De acuerdo con el calendario de efemérides de la ONU, mañana se celebra en todo el mundo el Día internacional de la lucha contra la corrupción, con la finalidad de aumentar la sensibilización ciudadana sobre el asunto, así como del papel que puede desempeñar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla y prevenirla. Así lo dice ese tratado en su Preambulo:

Para las Naciones Unidas, esta Convención es la culminación de una labor que se inició hace muchos años, cuando la palabra “corrupción” apenas se pronunciaba en los círculos oficiales. Fue necesario hacer esfuerzos sistemáticos —primero de carácter técnico y luego, gradualmente, político— para llevar la lucha contra la corrupción a la agenda mundial.

Análisis técnico

La corrupción puede verse como un mercado donde un comprador privado ofrece un precio (soborno) a un vendedor (funcionario o autoridad pública). Ambos se comportan de manera racional buscando maximizar su beneficio en un punto de equilibrio, que tenga en cuenta todos los factores en juego. Puede hablarse de un comportamiento corrupto óptimo y la ciencia económica ha construido toda una rama dedicada a su estudio: la economía de la corrupción.

A principios de esta década, asistí a los cursos que integraban el doctorado sobre Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, de la Universidad de Salamanca, hoy incluido en el Master en Buen Gobierno. Allí conviví durante varios meses con brillantes académicos de variadas áreas de conocimiento y con una veintena de prometedores doctorandos latinoamericanos.

Durante los primeros meses, el profesor Fernando Rodríguez nos explicó, entre complejas gráficas y fórmulas, la Teoría Económica de la Corrupción. Recuerdo que me resultaba muy extraño modelizar este fenómeno con una una distancia propia de asuntos menos apasionados. Hablábamos del funcionario corrupto o del punto de equilibrio estable que maximiza el soborno, con una naturalidad científica pasmosa, cual si fuese termodinámica.

De sus apuntes, que he recuperado estos días de tanto escándalo, quiero recordar la modelización económica de este tipo de comportamientos. Una primera conclusión es que, con carácter general puede decirse que el funcionario no tendrá incentivos para llevar a cabo el comportamiento corrupto cuando el coste marginal supere la máxima disponibilidad a pagar por la mercancía considerada.

Por ejemplo: el coste marginal de cada acto corrupto puede ser expresado con la siguiente ecuación:

C* = Pe + Ci + S?

… al soborno Pe, que percibe el funcionario corrupto, hay que añadir la insatisfacción que produce el comportamiento corrupto por motivos éticos o morales, lo que incrementará el coste marginal en una cuantía que denotaremos Ci y que consideremos constante. Por otra parte, el efecto sancionador marginal se mide por la sanción S con probabilidad ? …

Desgraciadamente, debemos admitir que este tipo de análisis está asumido por el subconsciente de la ciudadanía. En la Latinoamérica, es habitual que la elección entre dos candidatos parezca una disyuntiva entre uno que «roba, pero hace» y otro que «es honrado, pero poco eficiente«. Es el homo económicus en estado puro. Si habla con un taxista sobre el asunto, no dude que le hará un planteamiento similar, de análisis coste -beneficio, sin haber estudiado a Samuelson.

Este enfoque económico de aspectos sociológicos o políticos me recuerdan otro, formalizado en los años 60, por Niskanen que elaboró todo un modelo de comportamiento burocrático, que hoy forma parte (no sin críticas) de cualquier programa de la asignatura Hacienda Pública. Niskanen partía de que la conducta del director de una agencia busca la maximización de su utilidad, según una función que depende de variables tales como el salario, las ventajas del puesto, la reputación pública, el poder, el output de la agencia y la facilidad para dirigir y hacer cambios en ella. Todas estas variables son funciones crecientes del presupuesto correspondiente. Así, el autor concluye que el burócrata busca la maximización del presupuesto.