José Amengual Antich, Vice-Interventor General de la Comunidad Autónoma de Baleares, en el artículo premiado por la revista Auditoría Pública, califica como “espectacular” el número de nuestros Entes Instrumentales, la mitad de los cuales se rige por el derecho privado.

Es aventurado generalizar una crítica fácil sobre el número de esas entidades. Sin embargo, asistimos estos días a un debate sobre los ahorros que se obtendrían con fusiones que permitan su gestión más eficiente. Vuelve a hablarse de reducir la «Administración paralela» del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales. Es el particular Big Bang del tejido empresarial público, el péndulo que mueve siempre la política patria.

Veamos cual es el estado de la cuestión en algunas Administraciones y la calidad de sus controles.

Administración del Estado

De acuerdo con el informe anual-2008 de la IGAE, había 477 entidades que conformaban el sector público estatal a 31-12-2007. De ellas, se auditaron 388 en los planes anuales de auditoría pública en el ejercicio 2008. Se trataba de 126 entidades pertenecientes al sector público administrativo, cuya auditoría realiza en su totalidad la IGAE, 224 entidades pertenecientes al sector público empresarial, auditadas mayoritariamente por firmas privadas, ya que en su mayor parte son sociedades mercantiles estatales sujetas a las disposiciones de la normativa mercantil y 38 fundaciones del sector público fundacional, cuyas cuentas audita mayoritariamente la IGAE.

En los últimos años hemos presenciado un importante crecimiento de las empresas y fundaciones públicas en CCAA y Entidades Locales. Los últimos informes de auditoría de los órganos de control externo, lo confirman. Veamos algunos.

Navarra

En la Comunidad Foral, de acuerdo con el informe de la Cámara de Comptos sobre a Cuenta General-2008, existían 39 sociedades controladas de forma mayoritaria por el Gobierno. Todas las empresas están auditadas, siendo la opinión favorable en 25 de ellas y presentando salvedades otras 10. La deuda de las empresas públicas asciende a 162 millones.

Durante los últimos años, Comptos ha venido pidiendo la reordenación de los Entes Instrumentales. En concreto en el informe correspondiente al ejercicio 2008, antes citado, recomienda (pág. 4):

Avanzar en el proceso iniciado con la aprobación de la Ley Foral de creación de la Sociedad Corporación Pública Empresarial de Navarra en la racionalización del sector público empresarial, considerando los principios de eficiencia, economía y eficacia en la prestación de servicios por las empresas públicas.

Andalucía

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2008, la Comunidad contaba con los siguientes Entes Instrumentales.

Organismos autónomos y agencias.- El volumen de fondos gestionados por los OOAA y agencias de la Junta de Andalucía durante el año 2008 ascendió a 11.324 millones de euros (suma de obligaciones reconocidas por todos OOAA y agencias), lo que supone un incremento respecto al ejercicio 2007 de un 17,5%.

Entidades empresariales públicas.- El sector público empresarial de la Junta de Andalucía, a 31 de diciembre de 2008, lo conformaban 172 entidades empresariales (26 más que en el ejercicio anterior), que percibieron 3.835 millones de euros, con un aumento del 21,5% respecto a 2007. La plantilla media total fue de 21.310 trabajadores.

Fundaciones públicas.- En la Cuenta General andaluza se recogen 21 fundaciones, con plantilla media total de 4.670 empleados.

Islas Baleares

De acuerdo con el último informe de la Sindicatura de Islas Baleares, el conjunto de entidades dependientes de la Administración general, está formado por:

• 16 entes de derecho público (todos con salvedades-cuadro pág. 65)
• 11 sociedades mercantiles con participación mayoritaria (10 con salvedades- cuadro pág 66)
• 13 sociedades mercantiles con participación igual o inferior al 50%
• 13 fundaciones dependientes (4 favorables, 8 con salvedades y una denegada, cuadro pág. 69)
• 15 consorcios dependientes (2 no rindieron)
• 84 consorcios para infraestructuras y servicios (14 no rindieron

Comunidad valenciana

Las 37 fundaciones de la Generalitat valenciana presentaron, durante el ejercicio 2008, salvedades de diverso alcance (Informe, pág. 40). Sus 53 sociedades mercantiles públicas, según el informe de la Sindicatura (cuadro página 32) tenían opinión de auditoría mayoritariamente con salvedades (44 informes con salvedades, 8 sin salvedades y una sin auditoría).

No magnifiquemos las salvedades, por lo general relacionadas con incertidumbres o la ambigüedad de los criterios contables. Por eso, cada vez se depura la normativa aplicable. Veamos un ejemplo de ayer mismo.

Regulación de los aspectos contables de las empresas públicas

La importancia de las sociedades mercantiles de titularidad pública es tal que exige adaptar muchos de los criterios contables privados. El BOE de ayer publicaba la Orden EHA/733/2010 por la que se aprueban las normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas, en el marco del nuevo Plan General de Contabilidad, para regular el deterioro del inmovilizado material cuando operan condicionadas por circunstancias que les impiden generar flujos de efectivo.

Las entidades que integran el sector público empresarial, Estatal, Autonómico y Local deben aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad de la empresa española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121.3 de la Ley 47/2003, de 26 de diciembre, General Presupuestaria, en el artículo 200.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en las respectivas normas que regulan esta materia en el ámbito autonómico.

La elaboración de unas normas contables específicas para determinadas empresas públicas viene motivada por las especiales características de algunas entidades que forman parte del sector público empresarial, sometidas a la obligación de elaborar sus cuentas anuales de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, y por la propia necesidad de aclarar determinados conceptos del nuevo Plan que afectan de forma significativa a estas entidades.

En este sentido, si bien estos sujetos contables no han requerido aclaraciones adicionales a las suscitadas por las restantes empresas a la hora de formular sus cuentas anuales con los nuevos criterios del Plan General de Contabilidad, no es menos cierto que la aplicación práctica de las reglas del deterioro a determinados activos de ciertas empresas públicas se ha revelado como una cuestión especialmente problemática por no ajustarse, en muchos casos, a las especiales características de los activos en cuestión.

En particular, quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de la norma las entidades especialmente creadas para la construcción y/o gestión de infraestructuras y otros activos destinados a la prestación de servicios públicos sin ánimo de lucro. Al objeto de precisar este supuesto de especial relevancia, en la norma primera se introducen las definiciones de infraestructura y servicio público.