Hoy traemos a la bitácora unas aportaciones de Carlos Miguel Gómez Márquez, que es un miembro muy activo de la Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas  y es funcionario en la Auditoría Superior de la Federación de México. En ellas, que bien podríamos titular «lecciones de nuestros primos brasileños» se presenta la experiencia del TCu de la Uniao, con un enfoque de riesgos innovador y comprensible por el ciudadano, así como unas conclusiones perfectamente trasladables a nuestro país.

EL CASO DEL MAPA DE RIESGOS DEL TCU (Brasil) 

En noviembre de 2018, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil presentó el Mapa de Exposición al Riesgo de Fraude y Corrupción en la Administración Pública, el cual fue el producto de una auditoría operativa practicada por el tribunal para evaluar si los controles preventivos y detectivos del fraude y la corrupción, establecidos por parte de los órganos e instituciones del Poder Ejecutivo Federal, eran compatibles con sus poderes económicos y de regulación, con el propósito de proponer mejoras en prácticas específicas, a fin de eliminar o mitigar causas sistémicas.

Como parte de la auditoría, se construyeron metodologías de cálculo, así como información consolidada sobre la implementación de los controles, tomando como base las 5 vertientes siguientes: a) Gestión de la Ética y Programa de Integridad; b) Transparencia y Rendición de Cuentas; c) Gobernanza y Auditoría Interna; d) Gestión de Riesgos y Controles Internos, y e) Designación de Dirigentes.

La medición sobre el grado de implementación de los controles se determinó a partir del Índice Integrado de Gobernanza y Gestión (IGG), el cual tuvo como insumo la aplicación de cuestionarios auto-evaluativos.

Los datos recolectados posibilitaron la construcción de mapa de riesgo, que está dividido en cuatro áreas, identificadas por los colores siguientes: verde (baja exposición al riesgo de fraude y corrupción), amarillo (media exposición), naranja (alta exposición) y rojo (altísima exposición). La ubicación de determinado órgano o institución en una franja de color permite analizar su grado de exposición al fraude y corrupción, así como evaluar qué tipo de controles necesitan mejoras.

El link para acceder al mapa de riesgos se presenta a continuación:

https://meapffc.apps.tcu.gov.br/

Como resultado de la auditoría operacional, se detectaron como hallazgos principales:

• La ausencia de criterios objetivos para ocupar los cargos y las funciones encomendadas aumenta la exposición de las instituciones federales al riesgo de fraude y corrupción, ya que no se tienen exigencias previstas específicas sobre estándares éticos y de integridad a los ocupantes de las plazas, como forma de prevenir la ocurrencia de actos lesivos.
• Las instituciones poseedoras de los mayores poderes económicos y de regulación declararon que la Gestión de la Ética y del Programa de Integridad son incipientes y, además, no hay una adopción sistemática de la gestión de riesgos relacionada con la prevención de casos de fraude y corrupción, ni de controles específicos para contener estas problemáticas.

El link para acceder al resumen de esta auditoría operacional del TCU es el siguiente:

https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/auditoria-do-tcu-mapeia-exposicao-a-fraude-e-corrupcao-na-administracao-publica-e-sugere-melhorias.htm

El ejercicio de mapas de riesgo antes expuesto podría ser adoptado, como una mejor práctica, por los Órganos de Control Externo Autonómicos de España (OCEX), con la finalidad de identificar, en primer lugar, aquéllas áreas de la administración pública de las comunidades autónomas especialmente proclives al fraude y la corrupción, para, posteriormente, elaborar programas anuales de fiscalización focalizados y dirigidos hacia dichas áreas, lo que repercutiría en la práctica de auditorías con alta incidencia en la mejora gubernamental.

Esto cobra especial relevancia en el marco de la “XII edición de los Encuentros Técnicos de los OCEx”, evento organizado por la ASOCEX en 2017, ya que en este foro se concluyó que, actualmente, la corrupción y el fraude son unas de las principales preocupaciones de la población española, por lo que algunos parlamentos han querido dotar a sus OCEX de nuevas competencias en materia de corrupción, lo cual representa un nuevo reto para estos órganos.

Lo anterior, debido a que la asunción de nuevas competencias por los OCEX tiene que ir acompañada de más recursos humanos y técnicos, así como de formación específica. Además, los parlamentos autonómicos tienen que implicarse en el cumplimiento de las recomendaciones para mitigar la corrupción.