Manuel Lagarón Comba. Tribunal de Cuentas de España

Un área bastante desconocida de nuestra profesión es la relativa a las misiones que desempeñan los auditores públicos españoles más allá de nuestras fronteras.

Tales misiones se llevan a cabo, tanto en el terreno del control de fondos públicos gestionados en el exterior, como en labores de asesoramiento y formación in situ de técnicos de otos países, así como en el intercambio institucional con entidades extranjeras similares; siendo muchos los especialistas del sector que están implicados frecuentemente en este tipo de tareas.

Pese a lo que pueda parecer, se trata de un ámbito extenso que ofrece a quienes deban desplazarse una buena oportunidad para ampliar sus expectativas profesionales. Esto puede hacerse por cuenta de los organismos nacionales de control correspondientes, o bien de los europeos y de los multinacionales que los sufraguen. En cualquier caso, es una buena manera de cambiar de trabajo sin cambiar de empleo, lo cual resulta enriquecedor.

En cuanto al control de fondos gestionados en el exterior, cabe señalar el que ejercen los que fiscalizan el buen uso de los recursos provenientes de las administraciones públicas de nuestro país y que son aplicados, por ejemplo, al presupuesto de legaciones diplomáticas españolas; o al de las organizaciones internacionales en las que España participa, entre otros.

Con relación a estas últimas, es habitual que, viéndose obligadas a pasar anualmente una auditoría de sus estados financieros, recurran al procedimiento más barato. Es decir, de forma rotatoria hacen un llamamiento a los Estados miembros para que designen a los funcionarios que consideren oportunos, quienes a menudo proceden de las entidades fiscalizadoras y auditoras respectivas.

Esta solución apenas les supone costes adicionales, pues las retribuciones son generalmente a cargo del órgano nacional cedente, asumiendo aquéllas tan solo los costes operacionales del tipo de alojamiento y dietas. De este modo, las organizaciones evitan la elevada factura que suelen cargar las grandes consultoras privadas, lo que les resultaría muy gravoso. Así se benefician de este sistema entidades como el CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear), con sede en Ginebra; o la Conferencia Europea de Biología Molecular, que financia el EMBO (Organización Europea de Biología Molecular), con sede en Heidelberg.

Por su parte, la OTAN dispone del IBAN (Colegio Internacional de Auditores), el cual está compuesto por seis miembros que proceden generalmente de oficinas nacionales de auditoría, y que para llevar a cabo su función utilizan el sistema de financiación antes citado, si bien el personal asistente lo hace con cargo al presupuesto de la propia organización transatlántica. Además, existe un grupo de agentes de enlace formado a menudo por auditores nacionales (uno por cada país miembro), y que acuden en representación de sus respectivas administraciones para supervisar cada año los informes emitidos por el IBAN.

También merece especial atención lo relativo a la asistencia a órganos de control de proyectos multinacionales de armamento, aviónica y aeronáutica. Este es el caso del avión de transporte militar A400M, programa bandera del consorcio que forman seis países europeos, entre los que se encuentra España, y que constituyen la OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento).

Algo similar es el Programa para el Sistema de Armamento del Eurofighter, que ha dado lugar al avión Eurofighter Typhoon, desarrollado por otro consorcio de destacadas empresas del sector aeroespacial de cuatro países europeos, y entre los que asimismo se encuentra nuestro país. Si bien aquí la agencia responsable del desarrollo conjunto y producción del avión es la NETMA, que por pertenecer a la OTAN, se convierte en objeto de control por parte del IBAN. No obstante, los Estados que desarrollan el proyecto tienen la facultad de enviar a sus propios funcionarios con vistas a la fiscalización del programa desde una perspectiva nacional.

La participación en el área militar puede igualmente llevarse a cabo interviniendo, por ejemplo, en el Colegio de Auditores de Athena, que es el mecanismo europeo de financiación de los gastos comunes de operaciones de la UE con implicaciones militares en países como Bosnia Herzegovina, Chad, Somalia, República Democrática del Congo y Sudán.

Por lo que se refiere al asesoramiento y formación in situ de técnicos, hacemos mención de los programas de hermanamiento suscritos con otros Estados comunitarios, a través de la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), con el fin de colaborar con terceros países en la puesta a punto para incorporarse a la UE. Esta figura se ha prodigado en los últimos años debido a los sucesivos procesos de ampliación que tuvieron lugar. Como quiera que la lucha contra el fraude es un objetivo europeo común, los expertos españoles han ejercido en ello un papel apreciable.

Lo mismo ocurrió en Hispanoamérica, ya que en este proceso interviene muy activamente la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo), que por medio del Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada financia en países del área proyectos relacionados con la modernización de los procedimientos de gestión de sus administraciones, entre los que se encuentran los referidos a sistemas de control fiscal.

En resumen, éstas son sólo algunas de las diversas oportunidades que las administraciones públicas españolas ofrecen a los “auditores sin fronteras”; profesionales a quienes une la inquietud por colaborar y descubrir otros espacios, y que entregan su capacidad de trabajo a cambio de una extraordinaria vivencia personal, aunque ello les obligue a superar la sensación de nostalgia que lleva implícito desarrollar su cometido en lugares a veces demasiado recónditos.