La lucha contra el fraude y la corrupción siempre han tenido un lugar prioritario en esta bitácora, desde cualquier perspectiva. Aun recuerdo cuando, en 2008, se constituyó la institución antifraude en Cataluña. Años después asistimos estupefactos a la lectura en el boletín oficial de la inesperada generalización de los Planes. Hoy es raro el mes que no conozcamos alguna auditoría relacionada directa o indirectamente con los fondos de Nueva Generación y se han generalizado las auditorías para verificar (aquí la última) si las entidades ejecutoras de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) han dispuesto de los planes de medidas antifraude (PMA). La problemática específica de las universidades -que fueron de las primeras instituciones en sumarse a esa cultura de prevención– fue ya debatida a los pocos meses de su exigencia, con las primeras reuniones para poner en común las líneas de trabajo y las muchas dudas que suscitaban.
Entre los variados aspectos a considerar destaca la formación de los empleados públicos en la prevención del fraude. Con independencia de encontrarnos ante una formación lógica para quien maneja fondos públicos, se trata de una obligación autoimpuesta por los planes de las Entidades beneficiarias. Por eso, el viernes pasado participé en la habitual jornada del Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca (USAL), de formación para jefes de servicio y responsables económicos en prevención del fraude y los conflictos de interés. Al final hubo tanta demanda que se amplió hasta el centenar el número de asistentes.
Éramos ponentes tres doctores por esa venerable Institución académica, que además contamos con antiguos compañeros en su gerencia. El magistrado Chaves, trabajó allí casi dos lustros de los años 90 (la parte itinerante fue glosada en Vivo y coleando con el peculiar sentido de humor que caracteriza sus recientes crónicas viajeras) y se esforzó con una brillante ponencia sobre los conflictos de interés en la función pública. Julio García, Director de la Unidad de Control Interno de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y Coordinador Profesional de su prestigiado Máster en Auditoría del Sector Público, desarrolló un innovador taller de Autoevaluación de Riesgo de Fraude por áreas.
Yo hablé también a mis antiguos compañeros -trabajé allí el primer lustro de este siglo- sobre Banderas rojas y conflictos de interés. Un tema que lleva años preocupándonos y han tenido siempre presencia en esta bitácora. Se trata de un primer escalón de los elementos del fraude donde los estudiosos del derecho administrativo, como Conchi Campos suelen divulgar periódicamente las resoluciones de los Tribunales de Recursos Contractuales, así como la esencia de esos conflictos de interés. Es cierto que la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse en este terreno. Hace años que los algoritmos pueden alertar de incidencia en contratación basada en datos. Sin embargo, no debemos obviar el viejo sentido común para detectar los conflictos de interés.
Comentamos en la jornada dos resoluciones del TACRC.
Las Uniones Temporales de Empresas (UTE’s) cuando presentan un notorio desequilibrio entre las partes integrantes (así, una multinacional con una empresita local) están viéndose ya como una bandera roja, pues la agregación nació como complemento técnico no como aportación del abrelatas. El tema no es pacífico y me ha generado más de una discusión. El caso de la licitación de los túneles de Belate ha sido todo un ejemplo palmario del que deberíamos sacar muchas conclusiones.
En nuestra ponencia analizamos una licitación de una Autoridad Portuaria, donde se recurría un posible conflicto de interés en una UTE que sumaba una big four junto a una sociedad local de quien fuera Directora General del Puerto desde 2018 hasta de 2021, “por lo que presidió en aquél periodo mesas de contratación de las que formaban parte miembros de la Comisión técnica que ha valorado las ofertas en el procedimiento que ahora se impugna”.
Como norma especial el artículo 64 de la LCSP recuerda que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses:
“ A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación”.
En este caso “no queda acreditado (…pues …) de esta circunstancia no puede concluirse automáticamente la existencia de ningún conflicto de interés”. No obstante, lo anula ante el “evidente incumplimiento de los parámetros mínimos de motivación del informe técnico de valoración de los criterios de adjudicación sometidos a juicios de valor”. Vale, sé leer entre líneas.
Otra interesante resolución se refería a la reclamación que se fundamenta en que el firmante del informe técnico por el que puntúa los criterios sometidos a juicios de valor había prestado servicios dentro de los últimos dos años, como director de proyectos en una de las integrantes de la UTE que optaba a un contrato. Aportaba para acreditar este extremo una foto de pantalla de la red social LindkedIn.
Concluye el TACRC que “ha existido un conflicto de interés que no solo puede parecer, sino que suscita dudas, objetivamente justificadas, en cuanto a que la imparcialidad y la independencia del proceso de licitación se haya visto comprometida. La situación expuesta no ofrece garantías suficientes para excluir cualquier duda sobre el cumplimiento de los principios de objetividad, igualdad de trato y no discriminación que deben rigen la licitación, por lo que vicia sustancialmente el procedimiento al crear una percepción de parcialidad”. La consecuencia necesaria de ello es la anulación de la adjudicación.
Era importante dejar algunos mensajes al funcionario responsable. Quiero destacar en el final (de mi ponencia y de esta entrada) como homenaje a la cuasianónima responsable de contratación, que hemos descubierto en la prensa tras los informes de la Guardia Civil para los sumarios judiciales de las mascarillas. Esta empleada -fallecida- ante las prisas para que formalizase los trámites de su compra por emergencia, respondió exponiéndole algunas dudas que debía resolver sobre la viabilidad del expediente: «A mí me da igual de dónde venga, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos«. Hay que grabar en mármol esta frase y ponerla visible en el escritorio (físico o virtual) porque resume muy bien la labor del servidor público.
Como afirma Ricardo Rivero Ortega, catedrático y exrector salamantino, en su penúltimo libro, “La obligación. Concepto y régimen jurídico de los deberes públicos” (¡en descarga libre!) publicado en BOE, 2025(Entrañable su dedicatoria “A José Ramón Chaves y Antonio Arias, hermanos en el deber“) donde aborda el caso del estatuto de las autoridades y los empleados públicos, quienes también aceptan al tomar posesión de sus cargos/puestos una serie de condiciones que comportan también deberes y obligaciones. así, el artículo 52 del Estatuto del empleado público está dedicado a los deberes de los empleados públicos y su Código de conducta:
«Contrasta esta escueta regulación con la muy prolija y extensa dedicada a los derechos, en tantos artículos. Los deberes previstos en la norma citada se agotan e el desempeño diligente de sus tareas, respetando la legalidad, toda una serie de principios ciertos principios éticos que en realidad deberían ser definidos como auténticas obligaciones”.
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