La audiencia de cuentas de Canarias ha hecho público un par de informes que por su carácter estratégico merecen una reseña en la bitácora. Por una parte el informe de fiscalización de los planes estratégicos de subvenciones elaborados por los diferentes departamentos del Gobierno de Canarias en vigor en el ejercicio 2022 y su seguimiento. Asimismo, el informe de prevención de la corrupción relativo al ejercicio 2022 y titulado Programar la Contratación: una mejora pendiente en todas las administraciones públicas Canarias. Se trata de dos trabajos con una esencia común: Son herramientas de planificación preceptivas en dos vertientes de las Administraciones y con gran repercusión sobre los interesados.

Plan de subvenciones

De acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, la Audiencia de Cuentas concluye que los Departamentos de la Administración autonómica se han ajustado con carácter general a la normativa de aplicación. Todos los departamentos disponían en el año 2022 de Plan estratégico de subvenciones que se ajustan formalmente en su procedimiento de elaboración y aprobación por los órganos competentes y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 36/2009. Un proceso generalmente interno, sin que en su confección participen entidades públicas o privadas.

Los planes estratégicos no se confeccionan como elementos de planificación sino como un documento en el que se recogen las líneas de subvención a conceder en el ejercicio. Sin embargo, el informe observa una ausencia en el seguimiento y evaluación, tanto en tiempo como en contenido.

Las modificaciones llevadas a cabo se fundamentan esencialmente en la adaptación de los PES a las consignaciones presupuestarias y no al grado de eficacia y eficiencia de los recursos públicos empleados.

Los PES recogen la totalidad de los programas presupuestarios con consignación presupuestaria en los capítulos IV y VII, excepto en los 2 departamentos especificados.

Existen casos en los que no se observa una coherencia entre los objetivos presupuestarios, los objetivos de la actividad de fomento y el ODS vinculado.

Por último, los auditores observan que algunos de los indicadores que se incorporan no permiten medir el efectivo cumplimiento de los objetivos a conseguir, dificultando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos.

En este sentido, recomienda:

Al Gobierno: establecer medidas para que en el proceso de elaboración de los PES se dé participación a los sectores afectados. Asimismo, modificar la normativa de subvenciones estableciendo la obligación de publicar en la BDNSS los PES y sus modificaciones. También incorporar en la normativa autonómica, al igual que se establece en la normativa estatal, la obligación de la IGCAC de emitir informe sobre los resultados derivados de la aplicación de los PES.

A los Órganos Gestores de los PES: Dejar constancia en los mismos de la relación entre la actividad subvencional y las políticas públicas a cuya consecución se dirige la acción de fomento. Asimismo, establecer indicadores precisos que permitan realizar un adecuado seguimiento de los objetivos establecidos en los PES, así como realizar un oportuno análisis de las desviaciones producidas, con el objeto de permitir la evaluación constante de las mismas.

Programa de contratos

De las conclusiones y recomendaciones en la programación de la contratación destacamos que el cumplimiento de la obligación de programación de la contratación pública es todavía muy bajo, situándose en un entorno del 7% de los perfiles de contratación de las entidades

La Audiencia de Cuentas de Canarias recuerda que la programación contractual forma parte de los procesos de planificación y como tal ha de formularse con anterioridad al ejercicio al que deba tener efecto. Sólo 6 entidades autonómicas y una local aprueban la programación de la contratación antes del inicio del ejercicio en que deben ejecutarse. Además, el contenido de las programaciones publicadas no refleja el contenido previsto en el artículo 134 de la LCSP en ninguna de las Administraciones Públicas Canarias.

Como era de esperar, el procedimiento más utilizado para la contratación en todas las Administraciones públicas canarias es el de contrato menor.

Los auditores reconocen que no existe coincidencia entre ciclos contractuales y presupuestarios en el capítulo VI. La situación de baja ejecución de este capítulo en las Administraciones Públicas Canarias puede verse mejorada a través de una correcta programación contractual.

Por todo ello recomienda a todas las Administraciones públicas canarias que incluyan la programación en sus respectivos perfiles de contratación, no obligando a las entidades privadas a conocer los sistemas organizativos de las administraciones públicas. Se sugiere a estos efectos publicar la programación contractual de las entidades agrupada y reflejarla también por órgano de contratación.

Ante las carencias de la legislación básica y el débil grado de cumplimiento de la obligación, el informe aconseja la adopción de una medida legal de ámbito general autonómico que especifique claramente esta obligación para todas las Administraciones Públicas Canarias y que además contenga las previsiones sobre:

1. La obligación de programar toda la actividad contractual de los órganos de contratación y con carácter previo al inicio del ejercicio presupuestario.
2. La especificación de los datos que deben contener las programaciones con carácter mínimo que cubra tanto los requerimientos de la LCSP como los generales de planificación y transparencia con un único formato.
3. La necesidad de dar publicidad a la programación contractual a través de los órganos de contratación en la PCSP y de las entidades en las webs en materia de transparencia.
4. Sería conveniente incluir nuevos datos que coadyuven a un mayor autocontrol de la entidad y a una correcta dación de cuentas a través de hacer pública la ejecución de la programación de la contratación por los mismos medios, así como la evaluación, en su caso, de las circunstancias que han impedido su correcta ejecución.