fiscalización por parte del TVCP. De esta manera, se comprobó la existencia de transferencias de dinero desde la Sociedad Tenedora a otras cuentas sin justificación y se procedió a analizar si estas irregularidades podían originar acciones legales.
El defraudador, que ocupaba su cargo desde 1997 y fue despedido ayer, tras reconocer la apropiación de 486.979 euros, de los que ha devuelto 287.900. Se comprometido a devolver la restante cantidad sustraída en un plazo «no superior a tres meses».
El diario El País (Edición Euzkadi) del 4 de abril pasado recogía que el director general del Guggenheim había presentado la primera auditoria anual sobre las cuentas de la Sociedad Tenedora -formada a partes iguales por la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco para la adquisición de la colección del Museo Guggenheim Bilbao– que desde su creación en 1996 ha contado con cerca de 90 millones de euros para la compra de obra.
El informe enviado al Parlamento vasco determinó la exigencia de que la sociedad se sometiese anualmente a un control económico. El Tribunal Vasco había efectuado el año pasado un informe de fiscalización de legalidad sobre la contratación del museo, con cierto revuelo mediático.
Demasiada perfección
Otras veces hace sospechar que todo esté muy bien. Durante los años setenta se produjo en EE UU un sonoro fraude, capitaneado por los directivos de un fondo de inversión. La estrategia fraudulenta se basaba en la adquisición de una compañía de seguros, que declaraba negocios ficticios, multiplicando sus ingresos e incrementando su cotización bursátil y por tanto el valor del fondo. Incluso vendía las pólizas a compañías reaseguradoras y hasta simulaba la «muerte» de los falsos suscriptores. Todo ello con la connivencia del centro de informática y hasta con el apoyo de su propia imprenta, donde se falseaban los certificados médicos o de fallecimiento.
El caso se incluye entre el material de los seminarios del Tribunal de Cuentas como ejemplo de la desafortunada actuación de los auditores que incurrieron en seis graves errores: tenían un cierto complejo de inferioridad frente a los triunfantes directivos; cuando descubrían algún indicio acudían al presidente de la sociedad, que era el cerebro del fraude; tenían confianza ilimitada en los empleados de la compañía; no se verificaron las operaciones entre las filiales y la matriz; las operaciones de confirmación se hacían en los locales de la compañía, que les tenía pinchado el teléfono; por último, cuando se lanzaba una comprobación de los saldos, la respuesta era del 100%, en pocas horas y siempre «de conformidad» con la contabilidad.
Conviene no olvidar que la función de los auditores no es descubrir fraudes, aunque en el asunto bilbaíno se ha propiciado su detección. En el caso de la aseguradora no encontraron ninguna evidencia y la estafa se descubrió por un cómplice descontento. La misión de los auditores es «emitir una opinión técnica» sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad. Para ello realizan un análisis sistemático de las operaciones, utilizando técnicas que les llevan a comprobar su razonabilidad, teniendo en cuenta los riesgos presentes. Tanto en el sector público como en el privado, utilizan muestreos y otras técnicas estadísticas, pero sobre todo principios y normas contables.
Fiscalizacion.es 
Hay una frase «famosa» que si no recuerdo mal dice algo así como que los fraudes se descubren por amantes despechados en un 70 por ciento, en un 20 por ciento por casualidad y en un diez por ciento por la acción de los auditores. Así que enhorabuena a los auditores del Tribunal Vasco
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El fraude en todos los ámbitos -y más en el ámbito fiscal- tiene siempre el mismo efecto que una transferencia de renta desde los cumplidores hacia los defraudadores. Y eso se llama inequidad.
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Mientras se siga concibiendo la misión de los auditores, simplemente, como la emisión de una opinión técnica sobre si las cuentas de una organización representan fielmente la realidad. La fiscalización seguirá reducida a considerar que las cuentas públicas captan la gestión pública de una institución a la manera de una cámara fotográfica, como un reflejo que capta la totalidad de lo real. Pero esto no es verdad, las cuentas públicas no registran ni captan un sinnúmero de irregularidades. Y la ortodoxia de la auditoría pública o fiscalización elogia, o más bien, apologetiza (de apología) una auditoría que resulta incapaz de dar resultados sobre la probidad u honestidad en el manejo de los recursos públicos, y se consuela que existan despechados, inconformes, o soplones de la corrupción.
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Yo no sé si lo he leído en un manual, si es experiencia propia o ajena, pero siempre me huelen mal «los imprescindibles» que trabajan más que nadie y que nunca enferman, los que pretenden a toda costa ser los únicos que gestionan algo, los que nunca encuentran el momento de enseñar a un compañero cómo se hace o dónde está algo, los enemigos de todos los cambios, los que sufren en exceso cualquier cambio en la forma de gestión…
Es cierto que en muchas ocasiones sólo se trata de personas que no se organizan bien y por ello terminan trabajando solos, en domingo, de madrugada, con un desorden absurdo y manifiesto.
En otras ocasiones lo que les ocurre es que tienen algo que ocultar y no pueden dejar que nadie meta las narices en los asuntos.
Creo que las organizaciones han adoptar medidas en la organización de la gestión económica para evitar ciertos peligros:
-Quien liquida un ingreso nunca debe ser quien lo fiscaliza, ni tampoco quien lo cobra para la organización materialmente,
-Quien gestiona un gasto nunca puede ser quien lo fiscaliza, ni tampoco quien lo paga materialmente,
¿Cuántas veces ha habido problemas con la gestión de las nóminas por el solo hecho de que quien la confecciona es el mismo que introduce en el aplicativo el número de cuenta bancaria de los perceptores y sin exigirles cumplimentar ningún tipo de documentos? Muchas veces.
-Los responsables de cada uno de los departamentos, de gestión (liquidación), fiscalización, cobro/pago han de tomar necesariamente vacaciones…y ser sustituidos por personal suficientemente cualificado que antes de emprender la gestión y al dejarla, han de realizar arqueos con conciliaciones, y/o informes sobre el estado de la gestión.
-En las organizaciones ha de existir un sistema común de gestión y de archivo de expedientes que impida que puedan haber alguno que dependa en exclusiva de una sola persona que sólo sabe dónde está, cómo y que sea responsable en exclusiva de su gestión.
-Los usuarios de los sistemas informáticos de contabilidad, gestión de ingresos y de tesorería deben tener un sistema de accesos y de permisos jerarquizado de manera que en ningún caso permita:
a) quien realiza determinadas operaciones como liquidar, reconocer derechos u obligaciones, sea el mismo que pueda anularlos,
b) no deben existir permisos de borrado de operaciones (salvo quizá al departamento de informática y previa conformidad del máximo responsable de la fiscalización),
c) no deben existir permisos para la realización de operaciones barradas o negativas (salvo quizá muy excepcionalmente, previo informe y con la autorización del máximo responsable de la fiscalización).
d) ninguna persona implicada en la gestión tenga permisos omnímodos para completar por sí solo la totalidad de la gestión (no Juanes Palomos).
-Todos han de estar sujetos a control, fiscalización, arqueos y comprobaciones materiales…Todos.
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La bitácora de Antonio Arias, representa una fuente importante para el mundo de la fiscalización. Fraude, me ha permitido reflexionar y escribir sobre la «Realidad en las cuentas». Una propuesta en búsqueda de una Nueva Auditoría Pública, pero también una búsqueda de encontrar espacios al diálogo, de pensar que la fiscalización no solamente tiene una dirección o una unidimensión. Considerar lo posible en la fiscalización es abrirnos a nuevos caminos para efectivamente contribuir a una verdadera democratización de la fiscalización. Posdata.- En la búsqueda de espacios para el artículo referido, en España solamente se ha encontrado apertura en: http://www.gestionurbana.es Por ello las gracias, y la invitación a que lo visiten y sea un escrito que contribuya a una Nueva Fiscalización.
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Pingback: Escepticismo profesional en auditoría | Antonio Arias Rodríguez es Fiscalización