Bruno Ariel Rezzoagli, es un ejemplo del mundo académico globalizado. Argentino, profesor de la Universidad Católica de Santa Fe, de la Universidad Autónoma de Durango en México, doctor por la Universidad de Salamanca. Inquieto conferenciante e investigador sobre los aspectos jurídicos, económicos y políticos de la corrupción, nos envía una breve reflexión sobre el significado de la aprobación parlamentaria de las cuentas públicas.

APROBACIÓN LEGISLATIVA DE LA CUENTA DE INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
¿Se trata de aprobar o rechazar la gestión del Ejecutivo?

Dr. Bruno Ariel Rezzoagli
Profesor de Finanzas Públicas
Universidad Católica de Santa Fe
Becario Postdoctoral del CONICET

La cuenta de inversión refleja, en términos generales, la situación financiera (movimiento de fondos, disponibilidades para hacer frente a los compromisos asumidos) y económica (resultado del ejercicio: superávit o déficit) del Estado. Se trata, pues, de un documento contable, lo cual justifica que su elaboración y preparación esté a cargo de la Contaduría General de la Nación, órgano rector del sistema de contabilidad nacional.

Si al presupuesto lo conceptualizamos como el instrumento de previsión de ingresos y gastos públicos a recaudar y realizar, respectivamente, en un período futuro denominado ejercicio financiero; entonces podemos definir a la cuenta de inversión como el presupuesto ejecutado, o en otras palabras, como el estado contable que refleja los ingresos recaudados y gastos devengados al cierre del ejercicio que se trate. Muestra la ejecución de esos ingresos y gastos que oportunamente fueron previstos en el presupuesto.

Ahora bien, como todo documento contable, su fin último es proveer de información útil, oportuna y confiable. ¿A quienes? En primer término, a los legisladores, quienes representan al pueblo argentino y las distintas provincias en que se divide el territorio nacional. Recordemos que es el Congreso quien debe controlar políticamente al Ejecutivo. En segundo lugar, a los ciudadanos para que lleven a cabo el denominado control social sobre la gestión pública.

Atendiendo a ello, el Poder Ejecutivo a través del Jefe de Gabinete de Ministros remite al Poder Legislativo la Cuenta de Inversión para que éste proceda a su aprobación o rechazo, siguiendo el mismo procedimiento que la Constitución argentina establece para la elaboración y sanción de las leyes.

Llegados a este punto, conviene preguntarnos ¿En qué consiste esa aprobación o rechazo? ¿Se trata de aprobar o rechazar la gestión del Ejecutivo? ¿Consiste en legitimar la actuación gubernamental y administrativa? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de una u otra posibilidad?

No obstante, para que esa información contribuya a la toma de decisiones por parte de sus destinatarios, es imprescindible que la misma sea verdadera, es decir, que refleje la realidad financiera del sector público. Es por ello, que lo primero que hace el Congreso de la Nación es remitir, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la Cuenta de Inversión a la Auditoría General de la Nación (AGN) –en virtud del artículo 85 de la Constitución Nacional- para que ésta la analice y emita opinión.

Sólo después de haber recibido el informe de la AGN, la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas produce el dictamen, que es elevado a ambas Cámaras para la aprobación o rechazo de la Cuenta.

Es decir, se procede en forma similar que en cualquier organización empresarial privada, donde los contadores de la empresa, además de llevar permanentemente registros de las operaciones que se van realizando, elaboran al cierre de cada ejercicio financiero los denominados estados contables; para brindar información útil a los distintos usuarios o receptores de la misma. Sin embargo, para cerciorarse que dichos datos son verosímiles y cuando así lo disponga la normativa vigente, se exige que dichos estados contables estén debidamente auditados por profesionales externos e independientes.

Efectivamente, en el ámbito público la Contaduría elabora la información (Cuenta de Inversión), y la Auditoría General de la Nación (órgano de control externo), audita.

Los procedimientos más relevantes, entre otros, que aplica la Auditoría General de la Nación para la revisión de la Cuenta implican: realizar pruebas globales sobre resultados de la ejecución presupuestaria; así como evaluar si existen diferencias entre el mensaje de elevación del presupuesto, con el crédito inicial, el crédito vigente y la ejecución del gasto, con el objeto de determinar las principales razones de las diferencias, en caso de existir .

Por lo tanto, consideramos que la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión tiene que ver con el hecho de si la misma refleja o no la realidad económico-financiera del sector público, más allá de si tal situación es buena o comprometida. Es decir, aprobar la cuenta de inversión no significa bajo ningún punto de vista aprobar la gestión pública llevada a cabo por el Poder Ejecutivo y eximir de responsabilidad a sus responsables. Tampoco su rechazo debe interpretarse como una reprobación de la gestión administrativa e implicar responsabilidades a los gestores.

Por el contrario, creemos que la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión se relaciona con defectos (omisiones, errores, vulneración de la normativa contable) observados en la contabilidad nacional que imposibiliten tener una visión auténtica de la situación global del Estado.

Concluimos, pues, que la aprobación de la Cuenta de Inversión no implica la inexistencia de irregularidades, ni perjudica la iniciación ni la prosecución de los procedimientos dirigidos a hacer efectivas las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta aprobada, ni al cumplimiento de las decisiones que de las mismas se originen.