El diario Expansión nos avanza hoy la previsible multa que el Reino de España tendrá por haber declarado un déficit inferior al real. Año tras año, la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana había ido informando del importe de los gastos sin partida presupuestaria, fundamentalmente de la sanidad. Una práctica que parece no tener fin y que no importaba a nadie durante cuando éramos ricos. Decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y a esto se referían. Gastar lo que no se tiene y eludir el debate de fondo de la financiación de los servicios esenciales, enmascarando los resultados como producto de una gestión impecable, a pesar de que ya titulamos las cuentas de 2009 en esta bitácora como «finanzas al limite«.
Tal como indica el diario Levante, la sanción se debatirá hoy en la reunión del colegio de comisarios y se aprobará el viernes en el Ecofin, pero el ministro de Economía ya ha advertido de que será la Generalitat quien pague la multa de 19 millones de euros.
El plazo para resolver acaba el 11 de mayo pero la prensa avanza que esta práctica «incurrió como mínimo en negligencia grave a propósito de la ausencia de registro de gastos sanitarios e incumplimento del principio del devengo en la contabilidad nacional durante muchos años». En fin, como suele ocurrir, ahora todos señalan al Interventor General de la Comunidad como culpable, lo que nos trae -además de sonrojo- el recuerdo de la película Casablanca: “Es un escándalo. He descubierto que aquí se juega! … Sus ganancias, Señor.”
La Sindicatura de la Comunidad valenciana se ha destacado siempre por denunciar estas prácticas (en el ámbito municipal también como podéis ver aquí y asimismo aquí) lo que imagino no sentaba muy bien en los gobiernos respectivos y el grupo parlamentario que los sostenía. No es un problema contable, como de manera magistral presentó hace unos meses Teresa Moreo.
En Cataluña, la Sindicatura puso sobre la mesa, ya hace años, miles de millones de euros de gastos con cargo a ejercicios futuros. En el reciente informe 32/2014 sobre el endeudamiento, apuntaba 42.791 millones de euros al cierre del ejercicio 2012, a lo que habría que añadir otra calderilla de enfiteusis y confirmins, como puede verse en el cuadro:
La contabilidad nacional de España ya había sido cuestionada, en 2012 aunque nada comparable con los errores de las finanzas irlandesas o alemanas que mejoraron sus cifras por haber duplicado partidas de endeudamiento. Sin embargo, el incumplimiento levantino pone sobre la mesa un hecho incuestionable: la insostenibiliad de muchas finanzas autonómicas, si no mejora la financiación por parte del Estado.
Así, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como institución para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas considera alerta de la muy probable incumplimiento de la senda de consolidación fiscal prevista para alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario fijado para el 2018. En la Seguridad Social, con toda probabilidad y en las Comunidades Autónomas tampoco, ante el riesgo de unos déficits que registrarán algunas de ellas sin compensación por el superávit del resto. Para conseguirlo exige la aplicación estricta de la regla de gasto, pero también llama la atención al Estado para que revise la financiación autonómica con la finalidad de que “se adecúen los recursos a las responsabilidades de prestación de bienes y servicios públicos establecidos para cada uno de acuerdo con el reparto competencial vigente”. De lo contrario, seguiremos con las viejas soluciones, a la española, dejando que el problema siga engordando con el paso del tiempo.
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