Colaboración de Rafael Iturriaga.
Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

La lógica jurídica no está de moda. Al fin y al cabo el derecho no deja de ser sino producto de dos fuentes harto desacreditadas al día de hoy: la filosofía y la política.

Tal vez no les falta toda la razón a los muchos que piensan que la política es solo un juego de intereses en el que gentes sin escrúpulos buscan la posesión del poder instrumental con el que satisfacer su codicia y que los discursos no encierran sino retórica hueca y falsas promesas para inocentes poco avisados.
La historia del siglo XX, sin ir más lejos, demuestra bien a las claras los inmensos daños que pueden resultar de las más bellas intenciones.

Olvidamos, no obstante, con demasiada ligereza que nuestra forma de ver y entender el mundo ha sufrido cambios (y cambios positivos) inimaginables hace solo un par de centurias, cambios que no han sido fruto del mero azar evolutivo, sino resultado de una lucha continua por hacer realidad el imperio de la razón entre los hombres. Camino de superación que conecta las polis griegas con las asambleas revolucionarias de la Ilustración. Es fácil y demagógico despreciar el parlamentarismo sabiendo que vivimos protegidos por una Constitución pero no debemos olvidar que nada, tampoco la democracia española, se halla inmunizada frente a todo tipo de riesgos. Nada es irreversible ni es eterno.

En cualquier caso, bien es verdad, los ciudadanos han perdido con rapidez su confianza en la tríada Pensamiento-Política- Derecho cuyos frutos parecen consolidados desde la Transición Española y sucumben ante la maravillosa eficacia de la tecnología. Se impone, pues, una lógica distinta, mecanicista, técnica. Se valora, por encima de todo, la eficacia, la consecución de unos objetivos que son, a menudo, autorreferenciales.

Pierde, en efecto, importancia la cuestión sobre cuales son los objetivos o ideales capaces de movilizar los recursos públicos para ser sustituida por metas impuestas por el propio sistema productivo.

Poco importa en este caso (más allá del simple hecho de señalarlo para que el lector no piense que uno se chupa el dedo) que tras el brillante despliegue de la ideología tecnocrática, pretendidamente apolítica, liberal y neutral se escondan los intereses materiales objetivos de una clase dominante.

El hecho es que el sistema no parece ir del todo mal. Masas de consumidores atrapadas en una constante insuficiencia económica se convierten en un ejército de esclavos vigilados por sí mismos, cada uno sometido a la obsolescencia programada de sus bienes materiales y de su propio ser en cuanto que fuerza de trabajo, frente al agobio y la incertidumbre del endeudamiento y del empleo precario.

Una de las muchas manifestaciones de este cambio de filosofía que se manifiesta en nuestro campo de trabajo tiene que ver con la tan traída y llevada subsidiariedad y con el triunfo del paradigma de la privatización. Se parte del principio de la insuficiencia de la Administración para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Que esta afirmación sea cierta, o no, casi carece de importancia. Se supone que el consumidor, naufrago en un mar de publicidad, llega fácilmente a la conclusión de que en su relación económica con el erario público (impuestos pagados-servicios recibidos) pierde dinero en relación con otras posibilidades que el mercado oferta hoy en día.

Este ciudadano-consumidor tipo no estaría introduciendo en su análisis algunos elementos fundamentales para la comprensión del fenómeno, fundamentales pero algo “filosóficos”.

En primer término el hecho de que sea ahora, precisamente ahora y en buena medida merced al desarrollo alcanzado a remolque de un poderoso sector público durante la segunda mitad del siglo XX, cuando puede siquiera plantearse la provisión mas o menos segura de tales servicios y bienes públicos a través de los agentes que operan en el mercado. Que exista, por ejemplo, una multiplicidad de cadenas emisoras de radiotelevisión o telefónicas es, sencillamente, fruto del abaratamiento de una tecnología, del mismo modo que el hecho de que hoy en día estén al alcance de las clases medias fórmulas de ahorro-pensión privada es consecuencia de la evolución demográfica, de la generalización del empleo, de la igualación de los niveles de renta, de la técnica actuarial, de la apertura de los mercados financieros, etc. No se trata de una patología del sistema público de pensiones, como a veces se quiere dar la impresión.

El segundo elemento clave es la solidaridad. Lo que da sentido a la convivencia política es la solidaridad entre las personas que se cobijan bajo un mismo estado. Si antaño se trataba de buscar una posibilidad de supervivencia frente a un mundo natural hostil, hobbesiano y terrorífico es evidente que desde hace mucho tiempo lo que legitima la moderna polis no son sus sólidos muros sino la capacidad de maximizar mediante un sistema de reglas (el derecho) las expectativas de felicidad de los ciudadanos. Alcanzar la máxima felicidad posible para el mayor número posible de personas, cediendo algo los que tienen más para aquellas que tienen menos, a cambio, naturalmente de que éstas se sometan pacíficamente al juego. ¿Cuál es, en cada momento, la justa medida de esa solidaridad y de esa paz social que constituye su reverso? ¿Cuáles son los límites a la solidaridad? ¿Cuánto es el desorden social tolerable?… ¡He ahí la gran cuestión! Ése es el objetivo de la política, el ejercicio del monopolio de la violencia legítima y la redistribución.

El intercambio solidaridad-violencia no es unívoco. La sociedad dispone de distintos ingredientes y cada persona y cada grupo intentarán promover la receta más satisfactoria para sus intereses.

Así, por ejemplo, un mercado que genere múltiples posibilidades de enriquecimiento individual (abierto) podrá, tal vez, necesitar en menor medida practicar una solidaridad económica intensa pues, se dirá, las políticas de solidaridad drenan los recursos de la parte mas productiva de la sociedad para gastarlos en la menos productiva lo que puede, incluso, desincentivar su ansia de superación y enriquecimiento personal…la solidaridad no es “eficiente”.

¿Es esto así…? ¿Siempre? ¿En qué medida influyen otros factores personales, educativos, sociales, etc.?… Es una eterna discusión.

Desde otra perspectiva, no cabe duda de que un grado razonable de orden público y seguridad es función de una adecuada igualdad económica, pero no sólo. Tal vez sea menos necesario transferir recursos de los ricos a los pobres, se puede plantear, si invertimos lo suficiente en mantener una coacción policial frente a ellos. En cualquier caso, la represión tampoco sale gratis, su eficacia no es segura y su acción termina siendo costosa en términos emocionales o morales, así que… ¿Cañones o mantequilla?

Otro de los mecanismos puestos en juego tiene que ver con la manipulación de las conciencias. Los umbrales de necesidad económica o de represión jurídico-política que la gente es capaz de soportar en cada momento tienen mucho que ver con el grado de penetración social de unas u otras ideas (filosóficas, religiosas, políticas, etc.)

Las convicciones personales, la ideologías, las diferentes culturas políticas, etc. todo ello coopera a hacer dinámico (inestable) el funcionamiento del estado político y a provocar cambios en la proporción solidaridad-represión en cada momento y lugar.

Resulta, pues, que, finalmente, las cuestiones filosóficas no son tan prescindibles como podía parecer. El Estado obtiene su legitimación por una diversidad de fuentes y, si bien es cierto que una de ellas, principalísima, es la provisión de determinados bienes y servicios públicos de modo eficiente, no es la única. El catálogo de los que consideramos responsabilidad de los poderes públicos varía constantemente y no sólo lo hace bajo la evidencia de un desarrollo tecnológico que termina con los últimos vestigios de los “monopolios naturales” sino mediante la evolución de las ideas (filosóficas y políticas) respecto de qué es lo que los ciudadanos pueden esperar de la oferta pública. ¿Alguien dudaría ya de que frente a las situaciones de dependencia fruto del alargamiento de la esperanza de vida, por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a esperar una intensa acción administrativa que alcance mucho más que el aseguramiento económico que ofrecen las pensiones del sistema de Seguridad Social?

Cobran, también, especial importancia en la medida misma en que la provisión de los bienes y servicios públicos se desformaliza y se desarrollan e implantan múltiples modelos de gestión, los principios filosófico-políticos que tienen que ver con el cómo de dichas prestaciones. La igualdad, la no discriminación, la transparencia competitiva, la equidad (llegándose, incluso, a la “acción remotriz”) frente a obstáculos extrajurídicos que impidan o dificulten la igualdad efectiva y real, etc.

Todas estas cuestiones, aparentemente secundarias frente al arrasador influjo de la técnica, son, sin embargo, importantísimas y no deben ser obviadas ni siquiera en aras de la eficiencia.

En la ecuación de la felicidad política no entran, pues, solo los impuestos pagados y los servicios recibidos. Los ciudadanos valoran muchos otros componentes intangibles, filosóficos, políticos, sociales, culturales, etc. que los gestores harían muy mal en desdeñar. Es posible que el ciudadano-consumidor moderno no se sienta concernido en gran medida por un aparato político –institucional obsoleto y oscuro, pero se está formando un ciudadano informado globalmente, bastante libre en sus decisiones personales y que valora cada día más factores sobre el qué y sobre el cómo de su relación con todas las instancias suministradoras de bienes y servicios, sean públicas o privadas. Cuando busca precio, busca precio…pero, a veces, busca otras cosas, sobre todo en aquellas fuentes que incorporan a lo que hacen un valor simbólico, como ocurre con el Estado y no, pongamos por caso, con El Corte Inglés.

Foto: Los Arrudos, en Caleao (Caso-Asturias)